Las Sociedades Rurales del Arco Noroeste de la provincia de Córdoba solicitaron la eliminación de las guías de hacienda porque se tratan de un “tributo que nunca tuvo sentido ni lo va a tener jamás”.
El pasado viernes 22 de noviembre dirigentes rurales del norte cordobés se reunieron el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, para pedirle que gestione la eliminación de las guías de hacienda en la provincia.
“La autoridad del Poder Ejecutivo provincial, en coincidencia de criterios, reconoció el planteo y se comprometió a trabajar desde su lugar con los organismos de gobierno pertinentes”, aseguran los ruralistas por medio de un comunicado.
Las guías de hacienda municipales o comunales son un impuesto cobrado históricamente a todo productor primario para mover el ganado de su tierra –sea una vaquita de un campo de subsistencia o una jaula completa que va a la feria o al frigorífico–; incluso se debe abonar si el movimiento es entre campos propios.
“Estos animales transitan en rutas y caminos por los cuales ya abonamos como contribuyentes. Además, se venden y generan punitorios provinciales y nacionales que vuelven a los municipios y comunas”, resalta el comunicado.
Pero las guías de hacienda, si bien son parte de los usos y costumbres impositivos, la realidad es que representa un cobro que no tiene contraprestación alguna y ese es un requisito básico para cualquier tributo de orden municipal.
“Nada del proceso tiene alguna contraprestación local en nuestro arco noroeste. Nada, pero el ‘frasquito de recaudación’ se sigue incrementando y pasa a ser parte de un presupuesto que vaya a saber de su destino final”, señalaron los ruralistas cordobeses.
La guía, por otra parte, es parte del costo de producción del sector ganadero, lo que implica que, en los hechos, los termina pagando el consumidor argentino de carne vacuna.
“Los ciudadanos exigen que los administradores de nuestros fondos cambien de paradigma. Difícil vemos que se pueda, por cierto, salir de ese círculo vicioso en el que se sienten cómodos intendentes y comuneros. Sólo saben estar atentos al trabajo del prójimo, pensando cómo desde allí alguna tajada se puede sacar”, manifestaron.
Por fin los productores nos avivamos. Es a todas luces un impuesto cobrado por los municipios, sin contraprestacion de servicios. Es otro robo del estado al sector productivo.