Este domingo a la tarde el Ministerio de Agricultura, a través de una Comunicación dictada por la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, cerró la posibilidad de anotar nuevos negocios con el principal producto exportable de la Argentina, la harina de soja. La medida, que también alcanzan al aceite de soja, usualmente es la antesala de una suba de los derechos de exportación (DEX) que tributan esos productos. Los dos principales derivados de la molienda de soja hoy pagan el 31% y la primera impresión es que el gobierno podría eliminar el diferencial histórico y subir ese tributo a 33%.
Este es el comunicado oficial:
000005_Comunicado Oficial Marzo 2022
La medida es casi insólita y muestra la urgencia del Fisco por recaudar de dónde sea. Fue este mismo gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, ni bien inició su mandato, el que reestableció la diferencia de alícuotas de retenciones entre el poroto de soja y sus derivados. Fue en marzo de 2020, cuando elevó las retenciones a la soja que había dejado Macri (y que estaban en cerca del 26%) al tope máximo de 33% permitido por el Congreso. Meses después, en octubre de 2020, se estableció que tanto la harina o los pellets de soja como el aceite, los principales subproductos de la molienda de ese grano, tributarían dos puntos menos, el 31%.
Lo curioso es que ese diferencial de retenciones entre el producto primario y los productos industriales había sido eliminado dos años por Mauricio Macri y su ministro de Agroindustria, el ex presidente de la Sociedad Rural Luis Miguel Etchevehere. Es decir que Alberto y Cristina no solo están desandando el camino que ellos mismos decidieron en 2020 sino que, con tal de recaudar unos dólares más, están haciendo lo mismo que hicieron sus máximos rivales políticos. A la hora de buscar dinero, la ideología siempre queda de lado y el campo parece estar siempre a mano.
El cierre del registro de DJVE (Declaraciones Juradas de Ventas de Exportación) conocido esta tarde es una manera que tiene el gobierno de evitar que las aceiteras sigan anotando negocios de exportación. Suele preceder a una suba de retenciones. Por eso en el mercado ya se daba por descontado que al menos el gobierno eliminaría este diferencial histórico que beneficiaba a las aceiteras pues representaba un “menor castigo” a las exportaciones con mayor valor agregado. La Argentina produce unas 40/45 millones de toneladas del poroto y exporta el 95%. Unas 35 millones de toneladas se procesan en las fábricas locales y solo se exporta sin procesar unas 8/10 millones de toneladas anuales.
El complejo sojero, que por si solo explicó cerca del 30% de las exportaciones de este año, aportó en 2021 unos 9.000 millones de dólares en retenciones. No es mucha la diferencia que podría recaudar el gobierno con este cambio, aunque con los altos precios actuales la eliminación de este diferencial -de 31 a 33%- arroje un extra de poco más de 400 millones de dólares, dependiendo del volumen final de las exportaciones.
La analista del mercado de granos Lorena D´Angelo calculó preliminarmente -con una proyección de exportaciones de harina de soja que sería este año de 27 millones de toneladas-, que con este retoque sobre ese producto líder en la oferta exportable local el Estado podría recaudar unos 4340 millones de dólares. Del aceite de soja, en tanto, se exportarían en 2022 por 3,2 millones de toneladas, con lo que la recaudación podría crecer a unos 2.430 millones en caso de llevar la alícuota al 33%.
Queda claro que mucha de la soja que se va a moler para hacer esos subproductos todavía está en el campo, sin cosechar, ya que la recolección comienza en abril o mayo. Una vez más el Estado le cambia las reglas de juego a los productores en mitad del río, o de la campaña agrícola.
Y todo por dinero, como siempre. La suma de ambos productos, según estas estimaciones preliminares, podrían elevar la recaudación actual en ambos rubros de los inicialmente proyectados 6.358 millones de dólares a 6.768 millones, es decir unos 410 millones.
Pero con esta medida, el gobierno está jugando fuerte. Se pondrá en contra del principal sector exportador de la Argentina, un grupo de diez o quince agroexportadoras nucleadas en Ciara-CEC que en su momento también enfrentaron fuerte en 2018 la decisión de Macri y Etchevehere de eliminar el diferencial histórico de retenciones. Ese diferencial -que premia las exportaciones con mayor valor agregado- está vigente incluso desde antes de que volvieran las retenciones en 2002. Era de 2,5 puntos en tiempos del menemismo, luego fue de 3 puntos en el largo reinado del kirchnerismo, más tarde desapareció con el macrismo y ahora había quedado en 2 puntos.
La Ciara-CEC, presidida por Gustavo Idígoras, ha sido además uno de los principales soportes para el Consejo Agroindustrial Argentina (CAA), una entidad que agrupa a 60 cámaras del sector que ha mantenido buen diálogo con el gobierno, a punto tal de trabajar activamente en la redacción de la ley de fomento de las inversiones agroindustriales que espera su turno para ser discutido en el Congreso.
Para el frente interno del oficialismo también parece ser una bofetada, en especial hacia la figura del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que hasta el viernes desconocía que se estuviera discutiendo esta medida en el seno del gabinete y hasta se desgañitó desmintiendo que el gobierno fuera a subir las retenciones. El ministro hablaba ante el rumor de retoques para el trigo y maíz, ya que versiones indicaban que iba a elevarse la alícuota del actual 12% al 24%.
Esa posibilidad, sin embargo, no parece ser creíble ahora, al menos no en el corto plazo, ya que el MInisterio solo cerró las DJVE del harina y el aceite, y no las de los cereales.
¿La eliminación del diferencial es el único escenario posible? ¿No puede suceder que el gobierno vaya más allá y eleve todas las retenciones del complejo sojero más allá del 33% que tributa ahora el poroto de soja? ¿No pueden llegar a salir con un nuevo martes 13 y algo así como as retenciones móviles que hace 14 años provocaron un durísimo conflicto con el campo?
No parece ser ese el escenario, porque tampoco se decidió bloquear la posibilidad de anotar DJVE de porotos de soja, y porque ir más allá del 33% implicaría no solo una abierto desafío a las entidades de la Mesa de Enlace sino también al Congreso, que en la ley de emergencia económica de fines de 2019 había impuesto ese tope de 33% para ese tributo en el caso de la soja y del 15% en el caso del resto de los productos del campo.
Pero que las retenciones al poroto de soja no superen finalmente el 33% actual no significa que la medida sea inocua para los productores, pues la eliminación del diferencial de DEX en beneficio de los subproductos de la industria aceitera suponen un recorte de la capacidad de pago de ese sector por el poroto a los chacareros. La propia Lorena D’Angelo calculó que esa capacidad caería en unos 15 dólares por tonelada en lo inmediato. Pero habrá que ver si este escenario se confirma y cómo evolucionan los precios a partir de mañana, cuando reabra el mercado.
