Luego de un espectacular operativo policíaco realizado el 13 de febrero pasado en la localidad santafesina de Arroyo Leyes, donde efectivos fuertemente armados ingresaron a un campo en el que se cultivaban unas 1.600 plantas de cannabis y que funcionaba como un criadero habilitado por el Instituto Nacional de Semillas (INASE) pero en realidad estaba siendo utilizado como supuesta “pantalla” de una organización dedicada al narcotráfico, el nuevo presidente del organismo, Claudio Dunan, decidió echar al ex funcionario a cargo de las políticas oficiales de estímulo a la legalización del cannnabis.
Ahora, hasta montar nuevos controles sobre los criaderos legales de ese cultivo, se oficializó la “suspensión” de la inscripción de nuevos operadores en el registro oficial.
Bichos de Campo informó el 9 de marzo pasado sobre el inicio de esta ofensiva destinada a emprolijar las cosas en materia de habilitación de nuevos criaderos de las variedades legales de Cannabis Sativa L para usar como base para la producción de aceite medicinal. Ahora, la intervención de facto sobre este prometedora actividad se confirmó mediante la Resolución 81/2024, firmada por Dunan y publicada en el Boletín Oficial de este miércoles.
“Suspéndase la inscripción de nuevos operadores de cualquier categoría del Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas (RNCyFS) que desarrollen su actividad con la especie Cannabis sativa L. (cannabis psicoactivo)”, dice esa norma, que a la vez precisa que este congelamiento “tiene un plazo de seis meses desde la promulgación de la presente, siendo ampliable por otro período de igual duración”.
“Durante la vigencia de la suspensión establecida, este Instituto Nacional de Semillas procederá a los debidos controles sobre los operadores inscriptos, procediendo a la baja directa de aquellos que no desarrollen su actividad de acuerdo a la normativa vigente”, se avisó en la Resolución, que así pondrá bajo revisión una gran cantidad de permisos de producción de Cannabis al amparo de las nuevas normas legales. La sospecha es que algunos de esos criadores en realidad, como en el caso de Arroyo Leyes, podrían estar derivando parte de su producción al uso todavía prohibido de ese cultivo, alimentando su consumo como marihuana o material psicoactivo.
Hasta el momento el INASE haautorizado la siembra legal en el país de 41 variedades de Cannabis Sativa y a la vez se habían inscripto numerosos operadores interesados en llevar a cabo la difusión y comercialización de esos cultivares para la producción de aceite medicinal, el subproducto de esa planta que habilitó -con diversas leyes- el uso legal de la planta.
Este es el listado de variedades habilitadas:
“El cultivo de la especie Cannabis sativa L., ha sido autorizado con fines de investigación y medicinales en el marco de la Ley 27.350”, describe la nueva resolución del INASE, que además recuerda que la Ley 27.669 generó el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del Cannabis. En el contexto de este nuevo marco legal, fomentado sobre todo durante el paso por el Ministerio de Desarrollo Productivo, del ex ministro Matías Kulfas, durante el gobierno de Alberto Fernández, se “ha incrementado la producción y demanda de materiales de propagación”.
“La actividad ha mostrado un importante crecimiento, resultando una gran cantidad de operadores inscriptos en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas, en las categorías autorizadas, pero principalmente en la Categoría “A – CRIADERO”, que habilita la actividad de fitomejoramiento y desarrollo de nuevas variedades”, informó luego la resolución del INASE, que es el organismo responsable de todas las nuevas variedades vegetales introducidas en el país.
Pero, a partir del caso del criadero trucho de Colonia Leyes, donde se encontraron armas y se detuvo y procesó judicialmente a varias personas involucradas presumiblemente en una organización narco, incluyendo a un conocido barrabrava de Colón llamado Gabriel Alberto Nudel, más conocido como “Cachiporri”, se comenzó a sospechar que no todos los criaderos habilitados en el INASE canalizaban su cosecha de flores hacia proyectos comerciales de producción de aceite.
En la provincia de Santa Fe, luego de un megaoperativo antidrogas y de allanamientos simultáneos por parte de la PFA, detuvimos a Gabriel Alberto Nudel, “Cachiporri”, líder de la barra de Colón y de una importante banda narco, investigado en distintas causas por narcotráfico.
El… pic.twitter.com/7SQ1iI0hYN
— Ministerio de Seguridad (@MinSeg) February 13, 2024
“En los últimos meses, la cantidad de operadores inscriptos y la diferencia que se evidencia con la operatoria de comercialización y el registro de nuevas variedades pone en evidencia que resulta necesario incrementar los controles de las categorías que operan con esta especie”, reconoció Dunan en la resolución, donde se exponen supuestos desvíos de la cosecha de flores, del mercado formal para el cual estaban destinadas a uno informal y por lo tanto prohibido.
Por eso el Instituto dependiente de la Secretaría de Agricultura “considera oportuno suspender las inscripciones de nuevos operadores de la especie Cannabis sativa L., en los casos de la variante cannabis psicoactivo”.
El presidente del INASE, que proviene de la semillera Bioceres, la que desarrolló las primeras variedades de trigo transgénico argentino Hb4, ya había expulsado de su cargo el ex director nacional de Articulación Federal del INASE, el santafesino Gabriel Giménez, una de las figuras centrales en la apertura hacia el Cannabis legal durante el gobierno anterior.
Giménez, originario de Firmat, no tiene título profesional, aunque estaba ligado a la militancia política y desde 2021, cuando fue creado el cargo de Director Nacional que ocupaba, se había convertido en el número dos del INASE. Además, en enero de 2023, había sido designado como el representante de la Secretaría de Agricultura ante la flamante Agencia Federal del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).
