Confirmado: Corrientes era otro país donde el Impuesto Inmobiliario Rural solo se destina a obras para el agro

Era cierto al final: la República de Corrientes es un estado completamente independiente de la República Argentina, pues pasan allí cosas que son muy diferentes a las que aquí suceden.

Aquí, en la Provincia de Buenos Aires y en otros distritos de la región pampeana, los intendentes cobran una Tasa Vial que -como su nombre lo indica- debería suponer como contra-prestación que se llevan a cabo obras para el mantenimiento de los caminos rurales. Pero muchos productores están que trinan con sus intendentes porque recaudan el dinero y lo destinan a cualquier otra cosa, como pagar salarios o asfaltar las zonas urbanas que les reportan más votos.

Ver Caminos rurales: Cuando se hable de plata, no confíes en tu intendente

En la República de Corrientes, en cambio, según nos contó su secretario de Agricultura y Ganadería, Manuel García Olano, no existe la Tasa Vial y la única tributación adicional con que cargan los productores es el Impuesto Inmobiliario Rural que les cobra la administración provincial. Con esos fondos deberían reparase los caminos y hacer otras obras de interés para el sector.

“Nosotros tenemos desde hace diez años, y está firmado por 30 años, un fideicomiso llamado Fondo de Desarrollo Rural, que recauda el 100% de los que pagamos por el Impuesto Inmobiliario Rural. Entonces el gobierno no puede utilizar ese dinero para pagar sueldos ni de maestros, ni de policías ni destinar la plata a rentas generales”, explicó García Olano.

Mirá la entrevista completa con el funcionario de Corrientes:

Luego de contar que Corrientes es una provincia muy ganadera (tiene el 10% del stock bovino nacional) que de todos modos produce muchos más terneros de los novillos que logra engordar, el funcionario remarcó: “No tenemos agricultura. Somos una provincia difícil desde los productivo. Pero si además le sumás que tenemos los caminos destruidos, ¿quién va a venir a hacer agricultura? Hay zonas aptas para hacerlo, pero tenemos que hacer una inversión muy importante para que esas inversiones de riesgo no le sumen el riesgo de un mal camino”.

En ese contexto sucedió hace unos años que el ex gobernador radical Ricardo Colombi le hizo una propuesta inédita al sector productivo: destinar el 100% de la recaudación por el Inmobiliario Rural a este fideicomiso para que 75% del dinero se destine a obras de infraestructura rural -como caminos, electrificación rural, internet para escuelas rurales o drenajes- y otro 25% se destina a sostener las diversas luchas sanitarias.

García Olano explicó que, en ese esquema, se decidió además que “los proyectos los tienen que presentar el productor a través de sus entidades, Yo como funcionario no puedo resolver solo. Necesito el aval de una sociedad rural” antes de iniciar una obra, explicó el funcionario correntino, que además es productor ganadero de la zona de Curuzú Cuatiá.

“El fideicomiso, así, garantiza que ningún proyecto será aprobado sin la autorización de una organización de productores que lo avale”, enfatizó.

Según García Olano, además se habilita la participación directa de los productores en la confección de los presupuestos y el control del avance de las obras. “Yo no puedo pagar un peso sin la firma del presidente de la Rural que me dice que una etapa está cumplida, porque no anticipamos ni un mango (por las obras). Eso nos ha permitido reducir a la mitad lo que el cuesta al Estado hacer una obra de ese tipo. Y además con transparencia. Es una garantía para nosotros de que no hay ningún sobreprecio”.

Ver Matías de Velazco: “El 60% de los caminos rurales de Buenos Aires está en mal estado”

¿Y fue efectivo este plan? El funcionario dijo que cuando arrancó esta etapa Corrientes tenía solo 1.500 kilómetros de caminos rurales enripiados y “desde que se empezó a mejorar la red vial, ahora estamos haciendo 1.000 kilómetros por años. Vamos 4.000 kilómetros y el objetivo es terminar dentro de dos años el mandato con 6.00 kilómetros enripiados. No es solo darle forma al camino sino ponerle entre 10 a 15 centímetros de piedra”, explicó.

García Olano opinó que este modo de gestionar el Impuesto Inmobiliario Rural no podrá fácilmente ser reemplazada por ningún gobierno en los sucesivo. “¿Quién la va a sacar. Incluso uno se sienta a negociar el Impuesto Inmobiliario con los productores y no hay conflicto. ¿Quién se va a negar a un aumento si es plata que vuelve en obras para ellos?”