Nadie podrá decir del diputado nacional Sergio Acevedo forme parte de un kirchnerismo residual que lo único que intenta es hacerle daño al campo. Todo lo contrario, este ex gobernador de Santa Cruz en 2003 es acaso el primer político que se peleó públicamente con Néstor y Cristina, dando un portazo y renunciando a su cargo en la provincia.
Hecha esta aclaración, sí sorprende que Acevedo -que proviene de una provincia que casi no tiene vacunos- haya sido el autor de un proyecto de ley que propone discutir si resulta necesario mantener el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Anticipando su posición, el político anticipa suposición y propone la derogación de la ley que lo creó en 2001.
“Las funciones que la ley 25.507 asignaba al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina serán ejercidas por la Subsecretaría de Ganadería y Producción Animal, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación”, propone un artículo del proyecto presentado hace unas semanas por el diputado, para promover “la liquidación y disolución” de ese ente de derecho público no estatal.
¿Y cuál es el argumento a favor de esa posición tan drástica? Que en el gobierno de la Alianza, en noviembre de 2001, “se creó un organismo privado que recibe una suma gigantesca de dinero público mediante una suerte de impuesto que, tal vez de modo inconstitucional se destina a un instituto privado, en lugar de a las cuentas estatales”.
“El Instituto recibe fondos que, a nuestro modo de ver, son públicos porque
provienen del cobro de un tributo. El Estado lo recauda y lo entrega al privado”, se explaya el diputado, haciendo referencia al aporte obligatorio que por cada cabeza bovina que va a faena deben hacer los productores y las plantas frigoríficas.
“Sin dudas, este proyecto libera a la producción de una carga tributaria”, evalúa Acevedo, para quien está claro que “los sectores más concentrados de la industria cárnica controlan el Instituto”, y que “son sectores que se quejan de que se recarguen los costos de la producción, pero no se quejan si esos recargos son administrados a gusto y placer por ellos mismos”.
Según esta mirada, los representantes de entidades rurales y cámaras frigoríficas que administran los fondos, con el aporte compulsivo que cobran y que se recargaría a los precios pagados por el consumidor, “aumentan los costos de la carne y promueven una política de liberación de precios y fijación de los precios en la paridad de la exportación. Es decir, lo que promueven es que todo se exporte y se reduzca el consumo de carne por los argentinos”.
Este es el proyecto de Acevedo:
Es urgente la disolución de este nefasto ente
Qué esperamos?