Antes incluso de que se hablara de buenas prácticas agrícolas en la aplicación de fitosanitarios, el histórico referente del INTA Ramiro Cid ya señalaba la necesidad de trabajar responsablemente y con saberes. Esa es la impronta que le imprimió a todo el debate que luego se desarrolló en torno a la pulverización, del que fue protagonista y precursor.
Incluso en lo que respecta a la aeroaplicación, un tema que impulsó dentro del INTA y que promovió con convenios específicos con el sector. Pero, a pesar del tiempo que hace de eso, aún se discute cuán segura es la actividad, en un debate en el que la aviación agrícola suele ser demonizada.
Argentina es el tercer país con mayor flota aeroagrícola del mundo, que aplica por ese medio a miles de hectáreas por año. A pesar de eso, no cuenta con una Ley de fitosanitarios específica a nivel nacional, y ni siquiera una para las aplicaciones terrestres, lo que ha generado que cada provincia, e incluso cada municipio, fuera configurando su propia normativa.
“La mejor descripción es que todo esto es un enorme caos legal”, asegura Cid, que lamenta que en ese desorden se entremezclen reglamentaciones demasiado laxas con otras sumamente restrictivas.
Un claro ejemplo de estas últimas es la ley provincial que hace años amaga con reglamentar la gobernación de La Pampa, que prohíbe las pulverizaciones terrestres a 500 metros de las zonas urbanas, y aéreas a 3000 metros. “Esa distancia es directamente una locura, son normativas tan exageradas que directamente afectan la producción”, señaló el especialista.
En ese sentido, y volviendo a su postura respecto a las buenas prácticas agrícolas, Cid sostiene que “no es una cuestión tanto de distancia, sino de cómo se hacen las cosas”, ya que “si se hacen con conocimiento y responsabilidad social, la seguridad es absoluta”.
Desde ya que eso necesita de una reglamentación clara y acorde, pero a nivel nacional y para todos por igual. Es lo que los mismos aeroaplicadores han reclamado en varias ocasiones, no sólo por el impacto en la rentabilidad de su actividad, sino por el potencial riesgo al que están expuestos.
Esa es una empresa en la que el propio Cid, desde la red de Buenas Prácticas Agrícolas, también participó. Pero ese proyecto enviado todavía da vueltas en el Congreso.
“Hay una falta de interés de nuestros diputados y senadores en temas que hagan a la producción y no solamente a las reelecciones”, lamentó el especialista.
Mirá la entrevista completa con Ramiro Cid:
La suerte de su proyecto de Ley de fitosanitarios no fue la misma que corrieron otras de sus iniciativas, como el convenio que, en 2021, firmó el INTA con Fearca, la federación que nuclea a aeroaplicadores de todo el país.
“Yo vi que el INTA tenía unos 6000 empleados y nadie se especializaba en aplicaciones aéreas y me pareció imprescindible tener un convenio para profundizar conocimientos”, señaló Ramiro. Fue él quien lo coordinó en conjunto con otra histórica investigadora del organismo, Jorgelina Montoya.
El corolario de ese acuerdo de cooperación fue, por sobre todas las cosas, el haber estrechado vínculos entre sectores que, de antaño, se miraban de reojo.
Eso no sólo le da sustento científico e investigativo a una actividad que ha demostrado ser axial en el agro, sino también genera unidad corporativa para ejercer reclamos más amplios, como lo es la tan esperada legislación.
“El avión es imprescindible. Necesitamos llegar a un marco legal adecuado y que contemple todas las situaciones”, concluyó Cid.
