Ucrania, una nación que estuvo casi 70 años bajo un régimen comunista y que se encuentra en guerra con una potencial militar como Rusia, acaba de implementar un derecho de exportación del 10% a la soja (también a la colza).
La medida, si bien fue aprobada en julio pasado por el Parlamento ucraniano, recién fue oficializada el pasado 4 de septiembre por el presidente Volodymyr Zelensky.
La oficina del USDA en Kiev estima que Ucrania en 2025/26 exportaría apenas 2,10 millones de toneladas de poroto de soja, una cifra marginal en el comercio mundial de la oleaginosa. Y además, para zafar de la medida, los exportadores embarcaron en las últimas semanas casi todo el stock disponible de poroto.
La cuestión es que las exportaciones ucranianas de soja se paralizaron en las últimas jornadas porque la norma señala que las exportaciones realizadas por empresarios agrícolas y cooperativas están exentos del tributo.
La entidad agrícola Ukrainian Agri Council (UAC) denunció que las exportaciones de poroto se interrumpieron porque no se implementó un procedimiento para identificar la mercadería exportada por productores agrícolas y cooperativas. Los impuestos distorsivos siempre vienen con alguna sorpresa desagradable.
En cualquier caso, está claro que Zelensky está flojito de fondos y necesita recursos de manera urgente para poder financiar una guerra desgastante con el formidable aparato militar ruso.
En la Argentina el derecho de exportación vigente para la soja es actualmente del 26,0% del valor FOB, mientras que se ubica en un 24,5% para la harina y el aceite de soja. Con exportaciones previstas de 5.80, 30 y 6.50 millones de toneladas de poroto, harina y aceite de soja para el ciclo 2025/26, se trata ciertamente de un ingreso gigantesco para el Estado.
A diferencia de Ucrania, Argentina no está en guerra ni arrastra un extenso historial comunista. Se trata de una nación pacífica gobernada por un sistema republicano y democrático, que cuenta con una población apasionada por el fútbol y la carne y bla bla bla.
Me parece que llegó el momento de sacarnos la careta y reconocer que el Estado está en guerra con los ciudadanos argentinos que habitan el sector privado para encerrarlos en un “coto de caza” y desplumarlos.
Lo que sucede con el agro es, por una cuestión relativa, el ejemplo más brutal, ya que el saqueo no sólo se realiza sin ninguna contraprestación, sino que además se esgrime la amenaza constante de un castigo mayor si las quejas comienzan a amontonarse.
Los argumentos que sostenían la necesidad de retenciones enarbolados durante los gobiernos socialistas –como la “mesa de los argentinos “ y el valor agregado en origen– ya venían haciendo agua hace rato. Y ahora con un gobierno libertario quedaron completamente en “pelotas”.
Sin embargo, a pesar de que es evidente la desnudez, el gobierno de Javier Milei buscó nuevos ropajes para las benditas retenciones, como es el caso del slogan del “superávit fiscal”, que no sólo no considera los intereses de los títulos públicos basura (la del sector financiero “no se toca”), sino que además, insólitamente, invierte los términos y hace culpables a los pagadores de derechos de exportación de que no le cierren los números a los administradores del Estado nacional (“si dejamos de cobrarles retenciones, volvemos a tener déficit”).
Algo tan obvio, que entendieron hace tiempo los chilenos, paraguayos y brasileños, es que el agro tiene un efecto multiplicador enorme en materia de riqueza y empleo. En la Argentina, en cambio, una tragedia educativa –que abarca todos los estratos sociales– nos impide entender las cuestiones más básicas.
Así que, si bien no hay armas ni misiles, tenemos que saber reconocer la guerra que se libra en el territorio argentino, donde el enemigo no está afuera, sino que vive codo a codo junto a los esclavos, quienes, gracias a un eficaz adoctrinamiento, ni siquiera advierte su condición.
