En abril de 2024, durante la campaña de vacunación de otoño, Bichos de Campo relató el caso de un grupo de 30 productores ganaderos de la zona del Delta del Paraná, que se animó a retomar la vieja discusión en torno a los costos de aquellos operativos sanitarios que rigen la agenda de ese sector.
Lo que primero fue un cuestionamiento al valor de cada dosis a aplicar –un tema que el año pasado generó especial atención luego de que saltara a la luz que países vecinos pagaban precios mucho menores a los abonados en Argentina-, rápidamente se transformó en una queja hacia los “costos operativos” que acumulan los entes o fundaciones sanitarias, que llevan adelante la vacunación en las distintas regiones del país y que en general están emparentadas con las propias entidades rurales, en especial CRA.
En aquella ocasión, las quejas se dirigieron en particular al ente sanitario de Exaltación de la Cruz, que era el que nucleaba a los animales de estos 30 productores (más de 15.000 cabezas). Y si bien en una primera instancia intentaron nuclearse en el ente de la Sociedad Rural de Azul (FundAzul), finalmente iniciaron los trámites correspondientes para separarse y formar su propio ante. Esa autorización llegó el pasado 7 de marzo.
“El 7 Senasa nos avisó que estábamos autorizados para tener nuestro propio ente, y nos dio el número de plan 843. Hasta que vos no tenés ese número, no existís. Ese plan indica que vos ya tenés asignados los Renspa del territorio que vos pediste, que previamente se los sacaron al plan de Exaltación de la Cruz”, contó a Bichos de Campo Carlos Alberto López, productor ganadero y delegado zonal de las Islas del Delta del Paraná, en la Sociedad Rural de la Provincia de Buenos Aires.
Con ese permiso, los ganaderos iniciaron las gestiones para comprar todos los elementos necesarios para poner en marcha el ente (esto contempla no solo las vacunas de aftosa y brucelosis sino también todos los elementos de infraestructura necesarios), que a la brevedad inició con la vacunación.
“Ya llevamos vacunados a un 40% de los Renspa que tenemos en nuestro territorio. Esto lo hicimos en el marco de la Cooperadora del INTA Delta, que recientemente nos inspeccionaron y aprobaron sin ningún cuestionamiento. En total se contabilizaron unas 19.600 cabezas, con lo cual nosotros compramos 20.000 dosis de vacuna. En el caso de aftosa la sacamos a 1.100 pesos, a los que se suman 700 de costos operativos, 400 de la aplicación y viáticos, para lo cual recomendamos el precio de medio litro de gasoil por kilómetro como referencia”, señaló López.
Esta noticia, que para los ganaderos de las islas representó poner fin a tironeos que se extendieron por años, generó sin embargo polémica entre los miembros de la Comisión de Sanidad Animal (Coprosa) de la provincia, en especial con aquellos dirigentes nucleados en la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), quienes denunciaron irregularidades en el proceso avalado por Senasa.
Uno de los principales argumentos apuntó al incumplimiento del artículo 8 de la Ley 24.305, que define los alcances del Programa Nacional de Lucha contra la Fiebre Aftosa.
Según ese apartado, “el área geográfica de acción de los entes será el de partido, departamento o jurisdicción equivalente en el ámbito provincial. En caso de que por excesiva extensión del mismo o por otras causas, dentro del ámbito geográfico se creara más de una fundación o ente de lucha, deberán acordar entre ellos los límites geográficos de su extensión, y en el supuesto de no haber acuerdo estos límites serán fijados por la Comisión Provincial correspondiente de oficio”.
A través de una carta de Carbap a la que accedió Bichos de Campo, que fue dirigida al director provincial de Ganadería, Héctor Trotta, ese sector indicó que, lejos de consultarlo con la Coprosa, la decisión fue tomada de manera unilateral por Senasa. Por tal motivo, se solicitó la convocatoria a una reunión “en forma sumarísima” para tratar este tema.
Por otro lado, y en defensa del trabajo del ente de Exaltación de la Cruz, los ruralistas afirmaron que “no pesan informes del Senasa que muestren inconsistencias técnicas ni administrativas de ninguna índole, no obstante aparece como única objeción por parte de algunos productores de la zona el costo final de la vacunación y su esquema de financiamiento”.
Mirá la carta completa acá:
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“Esta situación es de larga data. Ya en 2019 algunos de los postulantes de este nuevo ente se habían presentado a la Coprosa, y en su momento se les pidió que presentaran la documentación correspondiente. No es que la Comisión no se expidió, sino que se les pidió mostrar con qué infraestructura contaban, con qué técnicos, todo lo que se requiere de un ente, pero la verdad es que nunca lo presentaron. Ahora lo volvieron a hacer, apoyados por otro ente como lo es FundAzul, y recibieron la aprobación de Senasa, que se atribuyó una cualidad que no tiene”, definió Hernán Silva, vicepresidente primero de Carbap, en conversación con este medio.
