La Mesa de las Carnes, creada en 2015 y fortalecida por la frecuente presencia del presidente Mauricio Macri en sus reuniones, vuelve a crujir. No se trata de enfrentamientos entre los diversos actores privados que la integran, más allá de que allí conviven cerca de treinta entidades que no siempre piensan lo mismo. Lo que afecta el trabajo colectivo es, una vez más, la falta de coordinación entre los diversos organismos del Estado.
Parece mentira, pero es cierto: la AFIP vuelve a la carga con el Remito Electrónico de Carnes (REC) sin haber consultado la opinión del resto de los funcionarios que integran la Mesa y a pesar de que muchas entidades privadas desaconsejan esa medida, porque podría provocar un corrimiento hacia el mercado marginal de actores que hasta aquí habían aceptado las nuevas reglas de juego.
Parece mentira, pero ARBA (que es la agencia recaudatoria de la Provincia de Buenos Aires) no consulta sus medidas con el resto de los actores públicos y ahora pretende cobrar una deuda millonaria a los grupos de matarifes del conurbano, que los ha puesto en pie de guerra. ARBA, a pesar de que depende de un gobierno del mismo signo que el de la Nación, ya se había cortado sola cuando intentó imponer que las matarifes actuaran como agente de retención de las carnicerías, cobrándoles a ellos un 8% de Ingresos Brutos en el caso de ventas a minoristas que no estuvieran debidamente registrados.
¿Por qué no se ponen de acuerdo los organismos que deben fiscalizar la cadena de la carne? ¿Por qué no trazan un sendero común previsible y se ajustan a el, de modo de ir avanzando paulatinamente hacia la formalización de un sector donde la tentación de evadir está a la vuelta de la esquina? No se entiende, sobre todo porque estas reacciones individuales de los sabuesos de Nación y Provincia podrían malograr los logros alcanzados hasta ahora con el pago a cuenta (VEP) que la mayoría de los operadores mayoristas había aceptado, y que más que duplicaron los registros de recaudación desde el inicio de este gobierno.
Habrá que ver cómo le va a la AFIP una vez que empiece a exigir el REC, que debía estar vigente en noviembre y se aplazó hasta ahora. En Bichos de Campo ya hemos dado cuenta de la resistencia de grupos de frigoríficos a esta ofensiva.
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Y habrá que ver cómo le va a ARBA, que en los últimos días comenzó a intimar a los matarifes de la Provincia por cifras millonarias, ya que a fin de 2018 se vencieron los plazos de la norma que reducía las percepciones de Ingresos Brutos para esa actividad y, como no se discutió nada nuevo, se comenzó a querer cobrar esas mayores sumas a los operadores mayoristas de la carne.
Voceros de ese organismo aclararon a Bichos de Campo que lo único que hacen es cumplir con las normas acordadas en el seno de la propia Mesa de la Carnes, donde se había evaluado “reducir por cierto plazo el régimen de percepciones” de Ingresos Brutos en la cadena de la carne. También subrayaron que esa obligación de retener 8% a los operadores que no están bien registrados rige para todos los sectores de la economía, y no solo para matarifes y frigoríficos.
Todo parece preanunciar que, aunque quizás ARBA logre su cometido, a la Mesa de las Carnes le irá mal si los organismos siguen aplicando políticas casi autistas, que solo se ajustan a intereses recaudatorios inmediatos.
La Cámara de Matarifes y Abastecedores (CAMYA) de la provincia donde más hacienda se faena y más carne se consume acaba de emitir un comunicado en el que denunció “la actitiud intransigente de ARBA, quien aplica sanciones, en base a normativas que lo único que logran es mayor informalidad, aumento de la evasión y de los precios de la carne”. Es decir, todo lo contrario a lo que se pretende lograr.
“Hemos recorrido un largo camino, donde la gran mayoría de los actores de la cadena han ido regularizando su situación e incorporándose a los sectores formales de la economía. El sector exhibe un crecimiento sostenido en base a la apertura de nuevos mercados y también por la mejora del consumo, hasta la crisis económica actual. Sin embargo, al encarar la regularización del último eslabón de la cadena, el sector minorista, lo hacen de tal manera que ponen en riesgo todos los logros obtenidos”, dijeron los matarifes en referencia a las acciones tanto de ARBA como de la propia AFIP.
La queja de los matarifes tienen que ver con el hecho de que se los obliga en ambos casos a ser ellos quienes controlen a los carniceros, cuando debería ser esta una función de los organismos tributarios. En rigor, tanto en el caso del Remito como en el cobro compulsivo de los Ingresos Brutos que reclama ARBA, son los mayoristas quienes pagan las consecuencias de la informalidad casi general que se registra en el último eslabón de la cadena.
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Razonan los mtarifes: “A nuestro entender, no alcanza con obligar al resto de actores de la cadena a actuar como agentes de retención o percepción, instrumentar el Remito Electrónico, y fijar alícuotas de percepción confiscatorias ante la no incripción, entre las medidas más notables. En este sentido, es necesario un trabajo articulado de los diferentes estamentos del Estado, en sus distintos niveles, que actúe con firmeza y con la potestad que le otorgan las normas legales para lograr tal objetivo”.
“Hoy nos encontramos en la situación que, para seguir trabajando en forma legal y formal, nos vemos obligados a poner en riesgo nuestro propio patrimonio por obligaciones ajenas. La intransigencia y comodidad de ARBA, que elije el camino fácil de obligar a los inscriptos, no hace más que retroceder en los avances logrados y volver a colocar a la cadena en una situación de tensión, en el marco de una crisis económica que llevó al consumo local a valores históricamente bajos”, indicó CAMYA.
Los matarifes directamente advierten que no les costará demasiado abandonar la Mesa de las Carnes y volver a las andanzas. “Persistir en este camino no hará más que retroceder en los avances logrados y volver a las prácticas informales que tanto daño le hicieron a la actividad”, dijeron.
