Un nuevo proyecto de Ley de Bases comenzó a elaborar el Gobierno Nacional, en vistas a su aprobación parlamentaria en los próximos días. El borrador que impulsa ahora Javier Milei, no incluye ninguno de los temas que habían sido rechazados por el sector agropecuario en el anterior proyecto legislativo, que fracasó en el Congreso.
En este nuevo borrador que circula entre representantes del poder legislativo, se puede advertir que ya no están los temas más controversiales: adhesión de Argentina a UPOV91, un acuerdo por la propiedad intelectual de las semillas; capítulo completo referido a retenciones; apartado de biocombustibles; Ley de manejo del fuego; Ley Federal de Carnes; Intento de privatización de INTeA. Tampoco aparece la iniciativa que pretendía imponer cuotas sectoriales de emisiones de gases de efecto invernadero, algo que hubiese resultado muy perjudicial para la ganadería.
Todos estos ítems que estaban incluidos en el proyecto original de Bases, o Ley Ómnibus, no están por ahora en el borrador del nuevo proyecto, pero si se mantienen otros, como la desregulación –o quita de facultades- del Instituto Nacional de la Yerba Mate (y demás organismos descentralizados) y la eximición de pago de derechos de exportación a los grandes inversores que se adhieran al RIGI, luego del tercer año de inversión.
Con el antecedente reciente de la redacción permanente y modificación incluso sobre tablas en el Congreso de la Nación, este borrador promete, por ahora, un acercamiento al sector agropecuario, con guiños a las entidades gremiales que hasta hace pocas horas advertían por temas como el uso propio de la semilla y la adhesión a UPOV91.
En este tema en particular, Federación Agraria recordó estar en contra de esta idea impulsada por los brazos políticos y técnicos del gobierno, como INTA y la secretaría de Agricultura, poniendo de manifiesto la voz de los pequeños y medianos productores, al igual que otras entidades del sector.
En el apartado de los biocombustibles, quienes estaban mayormente en contra eran las provincias y las pymes elaboradoras de producto para cortar con los combustibles fósiles, particularmente Santa Fe, Córdoba y Tucumán, provincias elaboradoras de biodiesel y bioetanol, que veían como las grandes empresas podían depredar el mercado bajo el proyecto anterior, poniendo en riesgo múltiples fuentes de empleo en dichas provincias.
INTeA no figura por ahora en la lista de empresas “privatizables”, lo que sugiere un alivio para el sector académico argentino que manifestaba su preocupación al respecto. En el nuevo borrador de la ley, INTA y Conicet figuran como intocables, al menos excluidas de la lista de las que podría disolverse totalmente.
Las retenciones, o derechos de exportación configuran desde hace años el reclamo principal del sector agropecuario, en especial de las asociaciones de productores como la Mesa de Enlace, que reclamaron históricamente por su eliminación, hasta que el gobierno libertario había intentado incrementar de forma masiva ese impuesto, proyecto que naufragó.
Por ahora ese debate no figura en el borrador de proyecto de Ley, dejando un sabor a optimismo en el sector agropecuario, pero con la guardia alta: Hasta que no se formalice o directamente se apruebe, nadie se animará a festejar.
