La intervención llevada a cabo por el gobierno de Alberto Fernández en el mercado interno de soja se está realizando por diversos frentes para provocar una profunda distorsión en el sistema de formación de precios.
Hoy el contrato de Soja Julio 2022 del mercado estadounidense CME Group, localizado en la ciudad de Chicago, terminó en 621,2 u$s/tonelada con una suba del 2,0% respecto pasado lunes 16. En ese mismo período, en cambio, la posición equivalente de Soja Rosario en el Matba Rofex cayó 0,9% al pasar de 429,0 a 425,0 u$s/tonelada.
¿Cómo se explica que, ante un mercado internacional en el cual los valores de la oleaginosa “vuelan”, en la Argentina no sólo no crezcan sino que incluso desciendan?
Por un lado, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, está empeñado en implementar el “Fondo Estabilizador del Trigo Argentino” a pesar de que la gran mayoría del sector molinero lo rechaza. Si bien el instrumento, que tiene como propósito subsidiar el precio de la harina de trigo destinada a elaboración de productos panificados artesanales e industriales, aún no distribuyó ningún aporte, ya comenzó a hacer daño en el mercado interno de soja o, más precisamente, en el “bolsillo” de los productores argentinos.
Eso porque el “Fondo Estabilizador” toma aportes provenientes de una alícuota de dos puntos porcentuales de derechos de exportación aplicados sobre las ventas externas de harina y aceite de soja, además de un punto porcentual sobre las colocaciones de biodiésel (que en la Argentina se elabora con aceite de soja). Es decir: sustrae recursos a los empresarios agrícolas con la promesa de redistriburlos al sector molinero, aunque, tal como viene el asunto, el beneficiario sería una sola compañía (Molino Cañuelas).
Pero la extracción de recursos no sólo se instrumenta en la Secretaría de Comercio Interior, sino que también se implementa por medio de la fijación arbitraria de los precios FOB de exportación.
En la Argentina los precios de referencia de exportación de los commodities agrícolas son fijados diariamente por el Ministerio de Agricultura –a cargo de Julián Domínguez–, el cual, supuestamente, se vale de referencias de mercado para elaborar los valores FOB a partir de los cuales, una vez declarada una exportación, se fijan tanto los derechos de exportación por abonar como la liquidación final por ingresar cuando se concreta el embarque.
En lo que va de esta semana, por ejemplo, el valor FOB oficial de la harina de soja correspondiente a embarques realizados hasta el próximo mes de agosto subió un 3,42%, al tiempo que el valor de la Soja CME Julio 2022 experimentó un ajuste del 2,83% en ese mismo período.
Algo similar ocurrió con el FOB oficial para los embarques argentinos de harina de soja por concretar a partir del mes de septiembre próximo, que subieron en la semana bastante más (+3,0%) que el contrato de Soja CME Septiembre 2022 (+2,42%).
Todas estas cuestiones de “numeritos” pueden parecer capciosas, pero están muy lejos de serlo, porque un aumento excesivo de valores FOB implica, en los hechos, un incremento indirecto de los derechos de exportación.
No es causal que las industrias aceiteras argentinas, que ya compraron alrededor de 14 millones de toneladas de soja 2021/22, hayan registrado hasta el momento apenas 7,77 millones de toneladas de harina de soja.
La extracción de recursos realizada a las empresas agrícolas no es gratuita, porque implica que tendrán menos recursos para invertir en las siguientes campañas y, a la larga, eso termina perjudicando la situación macroeconómica por una reducción del ingreso de divisas. La caída del área de trigo es una primera “muestra” de ese fenómeno.
