El 7 de julio se publicó en el Boletín Oficial el decreto 462/2025, que establece modificaciones de fondo en varios organismos del estado, tales como INTA, INTI, el INASE, la CONASE, el INV y ARICCAME.
En el caso concreto del INTA (y el más resonante) se dictaminó una “reestructuración” que le quita autonomía al organismo estatal, y quita a productores y sectores académicos del sistema de gobernanza, dejando este solo en manos del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca que esté de turno.
Desde ahora, las decisiones por más chiquitas o grandes que se tomen dentro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, pasan por la cabeza del presidente del mismo, que responde directamente a la cartera productiva que depende del Poder Ejecutivo.
Entre otras cosas, lo que más se teme de esta reestructuración es la enajenación de tierras, despidos de investigadores y personal general, además de venta de edificios y finalización de líneas de investigación abiertas. Suceda o no, todo queda en manos del capricho del presidente puesto a dedo.
Desde ese 7 de julio se vienen sucediendo voces disonantes a este proceso, y no cesan. En las últimas horas se conocieron dos nuevos rechazos a este decreto.
En una resolución, la Universidad de Buenos Aires manifestó su “profunda preocupación por la situación crítica que afecta al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en cuanto a su autarquía, a la representación de las Universidades Públicas en sus órganos colegiados, su sostenimiento económico, de infraestructura y de recursos humanos”.
Asimismo, como parte del rechazo que manifiesta esta casa de altos estudios, solicitaron a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que se derogue el decreto que según entienden, “vulnera la institucionalidad del INTA y avanza sobre estructuras construidas con esfuerzo, consenso colectivo y visión estratégica a largo plazo”.
Entre las razones que llevaron a la universidad porteña a establecer esto, se cuenta que esta modificación significa que el gobierno del INTA deja de ser colegiado y democrático para quedar sometido a las decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo, que tendrá una mayoría automática.
A su vez, las autoridades universitarias argumentaron: “Estas medidas, junto a las adoptadas respecto a las Universidades Nacionales y el CONICET, están generando un daño irreparable al sistema científico-tecnológico, precisamente en el sector más dinámico de la economía nacional, que representa la principal fuente de divisas por exportaciones”. ´
“Este Decreto constituye un vaciamiento institucional que despoja al INTA en su carácter participativo, crítico y federal, y significa también desarticular la red de desarrollo científico y tecnológico que hemos construido durante décadas”, dicen también desde la UBA.
Por otro lado, una carta dirigida a los mismos legisladores, pero firmada por el gremio APINTA y ATE, el Colectivo INTA, y la Mesa Agroalimentaria, conformada a su vez por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-ST), Bases Federadas y la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF), va en sintonía con lo que piden desde la UBA.
Luego de recordar el éxito de este organismo fundado en 1956, y en particular la gobernanza entre el espacio público y el privado, las entidades aseguraron: “El DNU 462/2025 atenta directamente contra este modelo democrático y federal, concentrando las decisiones estratégicas en el Poder Ejecutivo Nacional, eliminando espacios de cogobierno, debilitando la autonomía técnica y operativa del organismo y habilitando un proceso de desarticulación institucional y patrimonial”.
Según entienden desde este entramado, con el decreto y la consecuente reforma del INTA, se perderán logros construidos, replicados a continuación:
- La gobernanza plural: El INTA quedaría bajo el control exclusivo del gobierno de turno, con escasa o nula participación del sector productivo y de otros actores territoriales.
- El federalismo operativo: Se desactiva el funcionamiento de los Consejos Regionales, debilitando la capacidad de respuesta local y regional.
- La participación comunitaria: Se disminuyen el accionar de los Consejos Asesores Locales al prescindir de los servicios de extensión, esenciales para la vinculación con comunidades rurales y productivas.
- El sistema de extensión rural: Se pone en riesgo una red de asistencia técnica y capacitación presente en más de 1.000 localidades y parajes rurales.
- El patrimonio institucional: Se habilita la posibilidad de avanzar en la venta de tierras, edificios y recursos estratégicos, como los bancos genéticos de especies vegetales y animales, que constituyen reservas clave frente a amenazas climáticas, sanitarias y ambientales.
- El capital humano: Se comprometen 1.500 puestos de trabajo altamente calificados, esenciales para la continuidad de las funciones técnicas y territoriales del organismo.
Luego de asegurar que este decreto viola el espíritu y los límites de las facultades delegadas por la denominada “Ley Bases”, los firmantes solicitan a las y los legisladores que ejerzan su rol como representantes del pueblo y como otro poder del Estado, y que arbitren los mecanismos institucionales necesarios para anular este decreto, “restituyendo el orden legal, la institucionalidad democrática y la defensa de un bien público estratégico para el desarrollo sostenible y soberano de nuestro país”.
También, los firmantes advierten que lo que hoy sucede en el INTA, “podría replicarse en otros organismos del sistema científico y técnico nacional, como el INASE, el INAFCI, el INTI, el CONICET, entre otros, los cuales también se ven amenazados por medidas de naturaleza similar”.
No se puede mantener mas vagos
asi es. mucho decreto y poca tijera ahora.
6500 tipos!