Hace tiempo que Mendoza libra prácticamente en soledad la batalla contra la Lobesia botrana -más conocida como polilla de la vid-, una plaga cuarentenaria de gran impacto para los viñedos, que el año pasado causó pérdidas superiores al 10% y que ya se encuentra presente en el 80% de la superficie cultivada.
En rigor, el esfuerzo del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de esa provincia (Iscamen) se incrementó desde el cambio de gobierno, a fines de 2023. Sucede que, bajo la lógica de reducir el gasto público, Senasa cambió su rol dentro del Programa Nacional de control de este insecto.
Desde el año pasado, el organismo nacional dejó de aportar recursos para la entrega de materiales a los productores, limitándose solo a tareas de fiscalización que –según dicen desde Mendoza- poco efecto surten. Aquello quedó oficializado en la resolución 373/2025, publicada en mayo de este año, donde se anunció con bombos y platillos la “actualización y modernización del marco regulatorio” del mencionado programa.
“Cuando cambió el gobierno, cambió el discurso, y se entiende en el marco de una crisis económica. Pese a que es un programa de prevención y control, Senasa ya no provee ningún tipo de insumos para las campañas, ni siquiera para el monitoreo. De fondo lo que hay es un mensaje de que cada productor se haga cargo de su propia plaga, cosa en la que estamos muy en desacuerdo porque las plagas no respetan a los alambrados”, dijo a Bichos de Campo el Guillermo Azin, secretario técnico del Iscamen y coordinador del programa a nivel provincial.
El gran poder de dispersión que tiene esta polilla, que es muy prolifera y en cada nueva generación puede multiplicarse por 100 o 150, genera problemas entre los productores que aplican los protocolos correspondientes y aquellos que no, cuyos viñedos ofician como reservorio del inoculo. Allí es donde debería entrar Senasa a fiscalizar y penar a los infractores, algo que en la diaria no ocurre.
“El rol de fiscalización que dicen tener es uno bastante complejo de hacer. Solo en Mendoza tenemos 11.000 productores y unos 17.000 viñedos. Es casi imposible fiscalizar semejante universo de productores con un poco de personal, porque no deben tener más de 15 técnicos en la provincia”, señaló el ingeniero agrónomo.
Si bien el ISCAMEN casi triplica ese planta de personal, con unas 35 personas distribuidas en distintas delegaciones que monitorean a la plaga, además de otros 7 ingenieros que asesoran a los productores y los capacitan al momento de la entrega de los insumos, el problema surge de la falta de recursos económicos –que Nación ya no envía a la provincia a pesar de su continuo pedido- y del vacío legal en algunas áreas.
“Acá hay dos cosas. Senasa no tiene un ejército de gente acá. La plaga cumple su ciclo en plazos muy rápidos y cortos, donde si no se actúan en determinado momento se pierde la ventana de oportunidad. Por otro lado, no hay herramientas legales para actuar en el caso de fincas abandonadas que, por ejemplo, tienen una sucesión en marcha. Nada termina en una sanción y la plaga, mientras, sigue si ciclo. Este vacío legal, que ya estaba, al menos se disimulaba antes con la entrega de insumos”, sostuvo Azin.
La llamada de alerta llegó el año pasado, cuando el sector perdió el 12% de su producción total. Aquello no solo afectó en términos de volumen sino también de calidad, ya que la Lobesia genera un deterioro de las uvas y, por ende, de los mostos y vinos que de ellas se obtienen. Eso genera inconvenientes tanto a nivel de la exportación, porque hay estándares altos de calidad a mantener; como del mercado interno, a donde se destina gran volumen de vino.
“El daño de esta plaga es acumulativo. Cuando florece el viñedo, la polilla comienza a comer las flores. Por cada una que se pierde, se pierde un futuro granito de uva. En la segunda generación, lo que se afecta es la uva cuando está en estado de cuaje. Se generan perforaciones y ese grano también se pierde. Y en la tercera y cuarta generación de la plaga, que ocurre entre enero y marzo de forma entremezclada, se afecta a la uva madura y se pierden bayas. Esa es la puerta de ingreso para enfermedades como la botritis, que te dejan sin calidad enológica”, explicó el especialista.
En este panorama, los técnicos detectaron que hay una relación lineal entre la plaga y los recursos invertidos. En aquellos años con un mayor presupuesto público, la presencia de la plaga bajó sustancialmente. Tales fueron los casos de las campañas 2017/18 y 2018/19, donde la Lobesia estuvo en niveles mínimos. Por el contrario, en años como el anterior, la situación se revirtió para mal.
“En dos campañas consecutivas con un presupuesto razonable, logramos una reducción muy importante de las poblaciones. Y lo que nos pasó en ese momento es que los técnicos privados se despreocuparon ya de la plaga y el sector político recibió el mensaje de que ya no es un problema preocupante”, recordó Azin.
Es clave entender en este punto que los individuos que no son neutralizados durante una campaña se convierten en reservorio de la siguiente, ya que permanecen como pupas bajo la corteza del viñedo. En aquel estadio es poco efectivo aplicar cualquier insumo químico, por lo que el momento clave para hacerlo es al comienzo de la primavera.
Recientemente, el Iscamen lanzó la estrategia para este año, que contempla una serie de etapas distintas. La primera, que ya está en marcha y fue definida en función de cómo finalizó la campaña anterior, se enfoca en unas 50.000 hectáreas, distribuidas entre 4.500 productores.
“Tenemos identificado a cada viñatero, con la superficie que tiene. Los incluidos en determinadas áreas, que están definidas en nuestra web, tienen que ir a los puntos de abastecimiento para retirar sus insumos y colocarlos inmediatamente en su viñedo. Se trata de las feromonas para las trampas de confusión sexual, que permiten que los machos no encuentren a las hembras. Luego avanzaremos con la segunda etapa del operativo, que comprende la distribución de insecticidas para matar los huevos y larvas provenientes de esta primera camada de polillas”, detalló el agrónomo.
Para todo este operativo, que tiene dos etapas adicionales en las que se prevé la realización de pulverizaciones adicionales, la provincia destinó 14,5 millones de dólares, provenientes de una licitación. Esto supera con creces a los fondos del año pasado, que rondaron los 5 millones de dólares.
“Esto tiene que terminar en una estrategia público-privada, donde los privados que realmente pueden hacerlo aporten al programa, y que el Estado cubra la situación de aquellos productores que no pueden. En otros países se está haciendo y tienen éxito. El SAG en Chile, por ejemplo, tiene un rol muy activo. Acá Mendoza, San Juan y La Rioja están haciendo lo que pueden y no hay mucha coordinación. El programa es nacional por lo que corresponde el apoyo de Nación. Cuando ellos no acompañaron, el balance fue negativo”, remarcó Azin.
-Como técnico especializado en este control, ¿qué sentís cuando deben ponerse al hombre esta tarea sin apoyo nacional?- le preguntamos.
-En Mendoza esta plaga no estaba presente, el productor no estaba acostumbrado a trabajar con ella. Entró por un descuido nacional. Nación no debería desentenderse y ponerse solo en el rol de fiscalizador cuando ya tenés el 90% de la superficie de los viñedos con esta plaga. Te acordaste tarde de prevenir y fiscalizar. Ahora con la plaga adentro tenemos que trabajar para tratar de sacarla y aliviar la situación. Se puede, hay un camino técnico para hacerlo, pero se requiere presupuesto y trabajo articulado.
