La organización ecologista Greenpeace, conocida mundialmente, ha sido especialmente coherente desde su desembarco en la Argentina en un capítulo ambiental sensible y que muchas veces aparece como opuesto a los intereses de la producción: la defensa de los bosques nativos, especialmente en las provincias norteñas.
Hernán Giardini, el actual coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina, fue entrevistado por el programa Colonia Agropecuaria, especialmente para conocer su visión luego de que la provincia de Salta lograra sancionar un nuevo ordenamiento territorial para modificar las zonas establecidas en la Ley de Bosques, que justamente se sancionó en 2006 para poner límites a un fuerte proceso de deforestación que tenía epicentro en… Salta.
-La vieja Ley de Bosques dice que cada tanto hay que revisar el ordenamiento territorial, el famoso semáforo de la zona verde donde se puede hacer producción, la zona amarilla donde hay que tener permisos, y zona roja donde está prohibida la producción. Salta acaba de actualizar ese ordenamiento y uno primera lectura es decir que está bueno, porque los legisladores debatieron y actualizaron el ordenamiento territorial. Pero ustedes en Greenpeace dicen que es un peligro esa ley.
-Sí, lo que nos preocupa es que básicamente -para que se entienda claro- lo que ha hecho Salta es hacer una modificación de la ley que va a permitir en la práctica que se puedan pedir permisos de desmontes en lugares que hoy no se podía.
-O sea, ¿retrocede la zona roja prohibida a favor de la zona verde?
-Se avanza sobre todo la amarilla y una parte de zona roja también, sobre ambas. O sea, han creado un área amarillo oscuro, una categoría nueva que abarca como 3 millones de hectáreas. Sobre eso aclaran que no van a autorizar desmontes sobre 3 millones, que van a autorizar 700.000 aproximadamente, que es más o menos el número que -si uno descontara lo que deforestó Salta desde la ley de Bosques hasta acá y lo que estaba permitido en su momento en la zona amarilla, es más o menos lo que le faltaría. Lo que dice Salta es yo no voy a autorizar más desmontes que lo que iba a autorizar, pero lo que cambia es que va a hacerlo sobre una amplia superficie que hasta hoy estaba o en amarillo o en rojo en muchos casos.
-¿Y son 700 mil hectáreas?
-Lo que va a generar, además de que se deforesten zonas que no se iban a deforestar, una fragmentación del bosque. No va a permitir en muchos casos que haya bosque continuo, que era un poco la idea del ordenamiento territorial, que se permitiera deforestar en zonas que ya estaban muy fragmentadas y en donde hay una presión de expansión agropecuaria, como por ejemplo el sur de Salta, la zona de Anta, . Esto haría que avancen sobre zonas que estaban con bosques continuos y en zonas donde encima en muchos casos hay comunidades criollas, campesinas, también muchas comunidades wichi y de otros pueblos originarios. Allí se mantuvieran bosques intactos en pie, siempre permitiendo en la zona amarilla actividades como ganadería de bajo impacto o el mismo manejo forestal, pero no el desmonte total que se hace en muchos casos para soja o para ganadería intensiva, dejando algunos pocos árboles en pie.
-En 2006 cuando Argentina discutió la ley de bosques, Salta era lejos la provincia que más había deforestado y tenían las tasas de deforestación más altas a nivel mundial. ¿Cuánto más hay para deforestar?
-Se va a perder obviamente mínimo esas 700.000 hectáreas más, sin contar todo lo que seguramente sea ilegal, porque hay una ilegalidad importante. Sepamos que más de la mitad de los desmontes hoy en Argentina se dan de manera ilegal, el sistema de multas claramente no está frenando en muchos casos la decisión de un productor de deforestar y pagar la multa, eso se repite bastante.
-¿Y cuál es el riesgo?
-El riesgo obviamente es seguir contribuyendo a la crisis climática que ya estamos sufriendo. Obviamente impacta directo sobre un montón de especies y grandes mamíferos, como por ejemplo el yaguareté, que necesita grandes extensiones para poder sobrevivir dentro del bosque. Seguramente tendremos conflictos campesinos e indígenas por la tenencia a la tierra, que es muy común eso. Se sabe que la compraventa de tierras en el norte en muchos casos va aparejado con que hay gente viviendo allí y hay un conflicto de tierras latente. Esto va a ser un problema.
