Finalmente, a pesar de las quejas de la industria aceitera, el gobierno nacional extendió por un año más el fideicomiso, financiado con aportes del sector agroindustrial, destinado a subsidiar el precio mayorista de los aceites refinados de soja, girasol y sus mezclas en envases de hasta cinco litros que se comercialicen hasta el 31 de enero de 2023 en el mercado interno.
Por medio de la resolución conjunta 1/2022 de los ministerios de Desarrollo Productivo y Agricultura se procedió a renovar el instrumento al entender que el mismo “ha demostrado ser adecuado para el cumplimiento de los objetivos propuestos”.
Los aportes de fondos se realizarán en función de la registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de soja, girasol y de harina y pellets de soja y girasol. No se considerará a los productos elaborados con granos importados.
Si bien el cálculo del aporte se hará en función de las registraciones de DJVE, el fideicomiso se compromete a integrarse con un total de 190 millones de dólares hasta el 31 de enero de 2023.
“A los efectos de evitar excederse del monto de aporte se establecerá un mecanismo de evaluación trimestral entre los fiduciantes (aportantes) y la Secretaría de Comercio Interior, tendiente a que el fideicomiso sea sustentable hasta el 31 de enero de 2023, de manera que el monto de la compensación no adquiera una magnitud tal que tornen inviable al fideicomiso y en definitiva verse frustrado el fin perseguido por el mismo”, señala la norma publicada hoy en el Boletín Oficial.
La novedad es que la resolución conjunta 1/2022 remarca que “resulta conveniente ampliar la posibilidad de que se incorporen nuevos fiduciantes”, para lo cual especifica que todas las exportaciones derivadas de molienda de soja y girasol quedarán comprendidas en la medida. Si bien no se detalla cuáles serían los nuevos aportantes, podría tratarse de las empresas exportadoras de alimentos balanceados.
El volumen de aceites envasados que será objeto de las compensaciones del fideicomiso es de 29 millones de litros por mes, en una proporción mínima de 80% de aceite puro de girasol.
Las empresas que recibirán las compensaciones son las industrias que comercialicen actualmente aceites vegetales en el mercado local o bien aquellas compañías exportadoras que decidan incursionar en ese segmento. El precio base de los aceites envasados se ajustará de acuerdo a los porcentajes de aumento permitidos por la Secretaría de Comercio Interior.
En caso que la falta de participación en el fideicomiso, la norma establece que “dichas conductas serán analizadas por las autoridades bajo las previsiones de la Ley Nº 20.680/1974 (de “Abastecimiento”), que incluye multas de hasta 10 millones de pesos, clausura del establecimiento e inhabilitación por un plazo de hasta dos años.
El instrumento, que en los hechos representa una “retención” encubierta adicional para los productores de soja, había sido criticado dos semanas atrás por la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) al indicar que “la intervención estatal en precios nunca funciona y destruye empleo y la producción”.
