Enrique Moro viene masticando el asunto desde 2014, porque él mismo produce en un distrito de clima incierto y condiciones difíciles, Carhué, en el suroeste bonaerense. El ex presidente y ahora secretario de Asagir tiene claro además que los productores argentinos están sometidos cada cuatro o cinco años al daño que provoca la sequía. Y por eso caen como moscas. Razón no le falta: las hubo en 2008/09, en 2013/14, en 2017/18 y ahora más recientemente, la más dañina de todas, en la campaña 2022/23.
Moro, de tanto machacar con la necesidad de que la actividad cuente como en otras partes del mundo con un seguro agrícola multirriesgo, ahora integra un grupo de trabajo que involucra a varias entidades de la cadena agrícola (Fundación Barbechando, Aapresid, los grupos CREA, Coninagro, el Consejo Agroindustrial Argentino y las entidades representativas de las cuatro cadenas) y que insistirá una vez más con el asunto presentando un proyecto de ley ante el Congreso. Esta vez frente a un gobierno como el de Javier Milei, que hace culto del déficit cero.
La discusión sobre un seguro agrícola multirriesgo que reemplace la vieja e ineficiente normativa sobre Emergencia Agropecuaria ya se intentó una vez en tiempos de Cristina Kirchner, en 2013, cuando se pensó en un esquema “obligatorio” que no prosperó por los altos costos. Luego, en 2018, la gestión de Mauricio Macri intentó un modelo algo más barato, pero tampoco hubo suerte. Todos estos intentos chocaron contra los problemas presupuestarios recurrentes del Estado.
Pero Moro, en diálogo con Bichos de Campo, se mostró optimista respecto de que esta vez será posible convencer al gobierno nacional de que apoye la iniciativa legislativa para crear un sistema de seguro agrícola, que esta vez se propone como “optativo”, porque ya hay consenso previo de toda la cadena (incluyendo a las compañías aseguradoras) y porque la última sequía dejó una gran lección: es mucho más la plata que recuperaría el gobierno en otros impuestos si hubiera un seguro agrícola en vigencia.
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El directivo anticipó que en los próximos días, ese colectivo de entidades agrícolas presentará públicamente un nuevo proyecto legislativo para crear un Seguro Agrícola en la Argentina. En su caso, Moro comenzó a masticar este difícil asunto porque su partido, Adolfo Alsina, integra el denominado Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense, que busca políticas diferenciales para esa región. “Acá es más importante el seguro forrajero que el agrícola, pero es un seguro al fin”, define.
Como coordinador del área de seguro agrícola en Aapresid, Moro sabe bien de los anteriores fracasos. Pero cree que vale la pena insistir porque “todo el mundo agrícola que tenga similares características a nosotros tiene seguros de este tipo. ¿Por qué no lo tiene Argentina?”, se pregunta.
-¿Y qué tiene de diferente esta vez?- lo interrogamos.
-En el 2014 estaba todo muy ordenado para salir. A último momento, lo quisieron sacar obligatorio. Las entidades agropecuarias nos opusimos, porque no queremos nada obligatorio. Y entonces se frustró a último momento. Después vino el gobierno del 2015 al 2019, con la postura de que nos teníamos que arreglar exclusivamente entre productores y compañías de seguro, pero… Ahora esta propuesta es voluntaria del productor, y voluntaria de las compañías de seguro.
-Todo el mundo dice que es imposible un esquema de seguros agrícolas sin alguna participación del Estado.
-Exactamente, por dos motivos claves. Primero porque hay que arbitrar, porque las regiones son diferentes, los riesgos son diferentes, y entre privados es muy difícil determinar las regiones con mayor y menor riesgo, que es el primer trabajo que se tiene que hacer. El único que tiene el poder de arbitrar eso es el Estado. Y en segundo lugar, sin la participación del Estado, los números no cierran, ni acá ni en ningún lugar del mundo. Podemos mirar Brasil, Uruguay, Paraguay, el país que queramos. Siempre tiene una participación inicial del Estado, que la recupera con creces vía impuestos.
