El gobierno –con la gestión ahora en manos del ministro de Economía Sergio Massa– avanza en un nuevo ajuste al sector privado a través de un aumento de las tarifas de servicios energéticos. Pero la “caja” de la política no se toca.
“El monto de los planes y ayudas sociales no es tan relevante comparado con el déficit de las empresas públicas”, aseguró la economista y empresaria agropecuaria Diana Mondino.
“Existen casi cuarenta empresas públicas que reciben ayuda del Estado nacional; si son empresas, deberían ser rentables, pero si saben que siempre van a recibir ayuda del Estado, ¿qué incentivo tienen para ser rentables?”, apuntó durante una charla ofrecida hoy jueves en la Jornada CREA Mar y Sierra de Cultivos de Granos Gruesos 2022.
La economista señaló que destinar fondos públicos a las empresas estatales “no contribuye al crecimiento de la Argentina” y que eso es especialmente dañino si además los montos no provienen de recursos genuinos sino de emisión monetaria.
“¿Por qué el Estado importa energía? ¿Quién controla eso? ¿Cómo se sabe si los precios pagados son los que corresponden? ¿Por qué no lo hacen los privados eso? ¿Cuál es la razón para que no se libere eso?”, cuestionó.
En el primer semestre de 2022, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiero Pública (ASAP), el Estado nacional transfirió subsidios por 521.310 millones de pesos a Cammesa, 191.892 millones a Integración Energética Argentina (ex Enarsa), 28.745 millones a Aerolíneas Argentinas, 12.060 millones a Correo Argentino, 6302 millones a Belgrano Cargas y Logística y 5697 millones a Télam y Radio y Televisión Argentina, entre otros casos. Números que asustan.
Mondino indicó que muchas actividades que están en manos del Estado no corresponde que la gestione ese organismo y que el presupuesto de la administración nacional –sin considerar al Anses– tendría que reducirse a la mitad para poder tornarse sostenible.
Además señaló que el gobierno no tiene incentivo alguno para devaluar el tipo de cambio oficial porque las erogaciones dolarizadas –como intereses de deuda en moneda extranjera o importaciones energéticas– serían impagables, además de provocar una aceleración inflacionaria en un contexto ya muy complejo en ese sentido.
“No sé si va a haber devaluación, pero sí sé que va a haber inflación y casi seguro que va a haber una recesión”, sentenció la economista. “Si vendés bienes durables (que permiten huir de los pesos para intentar proteger el capital), te va fantástico, pero si vendés zapatos, no sé si te va tan bien”, graficó.
También dijo que la suba bestial de tasas de interés realizada por las autoridades monetarias con el propósito de reducir la demanda interna de divisas tiene como contrapartida un aumento –también bestial– del costo de financiamiento. Y eso (tal como ocurrió en los últimos dos años de la gestión de Mauricio Macri) promueve una desaceleración económica.
La economista remarcó, en lo que respecta al sector agropecuario, que pedir una devaluación no es lo más conveniente en la actual coyuntura porque eso incrementaría el precio de los alimentos en un momento en el cual una gran proporción de la población se encuentra en una situación muy vulnerable.
“Lo más apropiado sería pedir una rebaja de las retenciones, pero eso el gobierno no lo va a querer hacer porque implica una reducción de la recaudación tributaria”, aconsejó.
“El principal problema que tenemos hoy en la Argentina es que el 60% de los chicos no están recibiendo la alimentación y educación que necesitan y eso implica que el día de mañana no van a poder trabajar; no podemos permitir que más de la mitad de los chicos argentinos no tengan futuro”, resumió Mondino.
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