Esta semana en uno de los eventos realizados en el Congreso Aapresid 2025 se mostró un gráfico deprimente en el cual puede advertirse que en las últimas dos décadas las producciones agropecuarias de Brasil crecieron de manera bestial mientras que las de la Argentina se estancaron o incluso retrocedieron.
Ángeles Naveyra, presidenta de la Fundación Barbechando, relató que gran parte de ese logro se explica porque en el Congreso de Brasil existe un Frente Parlamentario Agropecuario (FPA) –integrado por casi el 60% del total de los legisladores– que impide que sea aprobado cualquier proyecto que perjudique al agro.
¿Acaso la mayor parte de los diputados y senadores brasileños son empresarios agropecuarios y defienden los intereses de su sector? Nada que ver. El grueso de los legisladores vienen de la política, pero saben que sacarle una “tajada” al campo es pan para hoy y hambre para mañana.
Cuando se comparan los mapas del Producto Bruto Interno per cápita y la producción agrícola en Brasil, es factible advertir que existe una correspondencia enorme entre esa actividad con los indicadores más elevados de riqueza. Los integrantes del FPA, en definitiva, no defienden al campo, sino a sus votantes. Y también al país entero, porque gracias al potencial exportador agroindustrial las reservas internacionales del Banco Central de Brasil son actualmente de unos 345.000 millones de dólares.
Pocas horas antes de que Naveyra comentara qué sucede en Brasil y cómo Barbechando está intentando replicar la misma iniciativa en la Argentina, el gobierno de Javier Milei eliminó los derechos de exportación para la mayor parte de los productos mineros, los cuales pasaron de una alícuota del 8% a 0% (con excepción del litio y la plata, que siguen abonando el 4,5%).
Los nuevos emprendimientos mineros además pueden gozar de los beneficios contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), tales como una tasa especial del impuesto a las Ganancias del 25% (versus el 35% del esquema convencional), amortización acelerada, no gravabilidad de los insumos en IVA e “impuesto al cheque” 100% computable como pago a cuenta de Ganancias, entre otros aspectos.
El principal fundamento para crear condiciones tan propicias para la actividad minera es que el país necesita crear nuevas fuentes de generación de divisas para terminar de una vez por todas con la restricción de ese insumo crítico.
El hecho de que el gobierno argentino se haya propuesto usar al tipo de cambio con “ancla” inflacionaria en un contexto de reservas internacionales negativas, implica que debe emplear cuantiosos recursos públicos para ofrecer títulos de deuda a tasas de interés extravagantes e intervenir el mercado cambiario.
Esos recursos, que operan a favor de la rentabilidad del sector financiero, podrían tener un destino más propicio si el tipo de cambio tuviese el valor correspondiente en un escenario en el cual no faltasen divisas de manera sistemática.
El gobierno libertario, al igual que el kirchnerista, no termina de entender que, en un país como la Argentina, la única manera de resolver esa cuestión es dar de baja el Régimen de Desincentivo a la Inversión Agrícola (RDIA), que no es otra cosa que los derechos de exportación aplicados al campo.
Mientras que los emprendimientos mineros requieren varios años o lustros para madurar y comenzar a generar –en términos netos– grandes volúmenes de divisas, el agro, al tener la ventaja e gestionar activos biológicos, puede hacerlo de un año para el otro.
No se trata de inventar grandes “paquetes” promocionales, sino de imitar lo que hicieron los países vecinos: dejar trabajar en paz al sector más dinámico de la región para promover un proceso de enriquecimiento sistemático.
Los integrantes de la comunidad agropecuaria ya le “sacaron la careta” al gobierno y se dieron cuenta que, con una excusa diferente, consideran, al igual que los kirchneristas, que es necesario aplicar retenciones al campo. Ya sea por “la mesa de los argentinos” o el “cuidado del superávit fiscal”, los siguen jodiendo. Nos siguen jodiendo a todos.
En ese sentido, el trabajo realizado por la Fundación Barbechando es encomiable pues, si bien hay que dar por perdida la cuestión con los gobiernos que actúan como auténticos “ejércitos de ocupación”, es factible seguir dando pelea en el Congreso, ya que los votantes pueden reclamar, en las diferentes jurisdicciones, que sus legisladores cumplan con la defensa de sus propios intereses y no con los designios de un partido que busca saciar sólo su propio apetito.
El próximo domingo 26 de octubre se llevarán a cabo en la Argentina elecciones legislativas nacionales para renovar 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y 24 de las 72 bancas del Senado. ¿A quién vas a votar?