-Pero últimamente Salta no fue el epicentro de este tipo de conflictos…
-Salta no ha tenido la gestión de grandes cantidades de desmontes, comparado a lo que fue la gestión de Urtubey, o mismo la de Romero, pero era porque estaba en el proceso de discusión de la ley de ordenamiento. Ahora van a salir a la carrera un montón de permisos que estaban ahí en gateras, y seguramente tengamos este impacto fuerte. La verdad que también para Salta va a ser una mancha en cuanto al tema de la ley europea de deforestación importada, que se aplazó un año en aplicación. En la medida que Argentina no muestre políticas de cuidado del bosque, va a ir perdiendo probablemente el mercado en Europa, porque tarde o temprano esa ley se va a aplicar, y esa ley inclusive no dirime entre si es legal o ilegal. Solo el hecho de que se ha deforestado post año 2020 ya te deja fuera de la exportación de carne sobre todo, y de soja de Europa. Con lo cual hay temas que hoy en el mundo ya se están dirimiendo bastante, y que han sido producto en muchos casos obviamente de la presión de organizaciones ecologistas. Pero es un tema que Argentina medio que lo mira de costado, y le va a caer en un momento esa cuestión, le guste o no le guste a los productores.
-¿Greenpeace está de acuerdo con ese tipo de medidas?
-A nosotros nos parece que tenemos que buscar medidas con las cuales no sigamos perdiendo ecosistemas importantes en esta situación en la que no sólo en la crisis climática la contribuimos con la deforestación, porque la emisión que generamos cuando deforestamos es importante. Además nos vemos cada vez más vulnerables a la crisis climática si destruimos ecosistemas frágiles. La Argentina tiene suficiente espacio para desarrollar actividades agropecuarias sin tener que deforestar, y la práctica, la realidad es que la deforestación debería ser algo que no se de un día para el otro. Deberíamos tener un camino que nos lleve hacia lo mínimo, y obviamente que cualquier medida que podamos ir tomando, de a poco, nos va a ayudar a bajar a lo mínimo las tasas de deforestación, que todavía en Argentina, a pesar de la ley de bosque, siguen siendo altas.
-La ley de bosque finalmente fue un freno, pero no resolvió el problema, seguimos deforestando. Ustedes hacen monitoreo bastante intenso con imágenes de los satelitales. Denuncian que en Chaco, en Santiago del Estero, son constantes las violaciones.
-Si hoy si comparamos a lo que pasaba en el 2006 o 2007, años que se disparó bastante la deforestación porque se venía la ley, igual si tomáramos esa década y la comparamos con esta última década, podríamos decir que la deforestación bajó un 40%, pero sigue siendo un número alto. Pasar de tener unas 300.000 o 400.000 hectáreas de bosque perdido por año, a 150.000 o 200.000 anuales es una reducción, pero seguimos teniendo números altos que nos ponen entre los 20 países que más bosques pierden a nivel mundial, con lo cual todavía hay trabajo para hacer en ese sentido.
-Y de esas 150.000 hectáreas anuales, que es una tasa menor, ¿mucho se hace sin permisos?
-Mucho, sí. O violando el ordenamiento territorial. En muchos casos no hay permiso y obviamente la multa a veces es parte del costo del proyecto, hay que decirlo. O sea, yo desmonto 2.000 hectáreas, hago mi proyecto, espero que me vengan la multa y la pago porque son chirolas. Y cuando las multas han sido altas, y en el diario alguna noticia que va a salir, que lo van a multar con una multa millonaria, la realidad es que muchas veces ponen abogados y la multa no se termina pagando, se termina judicializando. De todas manera lo que nos interesa a nosotros más allá de la multa es que el bosque en general no vuelve, no hay una decisión política de obligar a restaurar el bosque, aunque la ley lo diga.
-¿De quién es responsabilidad?
