El presidente Javier Milei, una vez más, aceptó públicamente la imposición de su amigo estadounidense Donald Trump, quien exigió sin medias tintas que la Argentina adhiera a la UPOV 91, una convención internacional más estricta en materia de defensa de la propiedad intelectual en semillas. Pero tiene un problema político importante: los productores argentinos, que por ahora también son sus “amigos”, rechazan de plano esa posibilidad, han hecho frente común y están dispuestos a acordar solo a una “actualización” de la ley de Semillas bastante parecida a la que estuvo a punto de lograrse en 2018, durante el gobierno de Cambiemos.
¿Ser o no ser? En esta discusión, como Hamlet, el gobierno libertario deberá surfear entre dos fuegos amigos. El condimento es que este tema, muy sensible tanto a los intereses de las grandes semilleras globales como a los del más humilde de los chacareros, debe sí o sí pasar por el Congreso Nacional, donde a Milei no le resultaría tan sencillo lograr las mayorías necesaria para imponer su voluntad sobre todo si tiene en contra a la Mesa de Enlace y otras entidades del agro, como los grupos CREA y Aapresid. De hecho, la adhesión nacional a UPOV 91 estaba incluida en la primera versión de la Ley Bases sancionada en 2024, pero debió ser excluida por esta misma razón.
El escenario es el siguiente: Tomándose más atribuciones de las que les corresponde (porque es un asunto que merece un debate legislativo), el Poder Ejecutivo incluyó ahora la adhesión a UPOV 91 como otra concesióna la Casa Blanca en el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. El gobierno de ese país a su vez responde a presiones de firmas como Corteva o Bayer (que compró la norteamericana Monsanto en 2018). Por eso ahora el argumento oficial es que ese pacto correría peligro en caso de que el Congreso rechace dar ese aval.
“Eso es mentira, el acuerdo no se cae por esto”, replican desde las entidades rurales, desde donde -viendo cómo venía la mano y el grado de adhesión de MIlei a Estados Unidos- pusieron manos a la obra para elaborar un proyecto alternativo al del UPOV 91, ya que en el sector primario se considera ese convenio demasiado abusivo y funcional a la posición de la industria semillera.
En un documento al que accedió Bichos de Campo, el bloque conformado por Federación Agraria, CRA, Sociedad Rural, AACREA y Aapresid (con algunos reparos de Coninagro, que tiene un pie en cada sector por el peso allí de las cooperativas agrícolas que también producen semillas), se planteó un proyecto de ley alternativo.
La iniciativa fue presentada al concuñado de Agricultura, Sergio Iraeta, quien también en este caso cumple un papel meramente decorativo. El funcionario lo elevó a sus superiores en el Ministerio de Economía y la Presidencia, para que corten el bacalao. En todo caso, para mostrarse alineados con Milei, los funcionarios de Agricultura comenzaron a lamentarse públicamente de que los dirigentes del campo “no entienden la UPOV 91” y prestándose a hacer docencia en nombre de los obtentores de nuevas semillas.
Pero los representantes de los productores, y aquí está el problema, entienden muy bien el nudo de la discusión, porque de hecho vienen debatiendo el tema con la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) desde hace casi dos décadas. En 2018, además, hubo un intento muy serio del gobierno de Mauricio Macri de actualizar la añosa legislación sobre semillas (viene desde 1973), que fracasó a último momento, para aggionarla a los nuevos tiempos y resolver un problema que los dirigentes del campo admiten: no se puede acceder a nueva tecnología en semillas si no se reconoce con un pago justo el esfuerzo de los investigadores. Y eso es lo que sucede en la Argentina, donde más de la mitad de las semillas de trigo y soja no dejan ningún retorno o regalía para las semilleras.
Ahora bien, hay un consenso rotundo entre los productores de que la UPOV 91 se va de mambo a favor de la industria semillera. Y por lo tanto prefieren que esta discusión se de en el marco de una actualización de la Ley de Semillas, pero que la Argentina (al igual que el resto de los países del Mercosur) permanezca con la adhesión vigente al UPOV 78, que es el mismo convenio de respeto a la propiedad intelectual en semillas, pero un poco más laxo en sus definiciones. Por caso, esto es lo que dice UPOV 91 sobre los derechos del obtentor:
La principal piedra en el zapato es del denominado derecho al “uso propio”, que es la reserva que puede hacer el productor desde el origen de los tiempos de parte de su cosecha para usar como semilla al año siguiente. La industria semillera, no sin razón, argumenta que detrás de ese derecho se esconden multiplicadores informales que venden semilla y alimentan el circuito de la “bolsa blanca”, que no paga regalías. Por eso aspiran a UPOV 91, que pone límites muy severos.
