La intención del gobierno de implementar un sistema trazabilidad individual para todo el rodeo vacuno a partir de enero de 2025 levantó voces de protesta en muchas regiones ganaderas porque esa medida implicaría sumar costos adicionales a la actividad.
Este lunes el secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía, Juan Pazo, se reunió en la sede de la Sociedad Rural de Corrientes con referentes ganaderos de Confederaciones Rurales (CRA) para explicar cuál es el plan del gobierno nacional en la materia.
Pazo aseguró que se está pensando un sistema progresivo por implementar a partir de enero de 2025, el cual, si bien será optativo inicialmente, al cabo de cuatro años sería obligatorio para todas las categorías bovinas.
La referencia obligada, cuando se tratan cuestiones relativas a la trazabilidad individual bovina, es Uruguay porque esa nación tiene una vasta experiencia con esa tecnología.
En enero de 2004 las autoridades uruguayas lanzaron el Programa Piloto de Trazabilidad Individual (PTI) para introducir, de manera voluntaria, los primeros identificadores en el rodeo bovino oriental.
A cada cabeza de ganado vacuno –por primera vez– se le colocó en una oreja una caravana visual con el número impreso (para permitir la identificación del animal a simple vista) y en la otra un dispositivo electrónico de radiofrecuencia (para almacenar el mismo número de la caravana visual).
El programa piloto se extendió por más de dos años y medio. Y el 1 setiembre del año 2006 la trazabilidad individual en bovinos se hizo obligatoria a nivel nacional a partir de lo dispuesto por la Ley 17.997/06. Los datos que deben ser registrados son edad, sexo, fecha nacimiento, raza, propietario y lugar físico de nacimiento.
El nuevo sistema permitió comenzar a conocer los sitios en que estuvo cada animal desde su nacimiento, la fecha de ingreso y salida de cada sitio, la identificación de los animales que compartieron esos mismos sitios y la localización actual de todos los animales que estuvieron en contacto con un animal determinado. Ese seguimiento es posible gracias a que todo movimiento, cambio de propiedad, muerte o extravío de animales identificados es notificado –vía telefónica o digital– por los productores ganaderos al Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG).
Para tal notificación los productores deben recurrir a los servicios de un operador o transportista autorizado por el SNIG, los cuales cuentan con equipos, capacitación y claves de seguridad necesarios para llevar adelante tal exigencia.
La clave es que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay (MGAP) entrega gratuitamente a los productores los dispositivos de identificación, los cuales, además, son distribuidos sin costo alguno para los ganaderos.
Es decir: de los identificadores se encarga el Estado tanto en lo que es adquisición como distribución a los productores. Los lectores, en cambios, deben ser adquiridos por los usuarios.
La información generada es de carácter confidencial y su uso está restringido a la trazabilidad individual, lo que implica que los datos procesados no son utilizados por las autoridades tributarias.
El espejo uruguayo es clave porque el modelo argentino que se está diseñando no contempla la distribución gratuita de los dispositivos de identificación porque el costo de los mismos tendría que ser asumido por los ganaderos.
Si a eso le sumamos que el Estado será el que regulará cuáles serán las empresas habilitadas que podrán comercializar los dispositivos, no son pocos los que temen que la norma finalmente termine –como suele suceder en la Argentina– en un “coto de caza” privado usufructuado por un puñado de personas.
En argentina van a costar el doble o triple de lo que valen realmente, como sucede con la vacuna de aftosa.