Hace unas semanas, el dirigente rural correntino Francisco Velar manifestaba su preocupación por la imposición de la trazabilidad electrónica al ganado y lamentaba: “Existe un divorcio entre la posición y demanda de los productores del NEA y del NOA con la de algunos dirigentes nacionales”, y sostuvo que será necesario “preguntarse el origen y el por qué” de esas diferencias dentro del propio ámbito rural.
Será necesario preguntarse mucho a más a fondo cuáles son los motivos de ese y otros divorcios. Y preguntarse además si la culpa no será de los propios integrantes de la entidad agropecuaria correntina, que se han pasado de la raya al provocar al resto de la sociedad con un tema sensible: reivindicaron la actuación de a un militar y productor condenado por crímenes de lesa humanidad.
La situación provocó estupor y repudio incluso en la comunidad política de Corrientes. En el senado provincial, donde hoy asumió una banca el gobernador saliente Gustavo Valdez, aprobó por unanimidad un proyecto de profundo repudio a la decisión agropecuaria.
Es así. el divorcio entre los ruralistas correntinos y el resto de los argentinos se hizo visible por estas horas desde que se supo que el 20 de noviembre, en un reciente remate en su predio de Empedrado, los integrantes de la Sociedad Rural de Corrientes pusieron una placa en homenaje al represor capitán Juan Carlos De Marchi, que fue condenado por múltiples y atroces delitos cometidos durante la última dictadura militar.
De Marchi, ya fallecido, había sido condenado a 25 años por el Tribunal Federal de Corrientes, que “lo halló culpable de 70 crímenes, entre los que se cuentan secuestros ilegales y torturas a detenidos por razones políticas entre ellos una beba de meses, sacerdotes, estudiantes secundarios, universitarios, periodistas, gremialistas y trabajadores”.
No se trata de una sospecha sino de delitos más que probados: Al represor se le dictó sentencia por primera vez en 2008 en el juicio por la causa Regimiento 9, confirmado por la Corte Suprema de Justicia. Luego, más recientemente, se lo condenó por segunda vez.
El primer repudio sobre este homenaje surgió de las redes sociales del fiscal federal de Derechos Humanos de Resistencia, en la vecina Chaco, Diego Vigay, quien consideró que la decisión de poner esa placa constituía “un claro acto de desprecio a todas las víctimas y como una reivindicación del Terrorismo de Estado”.
Al poco rato la indignación fue creciendo y los senadores provinciales del radicalismo, partido que gobierna Corrientes- presentaron un proyecto de Ley para prohibir cualquier tipo de apoyo oficial a entidades civiles que apoyen o hagan apología de delitos de Lesa Humanidad, en obvia referencia a la rural correntina. Incluso se especulaba con la posibilidad de que se le retirase la personería jurídica a la entidad.
Recordó el diario Perfil que el capitán De Marchi, quien falleció en junio de 2024, había obtenido la libertad condicional en 2021 tras haber cumplido los dos tercios de su condena (16 años y 6 meses) en la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal. Si estuvo preso fue porque fue condenado por el Tribunal Federal de Corrientes a 25 años de prisión por 70 crímenes, incluyendo secuestros ilegales y torturas a detenidos por razones políticas.
El homenaje al represor se realizó el jueves 20, en ocasión remate especial de Marca Líquida de 800 vientres de altísima calidad: 500 Braford y 300 Brangus colorados.
La Rural de Corrientes tiene la particularidad de que está afiliada simultáneamente a dos organizaciones nacionales de productores: A CRA por su pertenencia a la Federación de Asociaciones Rurales de Corrientes, y a la Sociedad Rural Argentina (SRA). Además es socia de Expoagro en la realización de diversos encuentros ganaderos.
Según algunas versiones, el repudio es tan generalizado que la Rural correntina tendría decidido quitar la placa. Al cierre de este noticia, esa novedad todavía no se había producido.
La comisión directiva que tomó la decisión de homenajear al represor asesino está encabezada por el productor ganadero y cabañero Juan Martín Meabe, quien a fines de 2024 sucedió en el cargo al abogado y productor Francisco Velar, quien justamente se preguntaba por qué del divorcio entre su sector y el resto del mundo. Meabe está acompañado actualmente por Juan Ignacio Beltrame en la vicepresidencia, Mara Rico como secretaria y justamente por Juan De Marchi, hijo del militar homenajeado, como tesorero. De Marchi, el represor, también había ocupado altos puestos en la entidad.
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Los ruralistas correntinos no se pueden hacer los distraídos frente a este homenaje ni decir que no conocían los riesgos del repudio social. El prontuario criminal de Juan Carlos De Marchi figura incluso en la Wikipedia. Pero allí también se consigna que durante los juicios, en su defensa, el capitán alegó que había presentado su solicitud de retiro del Ejército en agosto de 1976, para dedicarse a la actividad agropecuaria.
Según su versión, a partir de su retiro en 1976, siguió residiendo en la ciudad capital de la provincia “e inició una larga trayectoria como productor agropecuario, ocupó importantes cargos en instituciones técnicas, productivas y gremiales, preocupado por el bien común y el desarrollo agropecuario de la región, con el que alcanzó la presidencia de la Sociedad Rural de Corrientes”.
Todo esto no fue tenido en cuenta por la justicia, que desechó las defensas esgrimidas, y lo condenó a la pena de 25 años de prisión por once hechos directos y por participar de un asociación ilícita que realizó “tormentos agravados, privación ilegítima de la libertad agravada por el tiempo y desaparición forzada”, de personas.
Pero además la condena a De Marchi se repitió dos veces, y la segunda fue mucho más reciente.
El propio Estado Argentino informó en noviembre de 2023, a pocos días de la llegada al gobierno de Javier Milei, sobre el caso de la Brigada de Infantería VII que había finalizado con la condena a 7 ex militares y gendarmes por crímenes de lesa humanidad contra más de 100 personas, en el juicio de este tipo más importante que se haya llevado a cabo en Corrientes.
“El juicio abarcó los crímenes cometidos en jurisdicción de la Brigada de Infantería VII, que tenía su sede en la ciudad de Corrientes y tenía responsabilidad sobre las provincias del noreste argentino, Chaco, Formosa, Misiones y parte de Corrientes. En la región funcionaron varios centros clandestinos de detención, uno de los más importantes estuvo en el Regimiento de Infantería 9 (RI 9) de Corrientes, dependencia militar que llevó adelante la represión en la provincia”, rememora esa nota, al dar cuenta que De Marchi fue condenado por segunda vez a 25 años de prisión.
Gloria y Honor a los heroes de la Patria que nos salvaron del Trapo Rojo !!