El 7 de julio se publicó en el Boletín Oficial el decreto 462/2025, que establece modificaciones de fondo en varios organismos del estado, tales como INTA, INTI, el INASE, la CONASE, el INV y ARICCAME.
En el caso concreto del INTA (y el más resonante) se dictaminó una “reestructuración” que le quita autonomía al organismo estatal, y quita a productores y sectores académicos del sistema de gobernanza, dejando este solo en manos del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca que esté de turno.
Desde ahora, las decisiones por más chiquitas o grandes que se tomen dentro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, pasan por la cabeza del presidente del mismo, que responde directamente a la cartera productiva que depende del Poder Ejecutivo.
Entre otras cosas, lo que más se teme de esta reestructuración es la enajenación de tierras, despidos de investigadores y personal general, además de venta de edificios y finalización de líneas de investigación abiertas. Suceda o no, todo queda en manos del capricho del presidente puesto a dedo.
Desde ese 7 de julio se vienen sucediendo voces disonantes a este proceso, y no cesan. En las últimas horas se conocieron dos nuevos rechazos a este decreto.
En una resolución, la Universidad de Buenos Aires manifestó su “profunda preocupación por la situación crítica que afecta al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en cuanto a su autarquía, a la representación de las Universidades Públicas en sus órganos colegiados, su sostenimiento económico, de infraestructura y de recursos humanos”.
Asimismo, como parte del rechazo que manifiesta esta casa de altos estudios, solicitaron a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que se derogue el decreto que según entienden, “vulnera la institucionalidad del INTA y avanza sobre estructuras construidas con esfuerzo, consenso colectivo y visión estratégica a largo plazo”.
Entre las razones que llevaron a la universidad porteña a establecer esto, se cuenta que esta modificación significa que el gobierno del INTA deja de ser colegiado y democrático para quedar sometido a las decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo, que tendrá una mayoría automática.
A su vez, las autoridades universitarias argumentaron: “Estas medidas, junto a las adoptadas respecto a las Universidades Nacionales y el CONICET, están generando un daño irreparable al sistema científico-tecnológico, precisamente en el sector más dinámico de la economía nacional, que representa la principal fuente de divisas por exportaciones”. ´
“Este Decreto constituye un vaciamiento institucional que despoja al INTA en su carácter participativo, crítico y federal, y significa también desarticular la red de desarrollo científico y tecnológico que hemos construido durante décadas”, dicen también desde la UBA.
Por otro lado, una carta dirigida a los mismos legisladores, pero firmada por el gremio APINTA y ATE, el Colectivo INTA, y la Mesa Agroalimentaria, conformada a su vez por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-ST), Bases Federadas y la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF), va en sintonía con lo que piden desde la UBA.
Luego de recordar el éxito de este organismo fundado en 1956, y en particular la gobernanza entre el espacio público y el privado, las entidades aseguraron: “El DNU 462/2025 atenta directamente contra este modelo democrático y federal, concentrando las decisiones estratégicas en el Poder Ejecutivo Nacional, eliminando espacios de cogobierno, debilitando la autonomía técnica y operativa del organismo y habilitando un proceso de desarticulación institucional y patrimonial”.
Según entienden desde este entramado, con el decreto y la consecuente reforma del INTA, se perderán logros construidos, replicados a continuación:
- La gobernanza plural: El INTA quedaría bajo el control exclusivo del gobierno de turno, con escasa o nula participación del sector productivo y de otros actores territoriales.
- El federalismo operativo: Se desactiva el funcionamiento de los Consejos Regionales, debilitando la capacidad de respuesta local y regional.
- La participación comunitaria: Se disminuyen el accionar de los Consejos Asesores Locales al prescindir de los servicios de extensión, esenciales para la vinculación con comunidades rurales y productivas.
- El sistema de extensión rural: Se pone en riesgo una red de asistencia técnica y capacitación presente en más de 1.000 localidades y parajes rurales.
- El patrimonio institucional: Se habilita la posibilidad de avanzar en la venta de tierras, edificios y recursos estratégicos, como los bancos genéticos de especies vegetales y animales, que constituyen reservas clave frente a amenazas climáticas, sanitarias y ambientales.
- El capital humano: Se comprometen 1.500 puestos de trabajo altamente calificados, esenciales para la continuidad de las funciones técnicas y territoriales del organismo.
Luego de asegurar que este decreto viola el espíritu y los límites de las facultades delegadas por la denominada “Ley Bases”, los firmantes solicitan a las y los legisladores que ejerzan su rol como representantes del pueblo y como otro poder del Estado, y que arbitren los mecanismos institucionales necesarios para anular este decreto, “restituyendo el orden legal, la institucionalidad democrática y la defensa de un bien público estratégico para el desarrollo sostenible y soberano de nuestro país”.
También, los firmantes advierten que lo que hoy sucede en el INTA, “podría replicarse en otros organismos del sistema científico y técnico nacional, como el INASE, el INAFCI, el INTI, el CONICET, entre otros, los cuales también se ven amenazados por medidas de naturaleza similar”.
