Un ejecutivo de Molinos Cañuelas habló con Bichos de Campo. La empresa molinera más grande del país está en el centro de las miradas desde que este medio publicó -casi en soledad- que Cañuelas cobró un “anticipo” de 1.100 millones de pesos del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), el fideicomiso estatal creado por el renunciado Roberto Feletti para desacoplar todavía más el precio del trigo local del internacional, que ha subido mucho desde el inicio del conflicto bélico en Ucrania.
La situación es por lo menos llamativa y originó incluso una denuncia penal por parte de diputados de la Coalición Cívica. Por un lado, porque Cañuelas ingresó en concurso de acreedores en septiembre de 2021 con una deuda multimillonaria de 1.300 millones de dólares, y una parte de ese pasivo es con el propio Estado nacional. Por el otro, porque solo otras dos empresas cobraron esa compensación y una de ellas (Molinos Florencia) pertenece a Cañuelas. Y, tercero, porque el grueso de la industria molinera (conformado por otras 158 empresas) ha rechazado ingresar al fideicomiso triguero. Uno de los argumentos en contra -al menos de una parte de ellas- es que se trata de un “traje a medida” para favorecer a una sola empresa. Sí, a Cañuelas.
Pero Cañuelas es Cañuelas, el líder indiscutido del mercado, con cerca del 22% de la molienda total de trigo. El vocero de la compañía indicó que todas esas sospechas son infundadas, aseguró que todo el pago recibido se hizo en un marco de “absoluta transparencia” y aclaró que seguirán adelante con el fideicomiso, y que incluso esperan que el resto de las empresas se sumen rápidamente al operativo para poder vender la harina a los precios pautados por el gobierno. O por Feletti, que ya no forma parte del gobierno.
La fuente dijo que incluso ya existirían 30 molinos haciendo consultas ante la Secretaría de Comercio Interior para poder ingresar al mecanismo, que contempla una fuerte compensación por parte del fideicomiso administrado por el BICE a cada tonelada de trigo comprada por los molinos que ingresen al sistema. Si la tonelada del cereal vale 46.000 pesos en el mercado y antes de la invasión rusa tenía un valor de unos 25.000 pesos, entonces el FETA pondrá los 21.000 pesos restantes. Se supone que para eso dispone del dinero recaudado con el último aumento de las retenciones a la soja.
-¿El fideicomiso sigue? ¿Ustedes seguirán dentro pese a las denuncias?
-Por supuesto. Y en las próximas semanas van a estar adheridos todos al sistema; eso es lo que nosotros calculamos.
El directivo de Molca (Molinos Cañuelas) explicó que el cobro de 1.100 millones de los 1.400 millones de pesos que Feletti ordenó pagarles solo a tres molinos, pese a la resistencia explícita de todo el resto del sector, es justamente un anticipo que se dispuso para vencer una de las resistencias que la molinería expresaba para rechazar el sistema: el temor a que un atraso en los pagos desde el FETA pudiera comprometer seriamente la salud financiera de muchas empresas, llevándolas a la quiebra. Ese anticipo se pagará por única vez y corresponde a la molienda calculada del primer mes de operaciones. Es decir que Cañuelas espera cobrar unos 1.500 millones de pesos por mes. De aquí a diciembre serán casi 10.300 millones.
El anticipo debe ser devuelto, un 25% ni bien se cobre la primera compensación (lo que debería suceder en los primeros días de julio, luego de evaluada la documentación de que Cañuelas compró trigo y vendió la harina a precios subsidiados) y el 50% restante al final del período de vigencia del FETA, en diciembre de 2022.
“Tres anticipos ya se dieron, y también lo van a cobrar todos los molinos que adhieran”, recalcó el vocero, que aseguró que en el caso de Cañuelas “ya estamos vendiendo la harina a los precios ordenados por la Secretaría de Comercio”.
-Si todo el sector se oponía, cualquiera fuese la razón, ¿por qué Cañuelas decidió ingresar a pesar de todo?
-Entramos por un tema de responsabilidad social empresaria. El valor histórico del trigo era de 140 dólares y ahora está en los 400 dólares. En el resto de los casos había desconfianza en el sistema por el tema de la incobrabilidad. La ex ONCCA en 2008/2010 dejó las últimas dos o tres compensaciones sin pagar, quedó muchísima deuda, incluso con Cañuelas. Y eso generó desconfianza. Pero ahora muchas empresas que se presentaron están en proceso de evaluación para poder entrar.
-Cierto sector de la industria sospecha que este es un “traje a medida de Cañuelas”, porque les permite contar con financiamiento en un contexto difícil por el concurso de acreedores…
-Eso es incorrecto, el sistema es absolutamente igual para todos, todos tienen que cumplir con los mismos requisitos. Uno de ellos, en este y otros fideicomisos, es que no haya deuda fiscal. Y la deuda que es concursal no es exigible.
-¿Y van a seguir adelante a pesar de la denuncia penal que han presentado ciertos diputados de la oposición?
-No recibimos una denuncia pero sabemos de su existencia. Es la fiscalía la que primero debe decidir si avanza o no. La denuncia habla de cuestiones teóricas, pero el régimen es absolutamente transparente para nosotros y todo el resto. No nos preocupa, pero tendremos que ocuparnos de la denuncia.
-Otro sector de molinos, fundamentalmente las Pymes, insinuaron que Cañuelas está aprovechando este anticipo para imponer condiciones a sus clientes y ganar porciones de mercado. ¿Qué opinan de eso?
-Lo que tengo para decir es que los que podrían verse afectados son los que venden harina fuera de regla, porque con el fideicomiso los precios van a estar más bajos y ya no pueden competir con todo aquel que venda dentro del sistema. Allí se prevé que los precios de venta sean los que dice Comercio Interior. No hay condiciones especiales en los precios. Y respecto de los plazos de pago, hay que entender porque hay que cobrar lo que se vende, ya que esto no es algo que se regala. Hay que cobrar.
-¿Así que niega que Cañuelas pueda estar aprovechándose de este fideicomiso?
-Nosotros no estamos aprovechando nada. Estamos dentro de un sistema que funciona por disposición del Estado. Es la herramienta que implementó el Estado para tratar de neutralizar la suba del trigo.
