Para fortalecer la lucha contra los delitos cometidos en el entorno rural, el diputado santafesino Mariano Cuvertino (Unidos para Cambiar Santa Fe) presentó un proyecto de ley que apunta a la creación de un sistema de información georreferenciado, que proporcione datos precisos sobre ilícitos rurales para mejorar la capacidad de respuesta y planificación de las fuerzas de seguridad.
La propuesta busca además consolidar la experiencia de trabajo entre el estado, las asociaciones rurales y el universo de los productores, que en la provincia ya tienen un camino recorrido en temas de seguridad.
“De un tiempo a esta parte hemos visto crecer las estadísticas de los ilícitos en forma preocupante. Se multiplicaron hechos violentos con personas fallecidas en los predios, vandalismo, robos, rotura de silobolsas, faenamiento ilegal de ganado y trillas ilegales de cereales. El objetivo de esta ley es generar institucionalidad en los espacios que ya están funcionando para garantizar la continuidad de las políticas públicas y las prácticas que se implementan”, dijo Cuvertino.
El proyecto, que fue una iniciativa presentada originalmente por el ex diputado y actual intendente de Sunchales, Pablo Pinotti, impulsa una normativa que tiene como objetivo crear una mesa de trabajo y un órgano interinstitucional liderado por el Ministerio de Desarrollo Productivo. Esta contarán con representantes de otros ministerios, asociaciones rurales, legisladores, intendentes, presidentes comunales y cooperadoras policiales, garantizando una representación plural y equitativa.
La necesidad de convertir esta iniciativa en un proyecto de ley es otorgarle un marco institucional y permanente que sirva de respaldo al trabajo que ha venido haciendo la Mesa Provincial de Delitos Rurales, que está cargo de los ministerios de Desarrollo Productivo, de Justicia y de Seguridad santafesinos.
“Santa Fe tiene una experiencia muy valiosa en este tema. En 2018, el entonces gobernador Miguel Lifschitz, puso en marcha la mesa de trabajo que con este proyecto buscamos fortalecer, que entre otras cosas sirvió para crear un mapa del delito rural con datos brindados por los propios productores. Esa base sirvió para comprender y reformular las estrategias de abordaje de los delitos y les dio una herramienta a los productores para denunciar y a la policía para intervenir en tiempo real”, explicó el diputado.
Y añadió: “Si bien la mesa se siguió reuniendo y este año se avanzó mucho en los encuentros con los productores, con esta ley se va a formalizar un canal de diálogo y trabajo que es tan necesario para delitos complejos como los que queremos enfrentar”.
En este sentido, el diputado aspira que del trabajo en comisiones surja un área especifica dentro del poder ejecutivo que ponga el foco en la prevención particularmente, y de esta forma lograr un trabajo articulado entre el ministerio de Justicia, de Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación de la provincia.
Sobre este aspecto enfatizó: “La experiencia muestra que el esfuerzo conjunto es clave en este tipo de problemáticas y también mantener políticas a largo plazo para poder evaluar los resultados y modificar las estrategia. El estado debe intervenir pero siempre al lado de los gobiernos locales y de los productores que son quienes sufren estos ilícitos. Este esfuerzo mancomunado es esencial si queremos evitar más flagelos a nuestros productores y mejorar la competitividad y la seguridad de la producción santafesina”.
