De la ambiciosa agenda que se planteó el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) cuando arrancó a mitad de 2020, y fue bien acogido por las autoridades, obtuvo migajas antes de la fecha soñada para concretar, que era fin de año, seis meses después. De la rebaja de retenciones que necesitan algunas actividades ni se pudo empezar a hablar. Tampoco se envió al Congreso una Ley de Fomento a las Inversiones y las Exportaciones del sector, que está redactada pero pendiente del acuerdo con el Fondo Monetario.
¿Y entonces? Este miércoles se anunció, en la última reunión del año entre el CAA y el equipo económico, que una serie de trámites y escollos burocráticos para exportar podrían ser removidos en los próximos meses. De la larga lista que había presentado el sector privado identificando 48 problemáticas, en una primera instancia el gobierno decidió avanzar en 34 puntos y se comprometió a resolverlos en un corto a mediano plazo. Son trámites aduaneros, ante la AFIP, el Senasa y otros organismos, que complejizan la exportación.
El largo listado de cosas por hacer durante este verano pospandemia conformó el primero, y único, resultado de las gestiones del CAA ante las autoridades, que nuevamente este miércoles escucharon los planteos de la cadena agroindustrial con buena predisposición y palabras de comprensión, pero que a la hora de los bifes cedieron poco y nada.
Lo único que obtuvo el CAA ante del plazo de fin de 2020 que el mismo bloque se había fijado ha sido “una primera agenda de trabajo para la simplificación con el objetivo de facilitar y promover las exportaciones del complejo agroindustrial”. Nada más. Y habrá que verificar que avance.
Por lo pronto, parece ser una decisión avanzar. “Se acordó hacer públicas las problemáticas identificadas, los organismos responsables de las mismas y las fechas tentativas para alcanzar una solución, a fin de facilitar un mejor seguimiento de los distintos actores que participan en las operaciones del comercio exterior”.
Aquí podés descargar el listado completo de esas problemáticas: facilitacion y simplificación de exportaciones
Pese a los magros resultados obtenidos hasta aquí, el espacio formado por más de 60 entidades de la agroexportación, que es timoneado sobre todo por representantes de las cerealeras y de las bolsas, pero que integra además a varias entidades de productores, tuvieron que mostrarse satisfechos. Y es que el mejor resultado, según este análisis, es la posibilidad de dialogar en un clima de trabajo con el pleno del equipo económico. Martín Guzmán, el ministro de Economía, volvió a conducir los hilos de la reunión. Y prometió hacer todo lo posible para seguir profundizando una agenda de trabajo común que hasta hace pocos meses era impensada. La próxima reunión fue fijada para mediados de enero.
Por cierto, el comunicado oficial sobre la reunión realizada en el Palacio de Hacienda prometió más cosas a futuro, además de esta pobretona agenda para la simplificación. “Se confirmó con el sector la continuidad de la agenda de trabajo como espacio permanente en 2021”, reza el comunicado de la reunión, como si la posibilidad de diálogo fuera una concesión y no una obligación de los funcionarios del Poder Ejecutivo.
Como sea, la idea es seguir con una ley agroindustrial, que contenga algunos incentivos impositivos para quienes inviertan e incorporen tecnologías agrícolas, como fertilizantes o bienes de capital.
“Se presentaron avances en la elaboración del borrador del proyecto de Ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial que se busca enviar al Congreso nacional al mismo tiempo que se remita el proyecto de programa plurianual para la estabilización económica sostenida”, sostuvo la información oficial. En criollo quiere decir que ya está casi listo el texto, pero que todo está subordinado a la negociación de Guzmán con el FMI, que todavía está abierta.
¿Qué tienen que aprobar los negociadores del Fondo? Pues deberán medir el impacto fiscal de las medidas comprendidas en dicha ley. Para endulzarlos, se aseguró cero costo fiscal sobre los ingresos actuales, pues la ley comprendería “tratamientos especiales vinculados en forma directa a las inversiones incrementales”. Es decir, goza de beneficios fiscales quien invierte y éstos no son retroactivos.
Además de Guzmán, participaron la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Agricultura, Luis Basterra; el presidente del BCRA, Miguel Pesce, la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont; los secretarios de Política Tributaria, Roberto Arias; Hacienda, Raúl Rigo; entre otros funcionarios.
En representación del CAA estuvieron el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins; el coordinador de la Mesa Nacional de las Carnes, Dardo Chiesa; el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idigoras; y el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, entre otros dirigentes.
Fue Chemes quien, sin sacar los pies del plato, masculló la mayor cuota de frustración por los escasos avances en estas gestiones, a las que apostó desde el principio junto a sus pares de Federación Agraria y Coninagro, mientras la cuarta entidad de la Mesa de Enlace, la Sociedad Rural, se autoexcluyó acasó apostando a este derrotero sin resultados. El titular de CRA fue enfático al reclamar a los ministros señales concretas y gestos que permitan recuperar la credibilidad de los productores, especialmente en materia de retenciones y la elevada presión fiscal.
Pero el 2020 ya fue. Veremos qué sucede al respecto en 2021.
