Luego de meses de idas y vueltas entre los gremios que nuclean a los trabajadores rurales, la Mesa de Enlace que representa a los empleadores, y con la mediación de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), el famoso bono de fin de año deberá ser pagado.
Durante las últimas horas la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) anunció que finalmente la CNTA excluyó la impugnación presentada por las entidades empleadoras en contra del pago de un bono adicional de $26 000, además del general de $24 000 dispuesto a fines del año pasado. Es decir, hay que pagarlo.
Todo esto se da luego de determinarse que el organismo oficial cuenta con las facultades para fijar esa remuneración extraordinaria y que, además, se comprobara que ya había sido abonada en más del 90% de los casos. UATRE informó que en aquellos casos en los que no haya sido abonado, los establecimientos agropecuarios deberán incluirlo con los salarios correspondientes al mes de marzo.
A principios de mes, el Juez Nacional del Trabajo Matías Moreno Espeja decidió aceptar la medida precautoria presentada por las organizaciones de la Mesa de Enlace y ordenó “la suspensión de los efectos de la Resolución 230/22 dictada por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA)”, que en diciembre pasado estableció el pago obligatorio de un bono adicional de 26 mil pesos para cada trabajador rural registrado, que se sumaba al pago de 24 mil pesos para todos los empleados de la economía y entonces totalizaba una suma de 50 mil pesos.
La medida se dispuso a través de la Resolución 42/2023, publicada hoy en el Boletín Oficial, en la que desestima la impugnación a la Resolución 230/22 que presentaron la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentina (CRA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación Agraria Argentina (FAA).