Un informe realizado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) sobre el extinto Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (Fondagro), que fue liquidado el año pasado por el gobierno de Javier Milei, revela manejos poco transparentes de recursos del mismo por parte de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).
La auditoría en cuestión, a la que accedió Bichos de Campo, hace referencia a un proyecto diseñado por la Coviar en 2023 orientado al fomento y desarrollo del turismo del vino en diferentes regiones, para lo cual solicitó al Fondagro aportes por 300 millones de pesos.
En abril de 2023 se aprobó el primer desembolso de 150 millones de pesos (más de 700.000 dólares en ese momento considerando el tipo de cambio oficial) y otro tramo de 150 millones en junio de ese mismo año.
El 17 de julio de 2023, a pesar de no haber realizado la rendición del primer tramo asignado, Coviar solicitó una ampliación de los aportes por otros 300 millones de pesos argumentando “el éxito que ha tenido la iniciativa” de capacitaciones en las que participaron más de 250 personas.
“Sin perjuicio de ello, analizada la documentación aportada para cuatro beneficiarios del componente 1 (infraestructura), Los Aromitos (Entre Ríos), Bodega Don Milagro (Jujuy), Bodega Don Celedonio (Salta) y Bodega Trina (Río Negro), se observa que ninguno de los cuatro ha dado cumplimiento total a los proyectos presentados de ampliación, adquisición y/o remodelación, aludiendo en la mayoría de los casos cuestiones económicas para atender los nuevos costos”.
s.“Las rendiciones aportadas incluyen facturas que no pudieron ser identificadas y por lo tanto asociadas al del proyecto presentado (a modo de ejemplo se señalan transferencia a Construir Hermanos SA (con sede en Chilecito, La Rioja) por 1.059.253 pesos como gastos de Coviar no asociados a ningún beneficiario”, indica el informe de la Sigen.
Los auditores de la Sigen evaluaron las acciones llevadas a cabo por el Fondagro, administrado por BICE Fideicomisos SA, en el período comprendido entre los años 2022 y 2023, donde detectaron que en los meses de enero y febrero de 2022 “se ha acreditado en concepto de honorarios financieros, adicionales a los honorarios administrativos que cobra el BICE Fideicomisos, 15.521.813 pesos con factura y 1.595.233 pesos sin factura sin el detalle de la conformación de esos conceptos”. Y luego añade que “posteriormente el auditado (BICE) ha señalado que el segundo concepto se había rendido por error en el ítem honorarios financieros, pero que corresponde a desembolsos de bonificación de la tasa de interés”. Todo muy normal.
“Por su parte, en la rendición del mes de febrero de 2024 se observa una erogación en concepto de ‘honorarios fideicomiso de garantía’ por un total de 702.774.338 pesos sin factura; se ha solicitado la misma y su composición pero aún no se ha remitido”, advierte el informe.
También se indica que el BICE realizó inversiones de excedentes de fondos de Fondado en la mayoría de los meses “sin instrucciones formales por parte de la unidad coordinadora”, que era el área de Agricultura.
Pese a que el Fondagro se constituyó como un complemento estratégico para el financiamiento de políticas sectoriales destinadas al sector agroindustrial, “sólo en seis de los 24 meses analizados el porcentaje de recursos destinados a los beneficiarios del fondo superan el 50% del total de ingresos del mes”, mientras que en los otros 18 meses analizados la mayor parte de la inversión de los recursos del fideicomiso “se hizo en plazos fijos, fondos comunes de inversión y letras del Tesoro”.
Los auditores dictaminaron que “no es posible determinar el impacto social y económico de las políticas públicas implementadas, ya que el Fondagro no cuenta con herramientas para su medición. La administración del fondo no cuenta con indicadores y estadísticas diseñados específicamente para evaluar el nivel de impacto del accionar del mismo en los objetivos económicos y sociales previstos en su normativa de creación”.
El Fondagro fue creado en 2016 durante la gestión de Mauricio Macri para ser administrado por el entonces Ministerio de Agroindustria. La mayor parte de los recursos del mismo se destinaban a aportes no reembolsables (ANR o subsidios). El fideicomiso fue liquidado en 2024 por la actual administración de Milei.
Muy bien el control contable de las asociaciones , grupos ong que dependan de las ayudas que les dio el gobierno con nuestro dinero PERO corresponde al gobierno informar con detalle adónde va el dinero que “Ahorran!!! “Cuentas claras de los.dos lados , sino solo se ve como ROBO de.parte del gobierno actual , ..
Exelente se acabó el pedir y no rendir nada. Además se la llevan unos pocos. Ese dinero debería ser parte de los creditos que se den a productores como el de los tamberos. Y cualquier PYMe que quiera progresar en su emprendimiento.