“Basta de agresiones, basta de falsas acusaciones”. Ese es el lema de una reciente campaña lanzada por la Federación Veterinaria Argentina (FEVA), organismo que desde 1983 nuclea a 19 Colegios y Consejos de medicina veterinaria del país, en respuesta a una escalada de hechos de violencia contra profesionales de ese rubro.
Según dieron cuenta a través de distintas plataformas, en el último tiempo se han multiplicado las agresiones contra veterinarios, tanto por redes sociales como de manera pública, dejando incluso una víctima fatal en la provincia de Córdoba.
“Desde la Federación venimos viendo que ocurren distintas situaciones. Primero en redes sociales o en escraches, que han ido creciendo de forma tal que se transformaron en agresiones. Creo que tenemos que poner un freno a esta situación porque realmente el médico veterinario realiza una práctica en la cual trabaja para la defensa y el bienestar de los animales”, dijo Héctor Otermin, gerente de FEVA, en una entrevista con el periodista Antonio Monteagudo durante el segmento Sanidad Animal y Divulgación Científica, emitido por Canal Rural.
“Se está empezando a dar prácticamente en todos los lugares del país, principalmente en ciudades mayores y en el rubro de pequeños animales. Tenemos ejemplos recientes. El año pasado, en Entre Ríos, una profesional estaba realizando su actividad y no podía brindarle atención una mascota. La persona entró en ira y detrás de un teclado la escrachó públicamente”, indicó el gerente a continuación.
Si bien ese caso se resolvió por medio de un fallo que obligó al acusado a retractarse públicamente y a resarcir en forma económica a la damnificada, eso no es lo que sucede en todos los casos.
“En la ciudad de Córdoba un colega fue escrachado en su consultorio y lamentablemente tomó la drástica decisión de terminar con su vida. Tenemos que entender que no todas las personas están preparadas psicológicamente. El 13 de enero pasado fue el día mundial de la lucha contra la depresión y la Asociación Mundial de Veterinaria emitió un comunicado preocupante, aseverando que los suicidios y problemas depresivos en la medicina veterinaria están 1.5 a 2 veces por encima de la media”, lamentó Otermin.
Frente a esto, desde FEVA señalaron: “Hacemos un llamado urgente a la reflexión y al respeto. Invitamos a toda la comunidad a unirse a esta causa por la justicia y el respeto hacia quienes trabajan incansablemente por el bienestar animal. Reafirmamos nuestro compromiso con los veterinarios y veterinarias de todo el país. Porque cuidar a quienes cuidan, también es nuestra responsabilidad”.
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“Hay que empezar a poner cada uno su granito de arena y valorar el esfuerzo del médico veterinario, su dedicación. Hay que hablar con respecto porque es un profesional y hay que tirarles a esas personas una mano de ayuda. Desde los consejos y los colegios debemos trabajar como lo estamos haciendo en este sentido, pero por sobre todas las cosas un mensaje para el profesional: nunca nos encerremos. Cuando tenemos una problemática de este tipo, el mejor acompañamiento que es charlarlo”, concluyó Otermin.
Por supuesto que, sin importar el tema, las falsas acusaciones deben ser desmanteladas y sancionadas, pero también hay que decir todo. Y si bien hay buenos veterinarios, con real vocación por los animales y la salud pública, también se encuentran casos de desprecio por la vida de un animal, parte de la familia de alguien, a quien rechazan atender por cuestión económica, horaria u otra formalidad. Y basta buscar en redes también el accionar de algún veterinario dispuesto a matar animales porque le “molestan” a él u otros.
Y de modo ya institucional y no individual, al día de hoy los Colegios Profesionales Veterinarios provinciales siguen ejerciendo su poder en contra de los servicios públicos municipales considerando que los servicios veterinarios sólo deben cubrirse de modo privado y no estatal, atacando así los programas gratuitos y masivos de castraciones de perros y gatos que son esenciales para controlar y reducir sobrepoblaciones.
Ningún colegio ni federación profesional puede determinar políticas públicas priorizando el negó privado por sobre el interés y la Salud Pública.