Al igual de lo que sucedió con el programa nacional que buscó atender la problemática de la Lobesia botrana, una plaga de importancia cuarentenaria conocida comúnmente como polilla de la vid, hace más de un año que el Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentario (Senasa) también retiró su aporte financiero del programa que se enfoca en la Ceratitis capitata, mejor conocida como mosca de los frutos o mosca del mediterráneo.
Esta iniciativa de control es especialmente importante para la región patagónica, que desde 2005 se encuentra catalogada como “área libre” de esta plaga, un estatus sanitario que le permite ingresar con sus frutas de pepita y carozo a decenas de países en todo el mundo. Si las peras y manzanas del Alto Valle todavía tienen destino de exportación es sobre todo por eso.
Dado que la mosca se encuentra presente en varias provincias al norte de la barrera sanitaria, la fiscalización de los vehículos y cargamentos que atraviesan el río Colorado se vuelve clave, al igual que las tareas internas de monitoreo y control, de la mano de herramientas biológicas. Así lo marcan los fruticultores de esa parte del territorio nacional, que además de cubrir ahora la totalidad del costo del programa, miran con especial atención la mantención de la mencionada barrera.
“El programa se viene desarrollando bien. Tenemos alrededor de 2.000 trampas distribuidas al límite entre las ciudades y las zonas productivas. Si bien las detecciones existen y se han declarado emergencias puntuales, hoy la frontera es un freno importantísimo y somos libres de ella”, dijo a Bichos de Campo Sebastián Hernández, presidente de la Fundación Barrera Patagónica (Funbapa), así como de la Federación de Productores de Fruta.
Además de la colocación de esas trampas, el programa contempla el trabajo con moscas estériles, que ayudan a evitar la reproducción de cualquier ejemplar que logre ingresar al área libre.
Las larvas de estas moscas, que previamente fueron irradiadas para este fin, provienen del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (Iscamen), con quien las provincias patagónicas mantienen un convenio desde hace varios años.
Recientemente, el sector frutícola invirtió 260 millones de pesos para incorporar cámaras de frío que permiten adormecer a los insectos estériles antes de su liberación, facilitando su manipulación y distribución, tarea que se realiza tanto en forma aérea como terrestre.
“El programa es de la Patagonia y la inversión es totalmente genuina de los productores, a partir de un canon que se nutre de los aportes por comercializar la fruta. El presupuesto anual para esto es de casi 4.500 millones de pesos. Antes las provincias y Senasa aportaban pero luego lo retiraron”, señaló Hernández.
Según se dio cuenta a este medio, el aporte del organismo sanitario nacional, en particular, rondaba el 30% del presupuesto total del programa, y se destinaba tanto a la compra de las larvas esterilizadas como al pago del servicio encargado de su liberación, tarea que se realiza entre octubre y marzo –cuando las temperaturas comienzan a ser más templadas- en forma continúa.
“La justificación fue que tenían un presupuesto bajo y que no podían continuar con los aportes. Nos tocó a nosotros así como les tocó a muchas otras áreas. Por supuesto que una decisión así no cayó bien porque la actividad en 2024 estuvo golpeada, y tampoco está muy bien este año. No se vende bien la fruta, cayó el consumo y cualquier aumento del canon perjudica al productor. Pero se entendió que era importante seguir con el programa, que hace que el costo no alcance ni al 10% de lo que cada chacarero debería pagar por manejar la plaga él mismo. Hablamos de cinco pesos por kilo de fruta”, indicó el titular de Funbapa.
Y como respuesta a esta presión adicional en el bolsillo de los productores, estos comenzaron a demandar con mayor fuerza el fortalecimiento de las tareas de control en la barrera.
“Nuestro argumento fue muy claro: la plaga no la tenemos nosotros, no está acá reproduciéndose constantemente sino que nos defendemos de su ingreso desde fuera. Como nosotros no podemos cerrar la barrera e impedir el ingreso de fruta desde el norte, creemos que el Estado nacional sí tiene que estar presente. No es que están conteniendo económicamente a una actividad, sino que están conteniendo a una actividad de una plaga que no es responsabilidad nuestra y que nos quita mercados”, afirmó Hernández.
En este sentido, el rionegrino diferenció el asunto del tratamiento que se le brinda a otra plaga de gran importancia para la fruticultura como la carpocapsa (Cydia pomonella). Conocida también como la polilla de la pera y la manzana, esa plaga sí se encuentra instalada en la Patagonia y demanda tareas culturales en las chacras para evitar el cierre de mercados como el de Brasil, que es libre de esa plaga desde 2019 y absorbe el 30% de las manzanas y peras que se producen en el Alto Valle.
En conversación con Bichos de Campo, Miguel Sabbadini, gerente de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), sostuvo: “Senasa sigue haciendo un aporte importante al programa que es mantener la barrera. Sin la barrera para nosotros sería mucho más caro atender una emergencia porque tendríamos que poner una cuadrilla en cada lugar de acceso a la zona regulada”.
A continuación, explicó: “Hemos tenido cuatro o cinco detecciones en los últimos diez años. El operativo contempla definir un radio de unos seis kilómetros desde el punto de detección, así como un montón de otras medidas para el transporte de mercadería que vuelven el trabajo muy engorroso”.
De acuerdo con Hernández, mantener la barrera le implica a Senasa un presupuesto de 7.500 millones de pesos, en donde se incluye todo el personal necesario para los distintos puestos de control.
En paralelo, cada emergencia declarada por la detección de algún ejemplar de mosca de la fruta le cuesta al sector privado unos 300 millones de pesos, que se suman al canon ya pagado en forma regular.
“Se lo dijimos a las autoridades de Senasa cuando vinieron días atrás a la inauguración de las cámaras. Hay que informarle a la sociedad de la complicación del ingreso de frutos hospederos porque suponen millones de pesos en costos ante una emergencia”, remarcó Hernández.
Y concluyó: “Funbapa tiene más de 30 años en funcionamiento y este programa está reconocido a nivel mundial. La barrera significa el resguardo de una zona productiva y nunca vamos a bajar los brazos para defenderla y que funcione como corresponde. No hay forma de que nosotros sobrevivamos si nos la sacan”.
