La Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la cooperativista Coninagro se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), apelando a la figura de “amicus curiae”, para apoyar las modificaciones en materia laboral que establece el DNU 70/2023 de “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”.
El objetivo de las tres entidades con vínculos directos o indirectos con el agro es desmantelar la legislación laboral que impone a los empleadores montos exagerados de indemnizaciones cuando deciden desprenderse de un empleado.
“A partir de la declaración de inconstitucionalidad del Título IV (artículos 53 a 97) del DNU por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y encontrándose en estudio por parte de la CSJN, las tres entidades empresarias expresan la necesidad de derogar todos los artículos que contemplan multas económicas y que son los principales generadores de la litigiosidad laboral en la República Argentina (artículos 8, 9, 10 y 15 de la Ley 24.013; 1 y 2 de la Ley 25.323; y 80 de la Ley 20.744, conforme el texto ordenado por la Ley 25.345)”, indicaron en un comunicado.
Según se indicó, esos artículos impiden “la generación de empleo genuino, al enfrentar a las pymes con la contingencia de afrontar una erogación que el propio negocio es incapaz de generar”.
En paralelo, las multas económicas que allí son fijadas “provocan una afectación económica de enorme relevancia, comprometiendo seria, injusta y desproporcionadamente a las empresas y a la sociedad en su conjunto”.
La presentación realizada por estas entidades esa la segunda que realizan en torno a esta cuestión. La primera se dio a mediados del año pasado, frente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) de la Capital Federal, además de la CSJN, donde reclamaron que se reduzcan las altísimas y abusivas tasas de interés que se aplican en los casos de juicios laborales, que pueden llegar a multiplicar tres o cinco veces los montos de las indemnizaciones que deben pagar los empleadores al momento de resolver un juicio con sus empleados.
Además de lo expuesto ayer, también se indicó que “las multas de las leyes 24.013, 25.323 y 25.345 fueron el peor error de política legislativa en materia social y económica de la historia del derecho del trabajo en la Argentina, en tanto disuaden a los empleadores de contratar de un modo muy trascendente”.
“La opinión y la colaboración manifestadas por SRA, CAME y CONINAGRO es únicamente relativa a la parte del derecho individual del trabajo, excluyendo de forma expresa toda vinculación con el Derecho Colectivo del Trabajo. Cabe destacar que se anexaron informes en materia económica que justifican el escrito ante la CSJN”, afirmaron en el comunicado.
Para que si es el mayor sector de trabajo no registrado, o se piensan que registrarán empleos por una ley?
Empresas millonarias pidiendo despedir sin indemnización. No dan vergüenza, dan asco.
Me pregunto si Daniel o Gerardo alguna vez emplearon a alguien, es decir, si dieron laburo en blanco a alguien. Totalmente de acuerdo con el planteo, Argentina es inviable si seguimos con esas leyes llenas de ideología socialista y no reflexionamos el porque no hay empleo en blanco en las pymes. Soy arquitecto y nunca pude armar una constructora, no dan los números si tenés que afrontar despidos y pagar todo en blanco, quien va a poder hacerse su casa pagando eso? Una vergüenza que sigamos presos de estás ideologías fachistas del peronismo setentero y la Argentina “progre”. Todo negocio para abogados que se rasgan las vestiduras por los “empleados en negro” pero hacen sus casas con un constructor sin siquiera matrícula. Es la Argentina hipócrita e injusta la que siguen defendiendo.
Santiago, es bueno tu comentario, al que voy a reforzar con otra cosa que el que no tuvo empresa con personal a cargo no tiene conocimiento de lo fácil que te arman un juicio laboral. El cual obviamente terminas perdiendo y pagando, porque así funciona el sistema. El juez siempre falla a favor del operario, aún cuando no sea justo puesto que el operario carece de recursos para pagar el juicio, de esa manera también cobran los abogados de ambas partes. Se necesita urgente un cambio de reglas de juego, que sea beneficioso para ambas partes, y que elimine la industria del juicio laboral. Con reglas claras nos beneficiamos todos, y aclaro que no es tan difícil aplicar desde aquí en adelante. Obviamente que alguien va a patalear, la industria del juicio es muuuuyyyyy grande!!!!!