Luego de que el gobierno argentino, por medio del Banco Nación (BNA), impugnara por “abusiva y fraudulenta” la propuesta de rescate de la concursada Vicentin, apareció un “festival” de nuevas impugnaciones.
El Banco Provincia (Bapro) presentó este miércoles una impugnación al plan que contempla un rescate de la empresa por parte de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y las filiales argentinas de Bunge y Viterra al indicar que “el acuerdo preventivo ofrecido por la concursada implicaría legitimar un verdadero vaciamiento empresario”.
El escrito considera que el acuerdo es “discriminatorio” y que implica un perjuicio para la entidad “por contemplar quitas que irían del 80% o más del crédito verificado del Banco Provincia”.
Los representantes legales del BICE, otra entidad estatal, presentaron una impugnación al considerar que la propuesta de Vicentin es “discriminatoria, abusiva, ruinosa, inmoral y en fraude con la ley”, dado que, con el pago inicial de 30.000 dólares, la mitad de los acreedores granarios verán canceladas sus acreencias totalmente, mientras que “el BICE tardará doce años para cobrar solamente el 20% de su crédito”.
La propuesta también fue impugnada por el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de los departamentos de General Obligado y San Javier, que trabajan en las unidades de Avellaneda (Santa Fe), al considerar que la propuesta oficial implica el despido de 80 trabajadores de esa zona.
También impugnó la propuesta de Vicentin la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) al señalar que la misma es abusiva, discriminatoria y cuestionar que en el proceso existió “ocultación de activos, vinculada a la venta simulada del 16,67% de Renova SA, 48 horas antes de que Vicentin SAIC declarara en público su propio default, lo cual implicó la salida del 14,41% de todos los bienes del patrimonio de la deudora, que es prenda común de los acreedores”.
Por último, la firma Commodities SA, controlada por la familia santafesina Grassi, presentó una impugnación al sostener que la propuesta es abusiva “al implicar una quita en muchos casos superior al 90% del monto verificado” y que es “de imposible cumplimiento al supeditar el pago a la liquidación de activos cautelados en otros fueros, ajenos a la competencia del juez concursal, comprometiendo la operatividad de la propuesta”. Esto último en referencia a la cusa por presunta estafa contra ex directivos de Vicentin que se tramita en tribunales rosarinos.
En los próximos días el juez concursal Fabián Lorenzini deberá analizar las impugnaciones presentadas y avanzar o no en la propuesta de rescate, que ya cuenta con las mayorías concursales necesarias para poder instrumentarse.