-Como te decía, en algunos casos también han habido reglamentaciones de las provincias permisivas que han violado lo que dice la ley nacional de bosque al autorizar en muchos casos, por ejemplo, una ganadería de alto impacto en la zona amarilla, que implica la práctica de un desmonte. Eso es una violación de la ley, pero al mismo tiempo con cierta legalidad otorgada por la provincia en contra de lo que dice la ley nacional. Ahí hay como una discusión jurídica, que nosotros ya hemos planteado en la Corte Suprema frente a casos en los que las propias provincias son las que están violando la normativa, siendo permisivas. Así que un poco con complicidad de los gobiernos, un poco con picardía, entre comillas, de los productores, se sigue desmontando bastante más de lo que se debería. Y al margen de la ley en muchos casos.
-La ley contemplaba estímulos para los que decidían hacer las cosas de otro modo y preservar sus montes. Se supone que tenía fondos para distribuir y compensar a los que decidían preservar.
-Sí, no era una compensación, pero sí era una ayuda al proyecto de conservación o de cuidado del medio ambiente, pero sí, puede ser leído como una compensación en los casos en los que tenías una zona en la que vos tenías una idea de hacer deforestación y no te lo permita el ordenamiento. El ordenamiento funciona como en la ciudad, en las zonas donde se pueden construir torres y en las que no se pueden construir torres, digamos. En un punto es una limitante de la propiedad privada que establece el Estado en algunos aspectos, no en todos. Es verdad que los fondos eran importantes y que sistemáticamente los distintos gobiernos han mandado al Congreso un monto menor a lo que dice la ley. Al mismo tiempo los legisladores tampoco se han puesto muy firmes a la hora de modificar los proyectos de Presupuesto. Todas las provincias que muchas veces se quejan con razón de no recibir los fondos, tampoco sus legisladores han defendido fuertemente la idea de cambiar el proyecto de ley de Presupuesto para que les llegue la plata que le corresponde.
-Ahora estamos peor todavía, porque ese fideicomiso se disolvió y nadie sabe muy bien cómo va a seguir.
-El gobierno de Milei lo que hizo fue eliminar el fideicomiso que básicamente fue creado con la idea de que si sobraba plata no ejecutada quedara para los bosques, no se le echara a mano a fin de año desde el Estado, ni que en cualquier momento del año el gobierno decidiera que necesita dinero y sacada de los fondos de bosque con una simple resolución del Ministerio de Economía o de la propia Jefatura de Gabinete. Por eso se había creado un fideicomiso. Ahora que se sacó, obviamente el gobierno echó mano y no distribuyó lo que quedaba y pone en tela de juicio o en duda que pueda llegar a pasar el año que viene con los pocos fondos que seguramente haya para los bosques, si se repite el presupuesto 2023, que obviamente está muy desfasado. Esto no hace nada bien a la previsibilidad que necesita un proyecto de desarrollo de ganadería sustentable en el bosque o de miel o mismo de conservación, todos esos proyectos requieren una entrega económica y más con un país con inflación como el nuestro. Obviamente tampoco le da a las provincias los fondos clave para el control, porque el 30% de los fondos de la Ley de Bosques va para las provincias para fortalecimiento institucional y eso es menos plata para controlar el desmonte ilegal, menos plata para el control de los incendios. Obviamente estamos preocupados y lo hemos señalado, pero es parte de la política del gobierno nacional que lamentablemente en algunos casos las provincias están acompañando esta idea de flexibilizar la normativa ambiental.
-Si algo perduró como tema objetivo de Greenpeace en Argentina es el tema de ley de bosques. Han sido más consecuentes con este tema que con cualquier otra discusión ambiental. ¿Tienen para rato me imagino?
-Lamentablemente los temas ambientales en general no tienen final, y lo que hoy es una solución puede ser un problema el día de mañana. Muchas veces vamos obviamente también siendo autocríticos de propuestas que hacemos que no funcionan y vamos intentando nuevamente. Obviamente hay también presiones y miradas sobre qué hay que hacer sobre los territorios diferentes y obviamente es un juego de la democracia: todos presionamos para que el estado vaya hacia un lado o vaya hacia otro. En eso vamos a seguir luchando claramente.
