Con la firma de Federico Güerri, responsable subrogante del Juzgado Comercial N°29, a fines de octubre se decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), la empresa que producía los postres, yogures y flanes con marca SanCor.
El proceso que desembocó en este final se arrastra desde hace años muy complejos, incluso desde la misma constitución de la compañía. En su origen intervinieron fondos como BAF Capital, ligados a la empresa Vicentin, y más tarde llegaron los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, quienes ya controlaban La Suipachense a través de Maralac S.A.. Su desaparición en los últimos meses precipitó esta situación que afecta especialmente a unos 400 trabajadores. El sufrimiento de esa gente es, sin duda, la deuda más impagable.
Fueron años de incumplimientos, pero el mayor engaño ocurrió a partir de mayo pasado. En ese momento, desde la empresa se hizo la última promesa de reactivación: se anunció que se paralizaban las actividades para “reordenarse”. Sin embargo, el trabajo jamás se retomó ni se cumplieron las obligaciones, y así se terminó de desencadenar este desenlace.
Fue también entonces cuando se intentó una operación que este medio decidió eludir, al conocer los manejos e intenciones que había detrás.
Durante todo este tiempo se sucedieron pagos de salarios parciales, salteados, en cuotas y demorados. En los últimos meses, incluso, se abonaba apenas el 25% del sueldo en negro, con jornadas completas de trabajo. A ello se suman tres años y medio sin aportes a la obra social, lo que puso en riesgo la salud de las personas, aunque desde el sindicato jamás se interrumpieron las prestaciones.
Unas 180 personas trabajaban en la planta de Arenaza y unas 200 en la planta y centro de distribución de Córdoba. Todos ellos fueron víctimas de años de desidia: muchos, cansados, se consideraron despedidos; otros siguieron dando pelea y reclamando, haciendo “changas” para sobrevivir y recibiendo ayuda alimentaria de Atilra, estirando una agonía que hoy tiene final.
Para algunos, “esta fue una quiebra fraudulenta”. Son quienes siguieron el caso de cerca y aseguran que el concurso de acreedores nunca se presentó de manera integral ni formal. De hecho, desde Bichos de Campo fue difícil conseguir la documentación respaldatoria de la acción.
Esta quiebra está lejos de ser un fenómeno sectorial o general. Como otras empresas del sector lácteo, ARSA padeció las consecuencias de malas administraciones, desvíos de fondos y estafas, que no solo fueron económicas sino también éticas, vinculadas con la responsabilidad al encarar un negocio e involucrar personas en su desarrollo.
A lo largo del tiempo, la firma intentó confundir su situación, mostrarse mejor de lo que estaba e incluso, en algún momento, coquetear con devolver el negocio de frescos a la cooperativa SanCor. Pero esa posibilidad fue rechazada, sobre todo por el deterioro en la calidad de los productos y la irregularidad de la producción.
La medida judicial final llegó luego del frustrado concurso, al no registrarse ningún interesado en el proceso de salvataje, un mecanismo que permitía a terceros adquirir la empresa para continuar con la actividad. Aunque hubo versiones sobre inversores interesados, los titulares de Maralac nunca respondieron a esas alternativas. Hace meses que no se conoce su paradero, y con ello crece el incumplimiento de todo tipo de compromiso empresarial.
Resta ahora determinar cuáles serán las consecuencias legales para esas personas, de las que al momento no se tiene registro.
“Se declara la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A.”, señala el fallo, que dispone el inicio de la etapa de liquidación de la compañía, con domicilio en Azara 841, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su ejecución inmediata.
Se ordenó la constatación y clausura de todos los establecimientos, incluyendo las plantas industriales de Arenaza (Buenos Aires) y Córdoba. En la primera de ellas ya se retiraron las llaves del predio.
El Juzgado, manteniendo la actuación de la sindicatura “Guillemi & Rosental”, ordenó la anotación de la quiebra en diversos registros, dispuso un bloqueo financiero total y notificó al Banco Central de la República Argentina, así como al resto de las entidades financieras y proveedores de servicios. Se cierran así todas las cuentas corrientes, plazos fijos, cajas de ahorro y demás herramientas financieras, con embargo y transferencia de los saldos existentes a una cuenta del expediente abierta en el Banco Ciudad, Sucursal Tribunales.
También se ordenó bloquear el ingreso de los titulares a las cajas de seguridad de la empresa.
Además, el Juzgado decretó la inhibición general de bienes y ordenó la intercepción de toda su correspondencia por parte del Correo Oficial.
El 11 de diciembre se realizará una audiencia presencial, en la cual se requerirán explicaciones al presidente de la sociedad fallida, Santiago Jesús Segovia Brun. “Para el caso de que se ausente injustificadamente, se autorizará el auxilio de la fuerza pública”, advierte la resolución.
También se dictó la inhabilitación definitiva de la sociedad y una inhabilitación temporal por un año para su administrador, Segovia Brun. Además, se dispuso la interdicción de salida del país del director hasta junio de 2026, fecha en que la sindicatura deberá presentar su informe general.
El Juzgado estableció un cronograma para la verificación de créditos, otorgando a los acreedores plazo hasta el 9 de febrero próximo para presentar su pedido ante la sindicatura.
Asimismo, comunicó la quiebra al Juzgado Federal de la Seguridad Social N°5 y le solicitó la transferencia de $83.203.988,69 que estaban embargados en otra causa, para incorporarlos al expediente de la quiebra.
La sentencia cierra toda posibilidad de continuidad para ARSA, iniciando el camino definitivo hacia la liquidación de sus activos.
Con este antecedente, se entiende que La Suipachense podría correr la misma suerte, ya que es administrada por la misma firma y con el mismo comportamiento irregular. Todo esto, además, con un silencio cómplice durante años de eslabones clave de la cadena y de ámbitos políticos, que contribuyeron a una quietud que solo anticipaba este final anunciado.
A los empresarios no les importa en lo absoluto la gente que solo son un numeros mas.
Lo mismo pasa en otras empresas como en SANCOR donde deben casi un año de sueldos y lo unico que les importa es echar 300 personas mas para nivelar sus gastos.Nunca hablan de pagar ls deudas con sus empleados
Se robaron todo lo que pudieron mientras estuvieron en el poder y ahora esperan sentados a que los adeudados solucionen sus problemas.
Quieren morir con su ideales, son un monton de tosudos.que se miran el ombligo.el resto ,no importa.