El Senado aprobó anoche el proyecto de “consenso fiscal” que habilita a los gobernadores a incrementar la presión impositiva sobre el sector privado.
La iniciativa obtuvo 45 votos a favor, 17 en contra y una abstención por parte del jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, el radical Alfredo Cornejo, una decisión que, en los hechos, equivale a un voto favorable.
El proyecto, que ahora fue enviado a la Cámara de Diputados, fue firmado en diciembre del año pasado por 21 gobernadores del oficialismo y la oposición, lo que explica el hecho de que algunos senadores de Juntos por el Cambio hayan avalado la medida por un pedido expreso de los gobernadores de Jujuy, Corrientes y Mendoza.
En lo que respecta a Ingreso Brutos, el proyecto contempla una alícuota máxima de 0,75% para la actividad agropecuaria; de 1,50% para industria, de 5,0% para comercio y actividades inmobiliarias (incluye arrendamientos agropecuarios); de 6,5% para telefonía celular; y de 9,0% para servicios financieros, entre otros rubros.
Con 45 votos afirmativos, 17 votos negativos y 1 abstención queda aprobado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Consenso Fiscal
— Senado Argentina (@SenadoArgentina) August 10, 2022
Si bien el gobierno de cada provincia luego deberá decidir la alícuota por fijar en cada caso, está claro que el “consenso fiscal” está diseñado para incrementar la presión tributaria sobre el sector privado, lo que podría tener un impacto considerable en el agro, dado que es la actividad que ya soporta la mayor carga impositiva.
Vale tener en cuenta que el “pacto fiscal” instrumentado durante la gestión de Mauricio Macri contemplaba para este año 2022 la eliminación de Ingresos Brutos para muchas actividades, pero el mismo fue dado de baja por la administración de Alberto Fernández.
El impuesto a los Ingresos Brutos, tal como sucede con los derechos de exportación, es uno de los tributos más dañinos que existe para el sector privado en general y el agro en particular, porque, como su nombre lo indica, se aplica sobre los ingresos brutos de las empresas sin considerar si las mismas están pasando o no por un mal momento.
Además, el proyecto de “consenso fiscal” invita a las provincias a crear el impuesto a la herencia. Actualmente, la única jurisdicción del país que cobra impuesto a la herencia es Buenos Aires, mientras que Entre Ríos lo derogó hace dos años y en Santa Fe hubo un intento por aplicarlo, pero no prosperó en la Legislatura local.
Por otra parte, sobre el impuesto de Sellos el proyecto establece una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles, del 3,0% a la transferencia de automotores y del 2,0% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo en general.
El “consenso” fue firmado por todos los gobernadores, con excepción de la ciudad de Buenos Aires (CABA), dado que el jefe de gobierno de esa jurisdicción, Horacio Rodríguez Larreta, se manifestó contrario a realizar un ajuste tributario en la actual coyuntura. Tampoco fue firmada por los gobernadores de San Luis y La Pampa porque ambas provincias, al no haber firmado en su momento el “pacto fiscal” promovido por Macri, tienen plena libertad para subir impuestos locales.
