La historia tiene vericuetos insondables. Gracias al discurso de Nicolás Pino días atrás en la Exposición Rural y el posterior ascenso de Pilu Giraudo, la ex presidenta de Aapresid, al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), ahora podemos conocer documentos secretos que ese organismo sanitario mantuvo ocultos por más de dos décadas, desde la reaparición de la fiebre aftosa en agosto de 2000.
No ha sido mérito ni del dirigente rural ni de la flamante presidente de Senasa este ataque de transparencia ni que se hallan revelados esos archivos que confirman un episodio tristísimo para la ganadería argentina, el ocultamiento de la fiebre aftosa durante muchos meses entre agosto de 2000 y marzo de 2001, con la complicidad de todo el sector privado. Esa decisión le costó a la Argentina la pérdida de muchísimos mercados para su carne vacuna, además del desprestigio y miles de puestos de trabajo perdidos en la industria frigorífica.
Quienes expusieron las copias de esas actas secretas fueron en realidad trabajadores del propio organismo sanitario que, nucleados en el sindicato ATE, repudiaron las expresiones del presidente de la Sociedad Rural en Palermo. Con sus palabras, Pino desencadenó los cambios en el Senasa, al criticar fuerte su falta de profesionalismo y pedir una fuerte reformar.
“Pino en su discurso habló de un Senasa libre de lobbys políticos y gremiales, y se olvidó del verdadero lobby que ellos hicieron siempre. Esto es solo una prueba de eso”, dijo a Bichos de Campo una fuente gremial al compartir estas actas secretas.
La primera de ellas es la que estableció, a instancias del ex secretario de Agricultura del gobierno de La Alianza, el pampeano Arturo Berhongaray, un acuerdo de silencio entre todos los sectores involucrados en el comercio de ganados y carnes, entre ellos las cuatro entidades rurales (todavía ni siquiera existía la Mesa de Enlace), la COPAL y la propia industria exportadora. El único dirigente que sobrevive en su puesto de los que firmaron aquella acta, en rigor, es Mario Ravettino, el actual presidente del Consorcio ABC. Por la SRA, firmó aquel pacto el cabañero Horacio Gutiérrez.
En aquel momento, agosto de 2000, ya había trascendido en los medios un caso de contrabando de hacienda desde Paraguay, con animales que estaban enfermos de aftosa y contagiaron al rodeo local que había dejado de vacunarse en 1999. Fue gracias a la actividad de periodistas agropecuarios que no se sumaron a ese pacto de silencio (Franco Varise de La Nación, Matías Longoni de Clarín y Daniel Raffo de la Agencia Télam, entre otros), y que fueron tildados como “traidores a la patria” por Berhongaray.
En aquella primera acta secreta, el secretario de Agricultura solicitaba a los sectores cómplices del pacto de silencio que la reaparición de la aftosa “se mantenga en reserva a fin de preservar el estatus sanitario” de la Argentina, como país libre de fiebre aftosa sin vacunación.
La segunda acta secreta ya data de marzo de 2001, cuando había estallado el escándalo con cientos de focos incontrolables en todo el país. El Senasa tomó entonces la decisión de volver a vacunar, se perdió el estatus sanitario internacional, y decenas de mercados cerraron sus puertas a la carne argentina, al tiempo que el Senasa cayó en un fuerte desprestigio que todavía hoy le cuesta revertir.
Para la gente que trabaja en Senasa es obvio que, detrás de esta historia vergonzante, ningún dirigente rural puede pararse en el púlpito a exigir cambios en el Senasa, sin revisar antes sus propias conductas.