“En principio nos parece una desprolijidad crear un ente sin explicar para qué y por qué. Por otro lado, la vacunación en las islas tiene un criterio diferente porque hay costos que tienen que ver con el seguro del personal, el traslado y acceso a las islas, que encarecen el proceso. En otras zonas vos podés vacunar una determinada cantidad de animales por hora, es más fácil encerrar, pero aquí hay complejidades”, añadió a continuación.
En esa misma línea, Fernando Boracchia, vicepresidente primero de la Sociedad Rural Exaltación de la Cruz, dijo a Bichos de Campo que la principal desprolijidad del asunto fue “habilitar a este ente el mismo día del inicio de la campaña”.
“Como entidad venimos trabajando en este tema hace treinta y pico de años. Nos merecemos nosotros y los productores más respeto, y más profesionalismo en el tratamiento de este tema”, afirmó.
Boracchia defendió luego los costos fijados por Exaltación de la Cruz, asegurando que “los vacunadores compensan los viáticos con productores más grandes”, ayudando a balancear costos para con los de menor escala.
“Por eso se habla de que es un plan de vacunación solidario. Con este tipo de acciones como inaugurar un ente nuevo, eso desaparece porque obviamente, al no poder compensar, el vacunador va a exigir más remuneración para ir lejos”, sostuvo.
Luego llamó la atención sobre otras irregularidades del nuevo ente del Delta. En primer lugar, y al igual que lo expuso Silva, explicó que una de las razones para ofrecer costos más bajos es el tipo de contratación de los vacunadores.
“Nuestros vacunadores están todos bajo relación de dependencia. Les pagamos ART, jubilación, no hacemos fraude laboral. ¿Y por qué los tenemos bajo ese modo? Porque estamos protegiendo primero al trabajador, al técnico, y después al productor. Obviamente que es más caro: tenemos seguro sobre las embarcaciones que van a vacunar, las lanchas, etc. Pero comparando los costos nuestros con los de muchos entes de los alrededores, somos muy competitivos”, señaló.
En segundo lugar, Boracchia apuntó contra la forma de comprar la vacuna: “toda la vida le compramos directamente a los laboratorios, porque siempre donde hay un intermediario puede haber problemas en la cadena de frío, en las etiquetas, en un montón de cuestiones. El ente del Delta consigue sus vacunas a través de FundAzul. Es algo que nos llama la atención y que creemos que Senasa debe controlar”.
Sobre ese punto también se refirió Silva, quien consideró que la compra directa de la vacuna “tiene que ver con la capacidad financiera que Senasa pide de cada ente”.
“Cuando Senasa firma con cada ente un acuerdo nos hace mostrarle que nosotros tenemos capacidad financiera para afrontar la vacunación”, argumentó el dirigente de Carbap.
Bichos de Campo trasladó estas inquietudes a Carlos Alberto López, quien aseguró que la razón para operar a través de FundAzul tiene que ver con que de esa forma se consiguen mejores plazos de pago.
“Un ente chiquito como el nuestro no lograría de 30 a 60 días en el plazo de pago por un volumen tan bajo como son 20.000 dosis. En cambio, FundAzul compra 620.000 dosis, 20.000 para nosotros y 600.000 para ellos. Nuestra capacidad financiera la demostramos a través de la Cooperadora de INTA. De hecho, para conformar el ente hablamos con Nicolás Bronzovich, presidente de INTA, y hasta nos reunimos con Sergio Iraeta”, indicó el ganadero.
Sobre el reclamo en torno al accionar inconsulto de Senasa a la Coprosa, López sostuvo: “En su momento se consultó pero la Coprosa no resolvió de inmediato y Senasa, ante la inminencia de la campaña, resolvió de oficio. Es el organismo rector de la ley, está por encima de la Coprosa”.
En cuanto a la protección de los vacunadores, dijo: “Son trabajadores independientes que facturan, y nosotros les tramitamos un seguro, el mejor que hay, donde contemplamos todo tipo de riesgos”.
-En caso de reunirse la Coprosa ante el pedido de sus integrantes, ¿ven posible que se revierta la decisión de Senasa de constituir este ente?- le preguntamos a López.
-Esto para atrás no vuelve. Nosotros hicimos todo lo que nos pidió Senasa y la decisión la tomó ese organismo.
La misma pregunta fue trasladada a Fernando Boracchia, quien respondió: “No sabemos si existen antecedentes de algo así pero sí sabemos que el accionar de Senasa ha sido cuanto menos penoso. No cabe duda de eso. Con lo cual no está mal reconocer errores y enmendarlos si correspondiera”.
