Se estima que hay unos 12.000 productores de yerba mate en el país, de los cuales la inmensa mayoría tiene muy pocas hectáreas en producción en la provincia de Misiones y por lo tanto practica una agricultura de subsistencia.
Desde principios de este milenio existe un organismo creado por ley que debe ayudarlos, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y para eso recaudará este año unos 3.000 millones de pesos que terminarán pagando los consumidores de la infusión, a través de las estampillas pegadas en todos los paquetes que se distribuyen en el mercado.
La cifra surge de una resolución emitida este miércoles por el Ministerio de Economía, que aprobó el presupuesto anual de ese Instituto.
La actuación del INYM, que tiene bastante control político por parte del gobierno de la provincia de Misiones aunque su directorio está conformado por todas las entidades de la cadena yerbatera, está siendo discutido por los grandes molinos que critican algunas definiciones impuestas desde ese organismo, en especial severos límites a las nuevas plantaciones a partir de 2021. Desde el organismo replican ese argumento diciendo que de ese modo se protege a los productores más pequeños, previniendo una posible sobreproducción de yerba en los próximos años que desplome los precios.
La resolución de Economía, en el contexto de esta discusión, aporta algunos elementos muy útiles para el análisis de la actuación del INYM.
Por lo pronto, el presupuesto 2023 aprobado por el ministro Sergio Massa estima en 3.073.246.240 pesos los ingresos corrientes que tendrá este año el INYM, a la vez que calcula gastos corrientes por 2.721.574.096 pesos. Como consecuencia de ello, se prevé una ganancia al final del ejercicio anual de 351,6 millones de pesos.
El INYM, desde la sanción de la ley de regulación yerbatera en 2002, se financia con la venta de estampillas por Tasa de Inspección y Fiscalización que el propio instituto realiza en las empresas yerbateras. Estas tasas apuntan a velar sobre todo para que vendan en el circuito formal y cumpliendo los precios de referencia que deben pagarse al productor primario por la hora verde y a los secaderos por la yerba canchada. Estos valores son fijados semestralmente por el propio INYM, aunque como allí casi nunca hay acuerdo se terminan definiendo por un laudo de la Secretaría de Agricultura.
El valor de cada estampilla que se adosa a los paquetes de yerba mate elaborada (cualquiera sea su capacidad) estaba en 3,99 pesos hasta el 20 de abril pasado, cuando subió a 7,90 pesos, Desde el 1° de diciembre su valor será de 10,44 pesos, según lo dispuesto por la Resolución 141/2023 de la Secretaría de Agricultura.
En su proyecto de presupuesto 2023, el propio INYM estima que este año se venderían 290 millones de kilos de yerba envasada, en paquetes de diferente tamaño, y que por lo tanto “se prevé para el ejercicio 2023 un volumen de expendio de 480 millones de estampillas”.
En base a estas ventas previstas se calcularon los ingresos por recaudación de la “Tasa de Inspección y Fiscalización” de 3.027.600.000 pesos en 2023. Si se dividiera esa cifra entre una población estimada de 12.000 productores de yerba, le tocaría a cada uno de ellos 252.300 pesos anuales, o más de 21 mil pesos mensuales. Eso es lo que cuesta el INYM prorrateado entre el número de productores.
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Las actividades del INYM se basan en el denominado Plan Estratégico para el Sector Yerbatero (PESY), donde se definen los pasos a seguir en los próximos quince años para fortalecer al sector, tratando de sostener “una actividad yerbatera con la mayor cantidad de actores, competitiva, socialmente responsable, equitativa y ambientalmente sustentable”.
Dentro de ese plan, el INYM trabaja en una serie de objetivos, como la reconversión energética del sector industrial (pasando del uso de leña a combustibles alternativos), la Formación e Investigación con becas a los hijo de los productores, y la cobertura sanitaria de los colonos misioneros.
En este último objetivo se define que se buscará este año “ampliar el Régimen de Cobertura Sanitaria Integral para los Productores Yerbateros, iniciativa que consiste en otorgar en primera instancia una Obra Social a cada productor y su grupo familiar directo, que abarcaría aproximadamente 5.000 pequeños productores”. Ese parece ser entonces el núcleo duro que debería atenderse socialmente en la cadena yerbatera.
Dentro de su previsión de gastos, el INYM prevé para el ejercicio 2023 el inicio de la construcción de una nueva sede, que incluirá “un laboratorio físico químico, microbiológico y de alta complejidad que permitirá hacer las determinaciones de parámetros de calidad” sobre la producción de la infusión más tradicional del país.
En total, según el presupuesto aprobado por Economía, se prevén gastos por 2.721 millones de pesos, de los cuales se prevén gastos de consumo por 2.112 millones (735 millones en salarios y 1.324 millones en bienes y servicios). En tanto, las transferencias al sector privado son mucho más exiguas, ya que suman solo 482 millones de pesos en diversos programas. Además se prevé transferir otros 126 millones de pesos al sector público.
El INYM contaba con una planta de personal de 90 personas al cierre de 2022, y la mayoría de ellas eran empleados administrativos. Para 2023 prevé, según surge de la resolución, la incorporación de dos empleados para el Área de Fiscalización, uno para informática, uno para el Área de Promoción y Desarrollo, uno para Recursos Humanos, uno para el Área Técnica, uno para Legales y uno para el Área de Administración.