En la propuesta de los productores elevada al gobierno, el artículo 27 defiende ese derecho ancestral y se establece que “la reserva y siembra de semilla para uso propio es de carácter gratuito, con excepción de lo establecido bajo las condiciones de onerosidad y límites dispuestos en el artículo 27 bis”. Ese artículo añadido será una de las claves de la negociación, en caso de que Mlei acepte conciliar posiciones, porque impone ciertas reglas para que el productor haga uso de dicha facultad y reconoce que el Uso propio debe ser “oneroso en ciertas ocasiones.
- “El uso propio se considerara oneroso solamente hasta un máximo de tres multiplicaciones sucesivas contadas a partir de la adquisición legal de la semilla original, con excepción de las variedades incluidas” en un anexo especial.
- “Convenio Obligatorio: Al momento de la compra de la semilla original, el vendedor y el productor deben suscribir un convenio por escrito donde se especifique el precio de las multiplicaciones futuras”.
- “Precio: El convenio debe establecer de forma fehaciente el precio fijo en dinero determinado que el agricultor abona por cada una de las tres multiplicaciones autorizadas. El valor no puede ser supeditado a ninguna fórmula de cálculo variable”.
- “Será opción del productor, en lugar de pagar por el uso propio oneroso en cada multiplicación pagar por los 3 multiplicaciones el momento de la compra de la bolsa”.
- “Uso Incremental: Si el agricultor decidiera sembrar semilla reservada excediendo la superficie base original, deberá abonar un canon por uso incremental, cuyo monto será expresado en dinero por hectáreas”.
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 bis, aquellos productores cuya superficie de siembra no supere las 500 hectáreas por campaña, mantendrán el derecho al uso propio gratuito”, dice a continuación el texto elaborado por los productores, estableciendo excepciones al carácter “oneroso” definido un párrafo antes. Estas excepciones serán motivo de negociación en el Congreso y con la industria semillera, que de seguro considerará ese umbral como demasiado elevado, pues muchos pequeños y medianos productores de soja quedarán a salvo del pago de regalías.
Otro artículo que seguramente dará calor a la discusión es el 49 bis, que ya figuraba en la versión actualizada de 2018 y que define que este ley de semilla renovada será “de orden público”, disponiendo un paraguas de protección legal ante algún “caso de conflicto o concurrencia normativa con las disposiciones de la Ley 24.481 (Patentes de Invención y Modelos de Utilidad) o aquella que en el futuro la reemplace”.
Milei seguramente no llegue a meterse en estos entremeses, pero sin duda deberá digerir el hecho de que la adhesión argentina a UPOV 91 ha encontrado un rechazo casi unívoco en el arco productivo argentino, con quien su gobierno mantiene una muy buena relación. La Mesa de Enlace, por su lado, tampoco quiere aparecer colisionando con la gestión libertaria ni someterla a una pulseada política en el Congreso. Por eso sus dirigentes escondieron el proyecto bajo siete llaves y se esforzaron por no hacer ninguna declaración altisonante.
“En 2018 toda la cadena e incluso ASA estaba de acuerdo. Si se pudo consensuar entonces, ¿por qué no se podría ahora? Con este proyecto los productores ya hicimos un gran esfuerzo y más que esto no se nos pueden pedir. Aceptamos el uso propio oneroso y regalías. Ahora toca que los otros sectores hagan el esfuerzo. ¿Qué aceptan ellos para que la ley salga?”, reflexionan los dirigentes agropecuarios, pensando que el escenario más sensato sería ahora una nueva negociación con la industria semillera para terminar de anudar un proyecto que conforme un poco a todos.
Pero que no sería UPOV 91, eso debe quedar muy claro. Para todos y sobre todo para Milei, que a su amigo Trump -en su afán de prometer- le dijo otra cosa.
¿Ser o no ser? Por ahora, nadie del gobierno respondió a la presentación hecha por las entidades del campo.
