El movimiento de “insurrección” agropecuaria contra el pago de las tasas viales tomó impulso tras el desastre que dejaron las primeras lluvias de otoño en los caminos rurales bonaerenses. Pero acaba de recibir una primera y clara señal a favor en la Provincia de Buenos Aires: Un fallo judicial obliga a un municipio a explicarle a los productores qué es lo que hace con los fondos recaudados con esa obligación, que implica el pago de un servicio -el mantenimiento de los caminos rurales- que casi nunca se cumple.
Fue gracias al pedido concreto de un grupo de productores de Henderson, una pequeña localidad de unos 10.000 habitantes en el centro de la provincia de Buenos Aires. Asesorados por el abogado penalista Pablo Abdon, que se erige como referente en estas temáticas, presentaron un recurso de amparo al municipio de Hipólito Yrigoyen. al que finalmente se le dio lugar el pasado 16 de julio.
Un dato no menor es que es la primera vez que esto sucede en la provincia de Buenos Aires. El precedente más inmediato es el de Reconquista, en Santa Fe, donde un fallo judicial meses atrás también obligó a los funcionarios a informar sobre lo recaudado y lo invertido con el cobro de este impuesto.
Las acciones fueron iniciadas el pasado 6 de mayo y estuvieron en la competencia del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Trenque Lauquen. Pero, más que un punto de llegada, los productores de Henderson lo consideran un paso necesario para evaluar si es posible a futuro impugnar el pago de las tasas viales, que en esa localidad han aumentado un 220% en 2024 y sumaron otros tantos puntos los últimos meses.
“Con este recurso de amparo obligamos a la municipalidad de Henderson a que explique el cálculo de tasas de caminos rurales y que ponga a disposición la documentación para saber cuánto se recaudó y cuánto efectivamente se gastó”, explicó a Bichos de Campo el abogado penalista.
En realidad, tuvieron que hacer este paso previo porque las autoridades de la comuna les habían negado el pedido de acceso a la información pública que habían hecho para conocer en detalle la contabilidad del municipio. Eso viola lo estipulado por convenciones internacionales, que hay que recordar que tienen rango constitucional en nuestro país.
Entre sus argumentos esgrimidos en el fallo, el juez Pablo Cristian Germain señaló que el acceso a la información pública es clave para “resguardar la transparencia de la gestión de gobierno, el valor democrático que implica la publicidad de los actos de gobierno y la apertura de la rendición de cuentas en la gestión pública”.
Asimismo, le dio un plazo de 30 días hábiles a las autoridades para acercar los balances de los últimos 48 meses a los productores que iniciaron las acciones, Francisco Berisso, María Estela Odriozola, Teresa Manrique, Eduardo Otero, Fabián Pereyra Iraola, Juan Manuel Canepa, María Gabriela Gamboa y Matías Julián Riveros.
El fallo completo:
sentencia HENDERSON
Si bien la decisión judicial llegó en tiempo y forma -ya que el recurso había sido presentado el pasado 6 de mayo- desde la querella anticipan que por delante queda un largo proceso y que, aunque el agua ya haya drenado en gran parte del municipio, habrá que poner los pies en el barro.
Es que este “adelantamiento de la prueba” -como lo describió el propio Abdon- sirve para tener la documentación en mano y evaluar si efectivamente en el municipio se hizo la vista gorda con el dinero recaudado por las tasas viales o si efectivamente se volcaron en los caminos.
De por sí, no alcanza con mostrar que cientos de productores no pudieron acceder a sus campos por varias semanas, o que tras la temporada de lluvias la red de caminos se había convertido en lagunas, sino que lo que se discute es que pasa precisamente con el impuesto que se cobra por ese servicio.
Por eso es que, en la larga lista de pedidos, instaron al municipio a informar sobre los últimos cheques emitidos, transferencias y pagos realizados; los ingresos recibidos desde 2021; y el detalle de las últimas 10 acciones de mantenimiento de los caminos rurales.
Si bien no deja de ser un fallo que sienta precedente en la provincia de Buenos Aires, no hay nada nuevo para el abogado Abdon, que se ha hecho conocido por recorrer el interior productivo en búsqueda de estas historias y adelantó a este medio que esperan definiciones en otros municipios, como el caso de Baradero.
“Hay que ver qué suerte tenemos, porque este tipo de pedidos es bastante nuevo y a veces (los jueces) no saben bien qué hacer”, explicó, y aseguró que es la única forma efectiva en que los productores pueden saber qué se hace con el dinero de sus impuestos.
