El proyecto de Ley de Presupuesto 2019 que el Gobierno nacional envió al Congreso incluye un par de artículos que puso en alerta a la comunidad agrícola, que ya hace unos días había sido sacudida por la reimplantación de retenciones a la exportación. Esos artículos, el 83 y 84 del proyecto redactado por Nicolás Dujovne y su equipo, pide aprobación del Congreso para que el Ejecutivo pueda alterar los derechos de exportación hasta fines de 2020 si lo considera oportuno, elevándolos hasta 33%.
Rebobinemos Don Inodoro: Hace unos días, Mauricio Macri lamentó tener que dar marcha atrás con su principal promesa de campaña al agro, que había sido la eliminación de todas las retenciones menos la de la soja, que iría bajando paulatinamente. Tras dar ese pésame, y en el marco de una fortísima devaluación y de las negociaciones con el FMI, el gobierno redujo las retenciones originales vigentes para el complejo sojero al 18% y para todos los sectores creó una neo-retención de 3 o 4 pesos por dólar exportado. Esto implica que la soja y sus derivados terminaron pagando entre 28 y 30%, mientras que el resto de los productos y servicios ahora dejan en las arcas oficiales un tributo de entre 7 y 12%, según cual sea su agregado de valor.
Ahora que se conoce la letra chica del presupuesto 2019 que se envió al Congreso para su discusión se sabe que el Gobierno se reserva la chance de “fijar derechos de exportación cuya alícuota no pueda superar el 33% del valor imponible o del precio oficial FOB”, según dice el artículo 83. Y que pretende hacerlo aun más allá del primer gobierno de Macri, es decir hasta fines de 2020.
Es decir que lo que hasta hace pocos días era una retención máxima del 12% para todos los productos exportables (menos la soja) podría convertirse de pronto en un mordisco de hasta 33%. Y avalado por el Congreso.
Esto del aval legislativo es otra modificación importante, porque hasta ahora (como hacía el kirchnerismo en sus gestiones tan criticadas por el macrismo opositor de aquel entonces), el Ejecutivo actual se arrogaba el derecho de definir sobre la estructura de retenciones sin consultar al Congreso, como definen realmente las normas.
Por eso el artículo 84, que sigue al que deja la puerta abierta para una nueva suba de las retenciones, pide al Congreso que de por válidos todos los decretos y resoluciones que alteraron los impuestos a la exportación desde que comenzó el gobierno de Mauricio Macri. Incluyendo el decreto inicial que eliminó el tributo para la mayoría de las posiciones arancelarias, el 16 de diciembre de 2015, cuando el campo tocaba el cielo con las manos.
El consultor Andrés Domínguez, que fue uno de los redactores de aquella plataforma de campaña de Cambiemos, explicó que con estos dos artículos “finalmente el gobierno ha reconocido que necesita una Ley para modificar las retenciones e incluyó el pedido de delegación de facultades al Congreso en el Presupuesto 2019, tal como veníamos pidiendo”.
“Además incluye en el proyecto la ratificación de todos los decretos de esta gestion desde 2015 en temas de retenciones, lo que confirma la necesidad de una delegación expresa para que las retenciones fijadas por el Ejecutiva no puedan ser atacadas de inconstitucionales”, añadió el especialista.
Para Domínguez, “de aprobarse esta delegación, se confirma la transitoriedad de las retenciones hasta dicimebre de 2020 (estrictamente no serán transitorias las retenciones, pero sí la facultad para modificarlas por parte del PEN sin intervención del Congreso). Ahora queda la definición en manos del Congreso”, insistió.