Aunque todavía no se conoce la “letra chica” de la propuesta del Ministerio de Agricultura para comenzar a retribuir las regalías a los mejoradores de semillas, el anticipo de Bichos de Campo y las declaraciones del ministro Julián Domínguez diciendo que algo había que hacer para no perder el tren de la innovación agrícola, ya provocaron una reacción negativa del gremialismo agropecuario. Es que lo que ya se sabe parece suficiente como para ir tomando posiciones: el gobierno pretende cobrar una suma fija sobre los granos y eso es de difícil digestión para los ruralistas.
“Se conoció públicamente que el Ministerio de Agricultura emitiría una normativa para el cobro sobre el grano comercializado por los productores, de un monto destinado al pago a los obtentores de regalías por el grano reservado por el agricultor, como semilla para su propio uso”, explicó CRA, la primera entidad rural que se manifestó abiertamente sobre el asunto.
Para este sector, y a pesar de que recién el martes se presentarían detalles de la propuesta a las entidades en una reunión de la Conase (Comisión Nacional de Semillas), por ahora queda claro que la aplicación de un cobro compulsivo “afectaría directamente lo que, para algunas normas, es una excepción expresa de los agricultores a los derechos de obtentor y para otras normas es el derecho del agricultor de destinar parte del grano de su cosecha como semilla de uso propio”.
CRA, como suelen hacer todos al hablar de este tema, arrancó diciendo que estaba de acuerdo en que los originadores de eventos transgénicos deberían “tener un recupero de las inversiones realizadas” para incorporar nuevas tecnologías. Pero también remarcó que frente a esta necesidad de que se respete la “propiedad intelectual” en el rubro de las semillas, también indicó que “la solución debe ser equilibrada entre las partes, obtentores, usuarios y Estado”.
En ese sentido, en un comunicado CRA remarcó que “el esquema propuesto de una tasa tecnológica sobre la venta de granos, más conocido como Regalía Global, solo beneficiaría a una de las partes, los obtentores, que se garantizan el recupero, más que de la inversión realizada, de los gastos de inscripción en el Registro de Cultivares una nueva variedad”.
“Si cada proveedor de insumos tecnológicos -en el agro hay varios- se asociará a esta original idea de garantizarse a través del Estado el cobro de lo que ofertan en una negociación entre privados, sería oportuno recordar que estamos en un sistema capitalista y cada actor asume el riesgo que eso implica”, abundó el ruralismo sobre su posición.
CRA también recordó que en otro momentos histórico (cuando la ex Monsanto comenzó a batallar para cobrar regalías por su soja transgénica), “esta idea del cobro de los derechos de la propiedad intelectual sobre los granos fue descartada de plano, no solo por los usuarios sino también por otros eslabones de la cadena de producción de semilla fiscalizada”.
La nueva propuesta de “tasa tecnológica” sobre los granos de soja y trigo, para CRA, no puede avanzar si no respeta un par de situaciones. Pero la principal de ellas es que “el cobro de este reconocimiento se hará exclusivamente sobre la semilla” y no sobre el producido por estas, que son los granos.
