Argentina es el país que más castiga a su sector agropecuario en un contexto global en el cual la mayor parte de las naciones del mundo está haciendo grandes esfuerzos por incrementar los subsidios debido a las urgencias generadas primero por la pandemia de Covid-19 y recientemente por la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Tal conclusión puede visualizarse en el último informe anual de monitoreo de políticas agropecuarias publicado por OCDE, donde se advierte que, entre 54 naciones evaluadas, en el período 2019/2021 el promedio anual de ayudas oficiales destinadas al agro fue de 817.000 millones de dólares, una cifra 13% mayor a la registrada en 2018/20.
Las ayudas directas a productores en 2019/20 fueron nada menos que de 611.000 millones de dólares promedio anual, lo que representó un 17% y 13% del ingreso bruto agropecuario en las naciones centrales y emergentes respectivamente.
“Más de la mitad de ese apoyo a los productores (317.000 millones de dólares anuales) se generó a través de precios de mercado más altos pagados por los consumidores, mientras que el resto (293.000 millones) fue pagado por los contribuyentes a través de transferencias presupuestarias”, explica el informe de OCDE.
“Por otro lado, en un pequeño número de economías emergentes las políticas suprimen los precios de algunos o todos los productos básicos, lo que genera una transferencia inversa de 117.000 millones de dólares anuales que es extraída de los productores agrícolas”, añade.
El país que aplicó la mayor extracción en 2019/21 es Argentina con un nivel de -18,3%, seguido por Vietnam (-7,7%) e India (-7,2%). De todas maneras, el informe aclara que la estimación correspondiente a la Argentina podría estar subvalorada por una distorsión cambiaria difícil de cuantificar para un estudio a escala global.
“Los controles de tipo de cambio vigentes desde 2019 en Argentina han dado como resultado una brecha cada vez mayor entre el tipo de cambio legal (llamado oficial) y el tipo de cambio de mercado. Como las exportaciones agrícolas deben liquidarse al tipo de cambio oficial, la brecha cada vez mayor entre el oficial y el de mercado implicaba en 2021 una reducción adicional en el precio recibido por los agricultores”, remarca el informe.
OCDE identifica las ayudas al agro destinadas a servicios de innovación, bioseguridad e infraestructura como deseables porque promueven la productividad sin provocar distorsiones de mercado. Lamentablemente, la proporción de esas ayudas en los 54 países analizados fue de apenas un 13% del total de las transferencias estimadas en 2019/21. Los países que mayor cantidad de recursos destinan para proveer servicios útiles al agro son Japón, Suiza y Corea, mientras que el último lugar de la lista, según el informe, es ocupado por Argentina.
En lo que respecta a las tensiones generadas por el conflicto ruso-ucraniano, OCDE señala que “varios países ya han comenzado a implementar políticas para aliviar las presiones emergentes sobre sus productores y consumidores. Si bien algunas medidas, como la reducción de las restricciones a la importación, facilitan el suministro de alimentos, otras pueden ser contraproducentes”.
“Las restricciones a la exportación se suman a las presiones mundiales sobre los precios y la oferta y deben evitarse o eliminarse rápidamente. La relajación de las restricciones ambientales para impulsar la producción nacional también puede tener efectos procíclicos y tener el costo de reducir la sostenibilidad”, advierte.
Para los 54 países cubiertos por el informe, el apoyo total brindado en 2019/21 fue equivalente al 18% del valor de la producción generada por el sector. Pero dentro de ese promedio existen situaciones muy disímiles. Mientras que en Suiza, Japón y Noruega los subsidios representan más del 40% del valor de la producción agrícola, el apoyo neto no supera el 5% en naciones como Sudáfrica, Brasil, Nueva Zelanda y Ucrania.
Adicionalmente, en Noruega, Suiza, Filipinas, Islandia, Japón y Corea las políticas de apoyo para garantizar precios mínimos de venta representan entre el 20% y más del 40% de los ingresos brutos de los agricultores. “El apoyo a los precios de venta y los pagos basados en la producción y en el uso ilimitado de insumos variables se han identificado durante mucho tiempo como los que tienen el mayor potencial para distorsionar las decisiones de producción y los mercados. Trabajos más recientes han demostrado que estas medidas también tienen un potencial particularmente alto para dañar el ambiente”, alerta el informe.
Los productos que, a nivel global, reciben una mayor proporción de subsidios son el azúcar y el maíz, seguidos por el arroz, la colza y las carnes aviares y porcinas. Un comentario aparte merece el caso de la leche, que en el promedio mundial tiene un nivel de apoyo negativo, algo que no resulta lógico, porque muchas naciones –incluyendo a EE.UU.– tienen programas de apoyo al sector tambero.
Pero el informe de OCDE explica que, si bien las naciones centrales aplican subsidios al sector tambero, las extracciones realizadas a los productores lecheros por Argentina e India son tan grandes que terminan tirando para abajo el promedio mundial. En el caso de la Argentina, en 2019/20 las políticas públicas se quedaron con más del 20% de los ingresos de los tamberos.
En definitiva: Argentina es el país que “peor parado” sale del informe, no sólo porque aplica restricciones a las exportaciones en un momento en el cual existe un conflicto bélico en una gran zona productora de alimentos, sino también porque extrae gran cantidad de riqueza de las empresas agropecuarias, lo que impide que las mismas puedan contar con recursos suficientes para expandir la oferta.