El secretario de Comercio, Matías Tombolini, asumió hace diez meses diciendo que el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) no servía para contener los precios del pan común y debía ser modificado. Pero alguien más importante que él le dio instrucciones, todo siguió como si nada, y ahora religiosamente el funcionario incrementa mes a mes el valor de la bolsa de harina subsidiada, tratando de seguirle los pasos a la inflación.
Este lunes salió en el Boletín Oficial la Resolución 960/2023, que incrementa un 6% el precio de venta de la bolsa de harina 000 de 25 kilos, para llevarlo a 1.991 pesos. De todos modos, es un valor testimonial que se aplica solo a la primera venta a salida de fábrica, porque en el mercado mayorista de la harina es imposible encontrar que alguien venda la bolsa de harina a ese valor. Como Comercio Interior no controla nada, las panaderías terminan pagándola muy por encima de ese precio, a entre 3.000 y 4.000 pesos. Y si acaso tuvieran que comprar de urgencia una bolsa en Mercado Libre deberían pagar tres veces ese valor.
Surge de una consulta a la red que hicimos para ilustrar esta misma nota: País generoso, la harina de Molinos Cañuelas que subsidiamos todos con recursos públicos se vendía allí a 6.150 pesos, es decir tres veces más cara que a salida del Molino. Tombolini, bien gracias.
El FETA, o fideicomiso triguero, nació en marzo de 2022 con el objetivo de subsidiar la harina mayorista para así compensar el alza del trigo provocada por la guerra en Ucrania. El trigo bajó pero la harina siguió subiendo en el mercado local, lo mismo que el precio del pan común, que ya supera los 500 pesos por kilo en muchos comercios minoristas. En un año, subió más del 100%, a la par de muchos otros precios de la economía.
¿Por qué sube el pan si las panaderías reciben la harina subsidiada? Porque se confirma lo que siempre dijeron desde el sector agropecuario y desde la propia cadena molinera, que rechazó de entrada la creación de este fideicomiso: que la harina representa apenas un pequeño porcentaje (de entre 15 y 20%, en los costos de una panadería. Por lo tanto, subsidiar la materia prima impacta poco y nada en los precios finales al consumidor.
Pero el FETA, nacido en la gestión del ex secretario Roberto Feletti, tenía en realidad otro objetivo oculto, que quedó expuesto con el correr de los meses: aportar capital fresco a una empresa, Molinos Cañuelas, que es la líder del mercado (con 25% de la molienda total) pero que a la vez enfrenta una convocatoria de acreedores multimillonaria desde 2021, con un pasivo cercano a los 1.300 millones de dólares.
Molinos Cañuelas, cuyos productos finales están dentro de todos los programas de Precios Cuidados puestos en marcha por Comercio Interior, recibió entre el 70 y 80% de todos los recursos recaudados por el FETA entre abril y diciembre de 2022, cuando rigió un aumento de las retenciones al aceite y la harina de soja, que introdujo unos 350 millones de dólares al fideicomiso. Mientras tanto, unos 120 molinos quedaron al margen del sistema.
Hasta noviembre de 2022, según pedidos de acceso a la información pública presentados por el diario La Nación, el FETA había destinado 14.800 millones de pesos a subsidiar el precio de la bolsa de harina de Cañuelas y otros pocos molinos que aceptaron el sistema. Pero los pagos se fueron acelerando después y en el primer trimestre de 2023 habían ascendido a casi 13.000 millones. Quedaban 17 empresas en carrera, pero Cañuelas siempre se llevó la mayor tajada del dinero.
Pese a su ineficacia, y a que salta a la vista solo alimenta un sistema que beneficia visiblemente a los distribuidores de harina (que compra la subsidiada a 2.000 pesos y la venden hasta dos o tres veces más cara), el ministro de Economía, Sergio Massa, y el propio Tombolini vienen ratificando esta política. Todavía les queda bastante dinero por repartir, entre unos pocos molinos.
Informó recientemente La Nación que “de acuerdo con las fuentes oficiales, el saldo remanente del FETA al 31 de marzo pasado era de 28.563 millones de pesos”. Y agregó: “Según las estimaciones que hacen en el Gobierno, estos fondos tendrían como fecha de finalización la primera quincena de julio. En rigor, el último desembolso se realizaría el 15 de ese mes”.
