¿Usted, si fuera funcionario público, le transferiría 20.000 millones de pesos de los recursos públicos a una gran empresa que está en convocatoria de acreedores, tan endeudada como Vicentín, y que además le debe a diferentes organismos y empresas del Estado la friolera de 35.000 millones de pesos?
El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner lo hizo. Y en apenas un año, entre marzo de 2022 y marzo de este año. Ahora Sergio Massa, el ministro de Economía de esta gestión, acaba de estirar la vida útil de este mecanismo de transferencias hasta fines de 2023. La empresa en cuestión seguirá recibiendo recursos públicos y posiblemente duplique la cifra. Quizás termine recibiendo hasta 40.000 millones de pesos. A dólares oficiales, son como 160 millones.
Según información oficial a la que accedió Bichos de Campo, el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) que el ex funcionario ultrakirchnerista Roberto Feletti armó en marzo del año pasado con la excusa de estabilizar los precios del pan común, repartió 29.049.831.490,52 pesos desde su alumbramiento y el pasado 20 de marzo. En ese mismo plazo, de acuerdo a la estadística del INDEC, el valor del precio de la harina 000 pasó de 74,22 pesos por kilo a 176,24 pesos, es decir que subió 137%, más que la inflación. El FETA nació justamente para subsidiar los precios de la harina.
De esos 29.000 millones de pesos, las dos primeras empresas molineras de una lista total de 21 cobraron 20.084 millones de pesos, lo que equivale a caso 70% de la plata total en juego. El 30% restante del dinero fue a 19 molinos, que de todos modos son una cifra insignificante respecto de la cantidad total de molinos que existe en la Argentina, y que llega a 153.
La plata que cobraron debía utilizarse para “compensarles” el esfuerzo de volcar la harina a las panaderías a un precio más barato, “desacoplado” del resto del mercado. Pero esa diferencia nunca llegó a beneficiar al consumidor, pues el kilo de pan común elaborado con dicha harina también subió mucho más rápido que la inflación, de 265,.71 pesos por kilo en marzo de 2022, a 546 pesos en abril pasado. Es decir que el pan hecho con harina subsidiada aumentó 106%, siempre según el INDEC.
Las dos empresa que cobraron el 70% de los 29.000 millones de pesos destinados por el Estado a evitar una suba del pan (cosa que finalmente no sucedió), pertenecen al mismo grupo económico: Molinos Cañuelas (Molca) cobró un total de 16.327 millones de pesos, mientras que Molinos Florencia recibió transferencias por 3.756 millones desde el fideicomiso instrumentado por Feletti y continuado por Matías Tombolini, el nuevo secretario de Comercio de la era Massa. El grupo económico que cobija a ambos molinos es el de la familia Navilli, que dirige Aldo Navilli, un empresario de muy buenos vínculos con el poder políticos de turno.
Este video informa bastante bien de quiénes se trata: el fabricante de los bizcochitos 9 de Oro. Curiosamente muchos periodistas kirchneristas difundieron el video en sus programas repletos de publicidad oficial, acaso sin conocer que Aldo y los suyos han sido beneficiados con el desembolso de subsidios por más de 20.000 millones de pesos por el gobierno de Alberto y Cristina. O de Cristina y Alberto, que es lo mismo. Eso sin contar los miles de millones de pesos que Cañuelas ya cobró entre 2008 y 2011, cuando Ricardo Echegaray y Guillermo Moreno distribuían las compensaciones de la ex ONCCA.
Aldo es Aldo Navilli. Tiene una deuda de US$ 1400 millones que dejó de pagar en 2018 y entró en concurso de acreedores, lo que no le impide seguir fijando precios. Un amor. pic.twitter.com/fxWeWpvPGC
— PERIODISTA DE PERÓN (@PERIODlSTAPERON) July 8, 2022
No habría problema si estas compensaciones multimillonarias hubieras finalmente aplacado la suba del precio del pan que come la población. Pero esto no ha sucedido y ni siquiera se ha insinuado. El fideicomiso triguero, administrado por el banco estatal BICE, nunca informó cuántos kilos de harina se han subsidiado. La Secretaría de Comercio Interior, mucho más lejos, jamás controló que los subsidios se apliquen efectivamente en el mercado mayorista. Bichos de Campo ya ha probado que esto tampoco sucede. Quizás Cañuelas venda a salida de fábrica la bolsa de 25 kilos a unas pocas panaderías. Pero su red de distribuidores jamás respetó los precios fijados por el Estado. El propio presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, que tiene una distribuidora en Junín, nos vendió una bolsa con un elevado sobreprecio.
Sucede que en realidad, y es triste reconocerlo, el FETA no ha sido concebido como una política pública para ayudar a la población de bajos recursos sino que nació y se consolidó como un mecanismo para transferir recursos (léase capital de trabajo) a un grupo amigo del poder, que de otro modo tendría muy poco crédito para seguir operando. ¿Por qué razón? Por el sencillo motivo de que en septiembre de 2021 pidió su convocatoria de acreedores y reconoció una deuda multimillonaria por 1.318 millones de dólares. Es un pasivo tanto y más grave que el que dejó la aceitera Vicentin. Pero en aquel caso al gobierno kirchnerista le provocó las ganas de una expropiación. En el expediente de Compañía Argentina de Granos (Cagsa) y Molino Cañuelas (ambas empresas del Grupo Cañuelas controlado por la familia Navilli), la respuesta oficial fue una llamativa ayuda con recursos estatales.
