El secretario de Agricultura, Fernando Vilella, suele enojarse con los informes periodísticos de Bichos de Campo que le cuentan algunas cosas que él mismo, como recién llegado que es, desconoce pero que suceden dentro del organismo que ahora le toma manejar. Suponemos que no quiere que le marquen la cancha y eso está muy bien. Ante todo: Viva la libertad, carajo.
Pero luego de una nota de este medio que contaba como la gestión saliente de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (la ex ONCCA) interrumpió los procesos para implementar controles electrónicos sobre molinos harineros y frigoríficos de bovinos, dos sectores que evaden impuestos por cifras multimillonarias, Vilella ordenó a sus funcionarios tomar el asunto y ver qué pasada.
Esos sistemas de control, que fueron implementados durante el gobierno de Cambiemos con fondos del sector privado, comenzaron a desmantelarse a partir de la llegada a ese organismo del gris contador Luciano Zarich, entre marzo de 2021 y el reciente cambio de gobierno.
Ante esta noticia, y tal como revela un expediente GDE (¿El presidente Milei ya aprendió de que se trataba?), el subsecretario de Mercados Agropecuarios designado por Vilella, el economista Agustín Tejeda Rodríguez, solicitó a Gerónimo Sarria, el coordinador técnico de la ex ONCCA y segundo al mando en tiempos de Zarich, un informe sobre la situación de ambos sistemas de control.
La primera confesión hecha allí por Sarría es que cuando esa gestión fue designada en febrero de 2021 (con el visible objetivo político de trabar las exportaciones de carne a partir del mes siguiente), los sistemas de control estaban en funcionamiento, aunque con algunas deficiencias. Vale recordar que poco más de un año antes, había asumido el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Casi de inmediato se detuvo la ofensiva antievasión encarados durante la gestión macrista, por el ex titular de la AFIP, Alberto Abad, y el ex titular de la ONCCA, el veterinario Marcelo Rossi, con mucho respaldo del sector privado.
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El Controlador Electrónico de Faena (CEF) que debían implementar los frigoríficos para controlar a distancia la cantidad exacta y el peso de las cabezas faenadas había sido creado por resolución en 2017. Por otro lado, los Controladores Electrónicos de Molienda de Trigo (CEMT), que medían el volumen de trigo procesado por cada planta y el consumo eléctrico utilizado en el proceso, se implementaron un año después, en 2018. Ambas resoluciones fueron dictadas por Rossi, un técnico de reconocida militancia en el radicalismo.
Todo estaba en vías de implementación -y con costos a cargo del sector privado- cuando el cambio de nuevo gobierno comenzó a ralentizar el proceso. De todos modos, cuando asumió Zarich en 2021, según admite su subalterno, había 440 equipos de control instalados en 365 plantas frigoríficas, aunque eran pocos los que estaban enviando datos remotos a la sede central de la ONCCA.
En el caso de los molinos también los CEMT comenzaban lentamente a funcionar, a punto tal que en junio de 2019 las autoridades informaban que había 161 equipos vendidos por nueve empresas proveedoras, de los cuales más de 140 estaban transmitiendo datos hacia el centro de monitoreo instalado en un edificio de la calle Azopardo, vecino a la Secretaría de Agricultura. Solo con esa medida, la molienda regular había crecido inmediatamente en 50 mil toneladas de harina.
Por supuesto que había problemas que resolver luego del cambio de gobierno, como la necesidad de adaptar programas informáticos y desarrollar nuevas plataformas para procesar la gran cantidad de información que había comenzado a llegar vía electrónica. Pero luego de cambio de gobierno, con el regreso del peronismo al poder y sobre todo a partir de la asunción de Zarich en la ex ONCCA, hubo una clara discontinuación de este esfuerzo fiscalizador por parte del Estado.
El propio Sarría reconoce en su informe a las nuevas autoridades que ellos no pudieron resolver (o no quisieron, que es lo más probable) ni siquiera la designación de técnicos en informática que, por el contrario, migraban del Estado buscando mejores salarios en el sector privado.
“El área de informática actualmente cuenta con escasez de desarrolladores. Por ello el plan depende de la firma de convenio con UTN y que esa asignación de recursos se pueda hacer exclusivamente a este plan”, escribe Sarría a la hora de enumerar excusas.
El funcionario también afirma que conspiraron “los sucesivos cambios en estructuras jerárquicas del Ministerio que pasara posteriormente a Secretaría dependiente del Ministerio de Economía, hizo que se fueran pausando las tratativas con los diversos titulares de la Subsecretaría de Gestión Administrativa y su dependiente la Dirección de Tecnologías de Información y las Comunicaciones”. Pero esto sucedió recién a partir de la unificación dispuesta por el ex ministro Sergio Massa a mitad de 2022. Antes Agricultura tenía rango ministerial y tampoco sucedió nada.
Sarría, que ahora dice valorar “la importancia de esta información (obtenida de los controladores), su sensibilidad y necesidad estratégica”, también contó que la gestión de Zarich intentó llegar a un acuerdo con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para el Rediseño del proyecto CEMT. Pero confesó que “el intercambio entre autoridades no llegó a buen puerto y no pudo conseguirse que se desarrolle la solución. No cuento con la información de los motivos esgrimidos del porqué”, se excusa otra vez.
Como sea, terminó sin funcionar algo que había comenzado a hacerse operativo y que ofrecía buenos resultados en la lucha contra la informalidad en dos núcleos duros de la evasión fiscal, la carne y el harina de trigo. Fue una mezcla de decisión política, ante el cambio de signo de gobierno, pero también la visible inoperancia, incapacidad y acaso complicidad mostrada por Zarich y el propio Sarría a partir de febrero de 2021, hace ya tres años.
Este es el informe completo, plagado de excusas:
NO-2024-13531946-APN-DNCCA%MEC (2)
“Es mi humilde entender que todavía el sistema CEMT cuenta con posibilidades de desarrollo llevado a su máxima expresión de posibilidades ilimitadas de alcance. Incorporo también el proyecto resolutivo que se trabajó puertas adentro de la DNCCA y que los tiempos de gestión no permitieron implementarse o plasmarse”, dice en el final de su informe ese funcionario público. Y hasta ofrece sus servicios.
Pero en este documento, no hizo más que confirmarle a Vilella lo que ya había anticipado Bichos de Campo. Bienvenido sea porque ahora pueden corregirse las cosas pendientes y se puede retomar un trabajo anti evasión que quedó trunco y es más necesario que nunca, porque los niveles de informalidad fiscal (y sanitaria) se han disparado.
Un buen modo de recomenzar la tarea sería expulsar del Estado a quienes, por acción o por emisión, finalmente terminaron siendo funcionales a los evasores.
Bravo Marcelo Rossi