Julián Domínguez fue ministro de Agricultura de este gobierno entre septiembre de 2021 y agosto de 2022, por segunda vez en su carrera (ya lo había sido con Cristina Kirchner). En ese corto lapso, lanzó múltiples programas que apuntaban a incrementar la producción. Uno de ellos y quizás el más publicitado fue el Plan GanAr, que como su nombre lo indica pretendía dejar atrás el estancamiento de la producción ganadera bovina en la Argentina, y prometía para ello créditos blandos para los productores por 100.000 millones de pesos.
Casi nada de todo aquello que se había prometido sucedió. El área de Agricultura fue degradado de Ministerio a Secretaría y Domínguez dejó el cargo en agosto de 2022, reemplazado por Sergio Massa como nuevo ministro plenipotenciario y por Juan José Bahillo como secretario. Ese cambio fue la excusa perfecta como para que el famoso Plan GanAr (que incluso ya tenía merchadising publicitario), nunca se pusiera cabalmente en marcha, a pesar de contar con bastante consenso entre los productores.
Se burlan de nosotros. Los políticos a cargo de este gobierno lo hacen. Ahora que faltan unas pocas semanas para el cambio de gobierno, y con la piel de candidato oficialista, el ministro Massa reavivó a ese agónico programa de desarrollo ganadero, lo sacó de los cajones, y dictó la correspondiente reglamentación para ponerlo en funcionamiento.
La burocracia (y el oportunismo político) en la Argentina estuvo cerca de batir un récord: anunció un programa en diciembre de 2021, lo formalizó en mayo de ese año y recién aprobó su reglamento casi llegando noviembre de 2023, casi dos años después.
En efecto, la Resolución 1615/2023 que lleva la firma de Massa y se publicó este lunes en el Boletín Oficial define en su primer y casi único artículo: “Apruébase el Manual Operativo del Plan de Ganadería Argentina, en adelante Plan Gan.Ar, creado por la Resolución 95 de fecha 1 de mayo de 2022 del entonces Ministerio de Agricultura”.
Como bien dice ese párrafo, el Plan Gan.Ar había sido formalizado por la Resolución 95/2022 firmada por Julián Domínguez, quien luego de ser desplazado del gobierno por Massa estuvo varios meses recluido, supuestamente ofendido por la degradación de Agricultura, pero que ahora volvió al ruedo y se presentó como “asesor” del nuevo ministro en varios actos de la campaña electoral. Pero en realidad la iniciativa venía de unos meses antes.
Pero en realidad el plan había sido lanzado con un gran énfasis publicitario, característico de las gestiones de Domínguez, en diciembre de 2021. En ese momento se discutían los cupos para la exportación de carne vacuna que había reimplantado el gobierno en abril de 2021, el ex ministro calificaba ese alimento como “un bien cultural” de los argentinos y decía que la manera de salir del laberinto de las prohibiciones era con más producción de carne. Por eso lanzó pomposamente este Plan Gan.Ar, del cual no se supo demasiado más. En cambio, los cupos a la exportación de carne y la prohibición directa a exportar siete cortes populares sigue en vigencia, por lo menos hasta fin de 2023.
Esta es la publicidad oficial. Tiene linda música de fondo:
En diciembre de 2021, veinte años después de la gran crisis que desencadenó la peor crisis política de la Argentina, Domínguez jugaba al estadista: “La decisión del presidente Alberto Fernández es aumentar la producción de carne, tanto para facilitar el acceso a todos los argentinos como para generar previsibilidad y confianza a toda la cadena”, afirmó el político bonaerense durante una reunión con ministros provinciales que se desarrolló en la sede porteña del Ministerio de Agricultura.
El Plan GanAr había sido redactado con ayuda de técnicos del INTA, Senasa y universidades públicas. E iba a incluir beneficios orientados a promover un aumento del peso de faena y el porcentaje de destete a través de créditos a tasas subsidiadas, además de estímulos para inversiones en genética y sanidad animal. Luego se explicitó que esos créditos llegarían a los 100.000 millones de pesos (de aquel entonces) y que solamente el Banco Nación pondría la mitad de ese dinero.
Adicionalmente Domínguez dijo que se crearía con “rango institucional” un “consejo consultivo” que tendría el tarea de realizar el seguimiento de las medidas tomadas y posibles readecuaciones futuras. Ese ámbito estaría integrado por el Consejo Federal Agropecuario; Coninagro, CRA, FAA y SRA; todas las cámaras que representan a la industria frigorífica; los gremios representantes de los trabajadores; la Cámara Argentina de Feedlot; la Mesa de la Carne; el Ipcva; la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores y la Asociación de Productores Exportadores de la Argentina (APEA), entre otras entidades. Nunca se convocó a una reunión.
Ahora, la nueva resolución dice poco y nada sobre toda aquella perorata, que tenía como objetivo publicitario -más que incrementar la producción- disimular el cepo exportador (aunque a Domínguez no les guste ese término) que se montó sobre la industria cárnica exportadora, y que sigue vigente hasta nuestros días. Sí explicita, entre otras cosas, cómo debería funcionar ese consejo asesor.
Este es el texto:
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Otra cosa que sigue inalterable desde entonces es la presencia del veterinario José María “Cacho” Romero en el cargo de subsecretario nacional de Ganadería, a pesar de sus flacos resultados y de que, supuestamente para gestionar estos planes de fomento ganadero, contrató a su hija psicóloga con un alto contrato de la Fundación ArgenInta, que recién se interrumpió cuando Bichos de Campo denunció el caso.
Ahora Massa, meses después de un larguísimo silencio, reactivó el programa ganadero largamente reclamado por el sector productivo, que tanto meneó Domínguez en su publicitaria gestión y que hasta ahora solo brindó recursos concretos a unas pocas provincias, aunque sin detalles públicos sobre montos y mucho menos sobre resultados.
Usted desconfía, por las dudas, si acaso escuché a Massa hablar nuevamente sobre este asunto en los pocos días que quedan hasta el balotaje electoral.
