Hace unos días, Bichos de Campo recogió las críticas de empresas agrícolas como el Grupo Charata, que produce en el Chaco, sobre el impacto que tiene sobre sus cuentas la llamada Convenio de Corresponsabilidad Gremial. Incluso la queja fue elevada al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para ver si se pude intervenir y corregir la distorsión que se produce en dicho tributo, que actuaría como una “retención adicional” del 2,5% del precio bruto de la soja producida en la provincia.
“Chaco, un país aparte. Nos cobran una retención encubierta por cada camión: la Corresponsabilidad Gremial. En un sistema agrícola mecanizado y con personal registrado, no tiene sentido. Es castigar al que hace las cosas bien”, insistió esa empresa agrícola, que siembra unas 7.500 hectáreas de soja y otras 7500 de maíz.
Chaco, un país aparte.
Nos cobran una “retención” encubierta por cada camión: la Corresponsabilidad Gremial.
En un sistema agrícola mecanizado y con personal registrado, no tiene sentido. Es castigar al que hace las cosas bien. 🚜 pic.twitter.com/u5BjQOwdcp— Grupo Charata (@MjChaco) April 18, 2025
Según esta denuncia, que arrancó con un cuadro que resumen lo que deben dejar los productores de soja a la ATP Chaco (la agencia tributaria provincial), por cada camión cargado con soja se deben abonar poco más de 9000 pesos de Ingresos Brutos, otros 17.700 pesos por Ingresos Brutos aplicados al flete y un adicional del 10% sobre ambos conceptos que supuestamente se destina a los consorcios camineros. Pero lo que destaca es Corresponsabilidad Gremial, ya que se abonan casi 255.000 pesos, lo que representa, con valor actual de la Soja Rosario, una extracción o retención del 2,5% del precio bruto de la oleaginosa.
La corresponsabilidad gremial es una herramienta creada por la Ley 26.377 que faculta la celebración de Convenios por parte de asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial y de empresarios suficientemente representativos dentro de su ámbito de actuación personal y territorial. Por eso funciona en diversas economías regionales.
Frente a la nota de este medio y las denuncias de la empresa agrícola, voceros de la Provincia aclararon que “el gobierno del Chaco no tiene injerencia en la determinación de las tarifas de los convenios de Corresponsabilidad Gremial” vigentes allí, que son multiproducto, forestal, foresto industrial y tabaco.
“Los que participan en la determinación de la tarifa del convenio multiproducto (es el que incumbe a la actividad agrícola extensiva) son representantes de Federación Agraria Argentina filial Chaco, de la UCAL (cooperativas), de Uatre/Osprera, y cuenta con la aprobación de la Secretaría de Empleo de Nación”, explicaron las fuentes provinciales, al aclarar que ATP Chaco fue designada solamente como “agente de recaudación de la tarifa sustitutiva del CCG Multiproducto por Decreto Provincial 1878/12 y Resolución General 1738/12”.
La tarifa de Corresponsabilidad Gremial es bastante valorada en muchas economías, porque sustituye los aportes nacionales al Sistema Integrando de Previsión (SIPA), a la obra social, las asignaciones familiares, el seguro de desempleo, INSSJyP, el seguro de sepelio y los Riesgo de Trabajo. “Los convenios fueron creados por la ley nacional 26.377, y se trata de convenios solidarios, motivo por el cual recae sobre los productores que no tienen empleados”, explicaron las fuentes.
¿Pero qué sucede puntualmente en el Chaco, donde se originó esta queja?
Bichos de Campo quiso conocer la madeja en torno a esta polémica. Y consultamos a una fuente que conoce todas las campanas.
“El origen del Convenio de corresponsabilidad Gremial era para que el productor solucione un problemas de aportes mensual a través del F 931 (declaración juradas de seguridad social), ya que el sector se venía atrasando siempre y se generaban intimaciones o ejecuciones, dado que el ingreso del productor es en la mayoría de los casos de tipo anual. Por supuesto este tipo de cargas sociales tiene un costo con impacto menor para los productores más chicos y mayor para los más grandes”, ya que se trata de una suma por volumen de producción.
La fuente contó que “lo que termina haciendo este Convenio, entonces, es generar un costo laboral, ya no por trabajador ocupado sino por tonelada producida y es ahí donde los grandes productores asociados en el Grupo Charata tienen un profundo rechazo a la norma, dado que la relación entre toneladas producidas y el personal directamente afectado es muy baja”. El motivo es que este tipo de empresas de gran porte producen en la mayoría de los campos con personal 100% tercerizado en contratistas. “No es casualidad que Charata es uno de las localidades del norte que más contratistas por habitante tiene”, indicó.
Agregó que, por lo tanto, “el productor grande entonces es el que menos personal directo tiene, pero desliga su responsabilidad en el contratista, quien tiene una economía de subsistencia permanente en un sistema de bajas tarifas de servicios, donde 5 o 6 grupos como el Charata levantan el teléfono y se ponen de acuerdo sobre las tarifas a pagar, tanto de servicios como de fletes”.
A diferencia, entre los productores de menor porte que contratan personal, “este convenio a llevado a que el productor no tenga personal en negro, con raras excepciones que las hay”, indicó el entendido. En cambio, el productor más grande toma al convenio de Corresponsabilidad Gremial como una carga social sin contraprestación, porque no tiene empleados, reconoció.
El asunto es peor, porque “esta ley tiene sus orígenes en tiempos muy remotos donde no existía la figura del contratista rural en toda su extensión como sucede hoy. El contratista -al no estar contemplado en la ley- debe pagar su F 931 (por su personal empleado) rigurosamente todos los meses y ahí se da una doble imposición porque se le esta cobrando al contratista y al productor por el mismo trabajador”, admitió el especialista.
En este punto, relató que muchos contratistas, para evitar ese doble aporte, terminan alquilando lotes agrícolas muy pequeños, para así poder inscribirse como “productores agropecuarios” y tener acceso así a los beneficios del Convenio. Así zafan del pago de las cargas sociales, “cosa que no debería ocurrir porque el contratista es contratista y no productor”, enfatizó la fuente.
Como se ve, aunque sin darle toda la razón a los grupos grandes de siembra, este productor chaqueño le otorga parte de razón en esta discusión, aunque no toda. Una solución probable es que la Ley de Corresponsabilidad Gremial se modifique para incorporar a los contratistas rurales. Pero eso no aliviaría la situación de los grandes grupos de siembra, aunque podrían ser exceptuados o aliviados de algún modo.
