El 11 de marzo de 2008, apenas 24 horas después de la publicación de la Resolución 125 que establecía las famosas retenciones móviles de Martín Lousteau, los presidentes de las cuatro entidades tradicionales del agro se reunían y daban cuerpo a la Mesa de Enlace. Diez años después, han pasado ya 24 horas desde que el gobierno de Cambiemos reimplantó los derechos de exportación qyue había eliminado a fin de 2015. Pero aquel bloque agropecuario no se ha reunido. Por separado, las ruralistas mascullan bronca y muestran su decepción con la gestión de Mauricio Macri.
La reacción más dura, sin duda, fue la de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), liderada por Dardo Chiesa y conformada por unas 300 sociedades rurales de base. Su comunicado de prensa ha sido durísimo. “El que traiciona la confianza una vez, la puede traicionar siempre”, se titula, dando a entender que será muy difícil recomponer relaciones normales con esta gestión de gobierno.
“La decisión de reimponer las retenciones a la exportación de productos agropecuarios rompe definitivamente la palabra empeñada por el Presidente de la República, en reuniones privadas y anuncios públicos en donde sostuvo la calificación de pésimo impuesto y regresión tributaria, sin embargo a la fecha se han vuelto a instrumentar”, explica CRA sobre esa posición tan dura.
Los ruralistas de este sector, que son más ganaderos que otra cosa, reconocern la crisis económica, pero a la vez lamentan que en estos dos años de gobierno “no se quiso o no se supo achicar el tamaño del Estado y se fomentó un crecimiento del gasto público a límites en que se hizo verdaderamente insostenible”.
CRA también lamentó que al regreso de las retenciones se decidió “sin reparar las profundas diferencias que ofrece el sector productivo en su interior”. Es decir, critica que las autoridades no tomaron en cuenta “si la fruta arrastra una debilidad estructural no recompuesta, o la lana requiere recuperar el 50% de su stock perdido, o que entre el productor de soja de Salta y el de Santa Fe, existe un abismo de costos”.
Omar Príncipe, de la Federación Agraria Argentina, fue igualmente duro, aunque en su caso era más previsible. “Lo primero a decir es que las medidas afectan a muchos sectores, pero desde la Federación Agraria debemos hablar en primer lugar por los pequeños y medianos productores, un segmento de la producción que ya venía complicado, con falta de financiamiento, inflación y suba de tarifas, más altísimas tasas de interés. Nada de lo anunciado hoy apunta a solucionar esos problemas, ni se recoge ninguna de las propuestas que hemos acercad al gobierno nacional en los últimos meses”, se quejó.
Y evaluó la nueva situación. “Está claro que de acá en más habrá dos dólares distintos. Uno para pagar insumos y otro para vender, con retenciones. En trigo o en maíz, habrá que restar el 10 por ciento al valor, con un trigo ya sembrado se cambia la reglas de juego. Hay muchos que se endeudaron para sembrar maíz y se modifica el escenario”.
“Esto afecta mucho a los de menor escala y a las economías regionales, sobre todo cuando nos ponen a todos en la misma bolsa. Cuando el presidente habla de los más vulnerables, debe entenderse en el campo, los pequeños y medianos productores somos la parte más vulnerable de la cadena”, añadió Principe.
Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) los términos no fueron tan duros, ya que esa entidad es la que aportó nada menos que al actual ministro, ahora degradado a secretario, de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere.
“La SRA reitera que los derechos de exportación son instrumentos distorsivos que desalientan la producción, la inversión, el empleo y el comercio exterior, como quedó demostrado en varias oportunidades a lo largo de la historia. Creemos que debieran existir herramientas superadoras para lograr la generación de recursos fiscales, que incluyan a todos los sectores económicos”, indicó un comunicado de esa entidad.
La entidad presidida por Daniel Pelegrina opinó que “las medidas anunciadas desde el Ministerio de Hacienda apuntan al corto plazo, y se manifiestan como transitorias en la búsqueda del necesario equilibro fiscal. Si bien en esta oportunidad también se solicitó un esfuerzo compartido con otros sectores exportadores, insistimos en que la contribución mayor debe hacerse desde el lado de la reducción del gasto público improductivo, sin dejar de atender las necesidades de los sectores sociales más vulnerables”, apuntó.
Pero lejos parece estar la SRA de romper su alianza política con el gobierno. “Desde la Sociedad Rural Argentina nos hacemos eco del mensaje del Presidente que nos convoca a todos los argentinos a trabajar juntos para sacar al país definitivamente de la crisis y terminar con la corrupción. El campo continuará una vez más, colaborando con toda iniciativa que apunte a proyectar a nuestra Nación definitivamente en el sendero del desarrollo”, afirmó su comunicado.
Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, volvió al tono duro y crítico. “Los anuncios no han sido una buena señal para el campo ni para la economía. Han tenido una mirada fiscalista y la solución es la que hemos visto muchas veces: más impuestos. No hay un mensaje claro de mayor productividad y empleo”, evaluó.
El cooperativista evaluó que ahora es necesario convocar a una concertación con diversos sectores. “El problema acá es social, de trabajo y de mercado interno con recesión; por todo ello, no creo que haya más inversiones y ahorros poniendo más impuestos. Alentamos un acuerdo social y político”, dijo Iannizzotto.
