En un hecho de importancia histórica, el gobierno nacional presentó hoy 12 principios y 23 recomendaciones para que la Argentina cuente con una política común y constructiva en materia de aplicaciones de productos fitosanitarios (remedios para las plantas), tratando de encarrilar uno de los debates sociales más ásperos de los últimos años, nacido de las quejas de poblaciones rurales respecto del peligro que implican de las fumigaciones con agroquímicos, especialmente el glifosato.
De todos modos, el documento elaborado por una comisión técnica conformada en febrero pasado entre los ministerios de Agroindustria, Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología y Salud, con apoyo del INTA y el Senasa, desestimó recomendar distancias mínimas para las aplicaciones de agroquímicos desde los centros poblados, bajo el argumento de que “si se cumplen un conjunto de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) no tiene sentido determinar distancias mínimas precautorias”.
El documento presentado por los ministros Luis Miguel Etchevehere, Sergio Bergman, Lino Barañao y Adolfo Rubistein pone el énfasis en la aplicación de BPA como principal garantía en el buen uso de los productos químicos utilizados en el agro. “Si se aplican determinadas buenas prácticas agrícolas la actividad que se lleva adelante es inocua para la salud de la población y el medio ambiente”, enfatizó el titular de Agroindustria, que en varias ocasiones repitió: “Como principio general, todo depende de que dosis y de qué manera se aplican” los productos.
Ver: Documento Nacional con Recomendaciones en Materia de Aplicación de Fitosanitarios
Etchevehere dijo además el riesgo de mala praxis no es privativo de los ámbitos rurales y las actividades agrícolas, ya que “todos tenemos algún producto acaso más tóxico debajo del lavadero de nuestras casas”.
Hasta el momento, se especulaba que al Grupo Interministerial establecería alguna recomendación de las distancias apropiadas para constituir zonas buffer en torno a las escuelas o los pueblos que conviven con la agricultura, ya que la intención nacional era poner algo de orden al enjambre de ordenanzas municipales y leyes provinciales que regulan en la materia, y que establecen prohibiciones que van desde los 50 a lso 2.000 metros para la utilización de fitosanitarios.
De todos modos esta no es una discusión cerrada, ya que a partir del 20 de julio se abrirá un periodo de un mes para recibir aportes y sugerencias de la sociedad civil y luego se remitirá el documento, a través de los Consejos Federales Agropecuario y de Medio Ambientes, hacia los gobiernos provinciales, ya que finalmente tienen ellos la responsabilidad directa sobre la normativa en cada distrito. Serán ellos los que deberán decidir si toman las recomendaciones nacionales para la redacción de nuevas leyes, finalmente más homogénea en los diferentes distritos. A la vez, se enviará el documento al Congreso Nacional, para el caso de que los legisladores quieran impulsar una ley marco de presupuestos mínimos en materia de aplicaciones de agroquímicos.
“Queremos que haya una base técnica científica objetiva hecha por estos ministerios, para que cualquiera que quiera hacer una reglamentación a nivel provincial o municipal tenga la base científica para poder hacerla. La idea es llevar seguridad a la gente que convive con la actividad agrícola y a toda la comunidad que consume alimentos”, indicó Etchevehere.
El rabino Bergman, pieza clave de este proceso, también destacó que este coumento solo aporte “un marco” que intenta que el debate sobre los agroquímicos se salga de madre, entre gobiernos locales que suelen darle mayor prioridad a sus pobladores urbanos que a sus productores. Según el titular de Medio Ambiente, la intención es que “no haya una situación donde hagamos debates ideológicos cuando lo que necesitamos son plataformas científicas”. También definió la bandera que enarboló la gestiónd e Mauricio Macri al encarar este debate largamente postergado: “Queremos tener producción para salir de la pobreza y generar desarrollo cuidando el ambiente y la salud de la población”, recitó.
Pero quizás Barañao, de Ciencia y Tecnología, fue mucho más enfático respecto de la necesidad de contar con una normativa. “No es un tema menor que el país desarrolle sus capacidades para una intensificación sostenible de la agricultura, porque por mucho tiempo vamos a depender de la agricultura”, indicó. También pidió no hacer legislaciones demasiado rígidas “porque es una temática cambiante y a futuro la mayoría de los fitosanitarios no serán agroquímicos sino productos biológicos. Esto implica una terrible tarea de investigación ya que tenemos que ir migrando nuestra tecnología para poder suplir estos insumos”, advirtió el ministro.
