Era cuestión de tiempo que el Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) diera el golpe final en la avalancha desreguladora en la que se introdujo al sector desde fines de 2023, con la asunción de Javier Milei. Mediante la Resolución 42/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, ese Instituto dio finalmente de baja la norma dictada en 2021 que establecía un límite de 5 hectáreas anuales por productor para nuevas plantaciones yerbateras en Misiones y Corrientes. El objetivo de dicha legislación era evitar la sobreproducción y dar respaldo a los productores más chicos.
Sin embargo, en los hechos la norma ya no estaba vigente, porque ya regían otras dos que la habían “deshilachado”. Por un lado, la Resolución 18/2025, dictada el 30 de enero de este año, mediante la cual el organismo multisectorial suspendió toda actividad de control y fiscalización y archivó sumarios. El golpe final lo dio Luis Caputo días atrás, cuando derogó la Resolución 152/2021, mediante la cual el ex Ministerio de Agricultura había dado soporte legal a esa medida, durante el gobierno de Alberto Fernández.
“Festeja Sturzenegger y la lloran los pequeños productores”, podría escribirse si se quisiera resumir la noticia en un tweet. Lo cierto es que, si bien poner un límite a la producción es algo inédito en el agro argentino, la medida era celebrada por los establecimientos más chicos porque oficiaba de muro de contención para la expansión de los grandes jugadores en el negocio de la yerba, que van concentrando la actividad y -al producir más- deprimen los precios.
Ahora, las empresas más importantes del mercado, sean molineros o simplemente grandes productores, pueden inaugurar nuevos yerbales de la cantidad de hectáreas que les plazca, lo que sin dudas seguirá pujando a la baja los precios de la materia prima, ya deprimida por las otras oleadas desregulatorias. El INYN, antes que esto, fue invalidado por Milei para cumplir con su principal función, que era la fijación de precios mínimos de referencia.
Este es el último baldazo de agua fría que le hacía falta al sector primario yerbatero, diezmado por la estrepitosa caída en el precio de la hoja verde y la yerba canchada producto del desmembramiento del INYM (que sigue sin presidente) y del rechazo a todo control sobre la oferta y la demanda que había dispuesto el tan citado Decreto 70/2023.
Lo que aseguran desde el Palacio de Hacienda, y que esta nueva norma replica, es que no pueden establecerse límites sobre la producción porque eso distorsiona el mercado y encarece los precios para el consumidor. El mismo Sturzenegger, artífice de la desregulación estatal, celebró la caída de los precios y dijo que si hay sobreproducción la solución será exportar, un aspecto que nunca estuvo vedado para la producción yerbatera nacional.
De todos modos, la última resolución fue sólo el pitazo final. La decisión del directorio del INYM, conformado por Gustavo Barreiro, Maria Soledad Fracalossi, Luis Oscar Konopacki, Carmelo Rojas, Jorge Haddad y Ricardo Kalitko, no hace más que oficializar la “abrogación tácita”, como afirma el texto de la norma, y derogar la famosa Resolución 170/2021 de forma definitiva.