En tiempos de Feletti este fideicomiso triguero para girar recursos hacia un grupo empresario con nombre y apellido se financió con una suba de 2 puntos en las retenciones a la exportación de harina y aceite de soja. Como eso se terminó en diciembre, cuando Massa tuvo que pactar con las cerealeras para lanzar un nuevo dólar soja, el gobierno decidió ahora destinar el 1,3% de la recaudación total de ese grupo de retenciones a estos fines: subsidiar el precio de la harina, lo que es lo mismo que otorgar capital de trabajo a Molinos Cañuelas, para que puede seguir operando en el mercado con plata de todos los argentinos a pesar de sus cuantiosas pérdidas.
Por eso es pertinente la pregunta del principio… la del título: ¿Si usted fuera funcionario público, giraría 20.000 millones de pesos en un año a una empresa que tiene una deuda multimillonaria?
Sobre todo, si buena parte de esa deuda es con el propio Estado, en todos sus niveles y en todas su formas. En el concurso de acreedores, la justicia de Río Cuarto (donde extrañamente se lleva a cabo este importante proceso concursal) ya consolidó deudas con organismos y empresas públicas por una suma total de 34.932 millones de pesos.
De esa suma, 18.807 millones de pesos corresponde a créditos del Banco Nación (que en este caso guarda un llamativo silencio, muy distinto al veto activo que ejerce en el caso de un arreglo para Vicentin); 9.788 millones al Banco Provincia de Buenos Aires; 2.827 millones a la AFIP; 2.322 millones al BICE (que es el mismo banco que paradojalmente administra el fideicomiso harinero); 373 millones con Cammesa, la empresa eléctrica; 346 millones con el Banco Ciudad; 322 millones con el Banco de La Pampa; 78 millones con la administración fiscal de Santa Fe; 36 millones con ARBA y hasta 33 millones con la municipalidad de Río Cuarto.
El Grupo Navilli, a esta altura, se ha recibido como deudor serial de muchos organismos públicos. Nos debe a nosotros. Y sin embargo somos nosotros los que le otorgamos 20.000 millones de pesos de dinero público para subsidiar sus operaciones, sin que esas ventas de harinas signifiquen una mejora -aunque sea circunstancial- en los precios del pan que comemos.
Somos muy boludos, o partícipes necesarios con nuestra pasividad de una maniobra de envergadura mayúscula, en la que perdemos por vía doble, por la que nos deben y por la que cedemos todos los días, como si nada pasara.
Desde el vamos Feletti diseñó los pliegos para ingresar al FETA a medida del mismo grupo empresario, y desatendiendo el rechazo generalizado a ese mecanismo de varios organismos y de todas las cámaras de la industria molinera. Consideró que las deudas de Molinos Cañuelas eran “no exigibles” por estar inmersas dentro de un concurso de acreedores. De otros beneficios, como subsidiar por largos meses las premezclas que elaboraba únicamente esa compañía, no se habla. Feletti también le otorgó un escandaloso anticipo a Cañuelas y Florencia, apenas 48 horas antes de renunciar a su cargo.
Por este tema existe una denuncia penal, que claramente tampoco prospera.
En aquel momento, un año atrás, la mayoría de los molinos pyme eligió no ingresar al sistema de compensaciones. Y hasta ahora mantiene su posición a pesar de que Molinos Cañuelas, con la nuestra, volvió a recuperar posiciones en el mercado, desplazandolos a ellos. “No estamos de acuerdo con el FETA, pensamos que hay mejores herramientas para asistir a los sectores más vulnerables. Este fondo daña a las pymes del interior del país y nunca contuvo el precio del pan”, indicaron desde la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (Apymimra) ante una consulta del diario La Nación.
¿Le daría usted 20.000 millones de pesos a un grupo empresario que debe 35.000 millones al sector público?
Cristina, Alberto y Sergio Massa ya lo hicieron. Y lo seguirán haciendo hasta fines de 2023, con la plata de todos los argentinos. Los productores de soja se quejan diciendo que los dos puntos de las retenciones que destinan a estas causas innobles les corresponden a ellos. Tienen razón, pero una vez que se cobra la plata pertenece a todos los argentinos. Somos todos los que resignamos recursos públicos para subsidiar a un grupo económico casi quebrado, que además nos debe ya mucho dinero.
A todos nosotros. Nos debe y nos manguea, a todos nosotros.
Como integrante del sector agropecuario y dirigente ,siento una gran repulsión al leer estas cuestiones.Estamos pasando situaciones críticas y agobiante en el campo por las cuestiones climáticas y económicas..
PERO ESTA DEFRAUDACIÓN YA ES IMPOSIBLE DE DIGERIR…..!!!!