-¿Cómo es eso?
-En la Argentina de las últimas cuatro décadas, tenemos una Niña, que es la que nos pega más fuerte, cada cuatro años. No hace falta recordar que una de las más drásticas fue hace dos años. Concentrémonos un segundo en el 2023. Todo el mundo sabe que debido a la sequía faltaron 20.000 millones de dólares. El gobierno que se fue, el que vino, todo el mundo… Estos son los males que nos pasaron por culpa de eso. Vamos a suponer que solamente se hubiera podido cobrar el 50% de seguros, hubiera podido cobrar. Como la aseguradora argentina tiene que reasegurarse en el exterior, esos 10.000 millones hubieran ingresado vía Banco Central. En el circuito le pagan las reaseguradoras a las aseguradoras nacionales, ellas a los productores, los productores a la agronomía, a las estaciones de servicio, a los bancos, a todo el mundo. De nuevo en el circuito económico, esos 10.000 millones hubieran representado otros 10.000 de ingresos entre nación y provincias. Y todo si el Estado hubiera invertido el 10% de esa suma en el seguro. Entonces es claro que en el tiempo, en la película, el Estado lejos de poner, recupera y gana. Pero sobre todo le da estabilidad a la economía.
Moro considera que las fuertes y recurrentes sequías son una de las grandes razones por las que desaparecen los productores agrícolas que, descapitalizados y sin ayuda, se quedan en el camino. “Si miramos la estadística desde cuando vino la democracia a hoy en día, tenemos un tercio de productores, Hay un fenómeno a nivel mundial que es el volumen de producción, donde cada vez hay menos empresas con mayor volumen. Pero en Argentina no hay red. El crack sucede cuando no hay red. Cada cuatro años hay un sector de la producción que deja de serlo.
El activo productor dice que la cadena agrícola jamás abandonó la idea de contar con un sistema de seguro agrícola, aunque reconoce que “hay que arrancar de cero en cada gobierno”.
“En esta oportunidad ya hubo reuniones con legisladores, con muy buena adopción porque la mayoría son de las provincias. Hay un espacio que se define como ELIA, Espacio Legislativo Interpartidario Agro, donde hay casi 50 legisladores que están agrupados en ese lugar. Y con 25 de ellos, con dos presidentes de comisiones, se hicieron las primeras reuniones para reinstalar esta ofensiva en el Congreso.
Pero el directivo de Aapresid y Asagir aclaró que intentarán tener consenso en el gobierno de Milei. “Como vemos que hay alguna desaveniencia entre ambos poderes, vamos también a ir al unísono con el Ejecutivo. Estamos tratando de llegar para poder explicar la necesidad de tener una ley de este tipo”, ratifica.
-¿Está consensuado ya con las aseguradoras?
-Sí, correcto. Estamos en consonancia con las aseguradoras. Si no, no tendría lógica. Y somos entre 12 y 14 entidades de la cadena. Hay una buena masa crítica. La idea es poder llegar al Ejecutivo para hacerles notar que no sería gastar sino invertir. El famoso “no hay plata”. En este caso es una inversión inteligente donde se invierte para ganar.
-¿Y la inversión del Estado cómo sería? Porque siempre se habló que había que subsidiar cierta parte de la póliza, pero además vos decís que hay que hacer un buen mapa de riesgos por zonas.
-Las dos cosas. Hoy el Estado tienen autoridad para determinar regiones en cuanto al riesgo, pero a su vez de una parte de la póliza se debe hacer cargo el Estado, como lo hace en todos lados del mundo. Sino es imposible para el productor solo abonar esas pólizas. A su vez para el Estado hay muchas cosas para tener en cuenta, como por ejemplo el arraigo, el aspecto social, porque un productor deja de serlo, termina yendo a un conglomerado urbano, donde después lo termina de una forma u otra manteniendo el Estado. Entonces hay cuestiones de política de Estado, que es conservar la gente en el lugar donde produce y seguir con su actividad y no tener que dejar de serlo y trasladarse a un centro urbano.
