Al igual que sucedió el año pasado, las calles de Londres se llenaron de tractores y productores que reclamaron contra la modificación del impuesto a la herencia, que desde abril de 2026 –y por modificación del Partido Laborista- deberán pagar aquellas propiedades agrícolas cuyo valor supere el millón de libras.
Hasta ahora, las empresas agrícolas calificaban para una exención del 100%, tanto para las sucesiones de campos como para las de propiedades comerciales. Sin embargo, a finales de octubre pasado la Canciller de Finanzas, Rachel Reeves, anunció la nueva tasa impositiva, que sería del 20% para los activos que superaran ese umbral de valor. Hay que aclarar que esto sigue siendo menor a la tasa normal del 40% que paga el resto de la población para este tributo.
La justificación del gobierno giró en torno al déficit fiscal de 22 mil millones de libras que heredó del Partido Conservador. Según dieron cuenta, apenas el 7% de las propiedades más ricas representan el 40% de la desgravación fiscal de la propiedad agrícola total, lo que supone 219 millones de libras para el tesoro nacional.
“Todos nos sentimos traicionados por el estado en que los conservadores dejaron la economía. Un agujero negro de 22 mil millones de libras no es un problema pequeño, y arreglarlo es necesario si queremos estabilizar la economía y reconstruir nuestros servicios públicos”, dijo en 2024 el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Steve Reed.
Por otro lado, las autoridades aseguraron que cerca del 27% de las propiedades que solicitaron la exención a este impuesto superaban el umbral del millón de libras entre 2021 y 2022, por lo que tres cuartas partes de las granjas no entrarían en este régimen.
Esto fue ampliamente cuestionado por la Unión Nacional de Agricultores, quienes indicaron que las cifras del Departamento de Medio Ambiente arrojan que el 66% de las empresas agrícolas de Inglaterra tienen un valor neto que supera ese umbral estipulado.
Para los productores nucleados en esa gremial, si bien las granjas pueden tener un alto valor nominal de activos (entre tierras y activos comerciales), los rendimientos productivos suelen ser bajos y los agricultores pueden no tener los fondos necesarios para pagar estas obligaciones impositivas.
Según publicó el medio Independet, Tom Bradshaw, presidente de esa Unión de Agricultores, afirmó que el cambio deja a los productores de edad más avanzada en una “situación cruel”, y advirtió que los cambios podrían afectar la capacidad de inversión, de producción y por ende también se modificaría el precio de los alimentos.
Por otro lado, consideró que existe preocupación de que esto afecte a quienes arriendan tierra, teniendo en cuenta de que los propietarios de ella ya no se beneficiarían de la exención impositiva.
“Sabemos lo que esto significa para nuestras familias, nuestros hijos y nuestro futuro. Conocemos la terrible presión a la que se ven sometidas las viejas generaciones de agricultores que lo han dado todo para alimentar a este país. El impacto humano de esta política es sencillamente inaceptable. Es un error”, señaló Bradshaw durante las primeras protestas realizadas en 2024.
