El Decreto 285/2024, que fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial, terminó por confirmar la intervención de Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y no la eliminación total de ese organismo, como había anunciado primero el gobierno de Javier Milei. De todos modos, fuentes sindicales adelantaron que allí ya se produjeron cerca de 800 despidos, sobre una planta de poco más de mil personas.
La interventora será una abogada que ha sido militante y candidata de Mauricio Macri en Salta, y que conduce un programa de televisión llamado “La Hora de Inés”. De todos modos, en los últimos tiempos la dirigente política ha manifestado su admiración por el rumbo de la gestión de Javier Milei.
Uno de los argumentos para la intervención, que durará por lo menos 90 días prorrogables por otros tres meses, es que “en relación con los programas y acciones desarrolladas, es el propio personal del Instituto quien busca y detecta al potencial beneficiario, lo asesora, lo guía e impulsa la tramitación”, y que ese accionar “da lugar a beneficiar discrecionalmente a determinadas personas u organizaciones vinculadas a los agentes que intervendrían en los procesos de asignación”.
También se sugiere en los considerandos del decreto que el INAFCI ha beneficiado las usurpaciones de tierras. “La instancia con competencia en la materia ha informado sobre situaciones de ocupación de tierras fiscales provinciales o municipales o tierras privadas, ya sea con permiso o sin él, en adjudicación de venta; campos comuneros; aparcerías precarias; comunidades indígenas; sucesiones indivisas, entre otros casos. Dicha autoridad también ha informado otros casos especiales como la ocupación de Áreas Naturales Protegidas, con la gravedad institucional que conlleva”.
Por eso considera el gobierno que “corresponde realizar un análisis minucioso sobre los programas con financiamiento externo como así también con relación a su nivel de ejecución, estado de avance de las obras y prestaciones otorgadas de transferencias de aportes no reintegrables (ANR)” en los que ha tenido intervención del INAFCSI. También se promete reclamar una “rendición de cuentas para cada proyecto”.
Como sea, sembrando estas sospechas sobre el organismo, que últimamente dependía de la Jefatura de Gabinete, donde dominaban los funcionarios provenientes del Movimiento Evita, es que el decreto firmado por Milei y por su ministro de Economía, Luis Caputo, decidieron avanzar con la intervención del Instituto, que fue creado en 2022 pero que proviene de la histórica subsecretaría de Agricultura Familiar y del Programa Social Agropecuario, que dependían de la Secretaría de Agricultura.
“Dispónese la intervención del INAFCI por el plazo de 90 días. Dicho período podrá ser prorrogado por idéntico plazo y por única vez mediante resolución fundada del titular del citado Ministerio”, dice el primer artículo del decreto presidencial.
A renglón seguido, Milei designó a una abogada especializada en derecho administratico que milita en las filas del PRO de Salta, llamada Inés Liendo, como la flamante interventora. Luego le asigna múltiples poderes para diseñar un nuevo instituto acorde a la visión de este nuevo gobierno. Liendo deberá o podrá:
- Elaborar y elevar a Economía un informe de estado de situación del citado organismo.
- Realizar todas las acciones necesarias destinadas al ordenamiento del régimen del Personal del referido Instituto Nacional en cuanto a su condición de revista.
- Relevar la dotación del organismo, pudiendo disponer las medidas tendientes a la racionalización de su planta de Personal, incluyendo la facultad de disponer cesantías, pases a disponibilidad, suspensiones y revisión de designaciones efectuadas.
- Designar y remover a funcionarios de dicho organismo.
- Relevar la totalidad de los procesos judiciales y procedimientos administrativos en los cuales el aludido Instituto Nacional participe o esté involucrado.
- Examinar la actual estructura de ese Instituto Nacional y proponer las modificaciones que considere pertinentes.
- Revisar la administración y los procesos de compras, contrataciones y transferencias realizadas por el Instituto.
- Revisar y disponer todas las acciones tendientes a la regularización y reordenamiento de programas y proyectos gestionados con financiamiento externo.
- Disponer una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones, bienes muebles e inmuebles que se recepcionan, del estado de los mismos y su eventual destino.
“En el caso de detectarse anomalías o irregularidades, la Interventora informará al Ministerio de Economía al detalle del impacto económico y el menoscabo que ocasiona o ha ocasionado sobre la gestión, acompañando la información o documentación respectiva y asesorando sobre las acciones y medidas que corresponda adoptar, como así también sobre la oportunidad o necesidad de la continuidad del mentado Instituto Nacional como organismo descentralizado”, define luego el decreto presidencial.
