Las organizaciones de la denominada Agricultura Familiar confirmaron que quieren tener su propia silla en la conducción del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Para obtenerla, su estrategia es cuestionar el sistema de representación vigente desde 1986, y que asigna cinco sillas en el consejo directivo a las cuatro entidades de la Mesa de Enlace y a AACREA.
“La ley de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, número 27.118, dispone que la agricultura familiar y los pequeños productores sean incluidos como miembros plenos de dicho organismo de conducción del instituto. Pero desde hace años, esos cargos, cinco en total, fueron copados por las cuatro entidades que pertenecen a la Mesa de Enlace (Sociedad Rural, CRA, Coninagro y Federación Agraria) más AACREA, organización profesional no gubernamental que los movimientos agrarios consideran alineada con las anteriores”, se define en un comunicado, que confirma lo que anticipó Bichos de Campo el fin de semana.
¿Y quién representa a la agricultura familiar como para ocupar una silla? La que exteriorizó el pedido es la Fonaf (Federación de Organizaciones Nucleadas en la Agricultura Familiar).
“Avasallando la Constitución, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, la ley de creación del INTA (que consagra la protección a la familia campesina y el derecho a la alimentación) y a la ley de la Agricultura Familiar, se discriminan a los pequeños productores”, denunció este bloque.
En realidad, la Ley de Reparación de la Agricultura Familiar 27.1188, sancionada en 2015, último año de gobierno de Cristina Kirchner, no especifica nada preciso respecto de la presencia de organizaciones de ese sector en el consejo directivo del INTA y otros organismos nacionales. Para incorporar nuevos representantes o sacar a otros habría que modificar el decreto 287 del 10 de marzo de 1986, dictado durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
Para reclamar su sitio, la FONAF argumentó que “la agricultura familiar representa el 65% de los establecimientos agropecuarios del país, ocupa el 13% de las tierras cultivadas, genera el 20% de la producción y el 54% del empleo rural. Esto según datos brindados por el mismo INTA”. Por eso consideró que “la actividad es injustamente excluida de participar del Consejo del INTA”.
La FONAF es un espacio que se atribuye toda la representatividad del sector de pequeños agricultores, pero en realidad hay múltiples organizaciones en dicho sector que tampoco están contenidas bajo ese paraguas. Muchas de ellas, sin embargo, ocupan sitios de importancia dentro del actual gobierno nacional, ya sea en el área específica de la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, que debe ejecutar la ley específica para ese sector, o en otros organismos, como el Mercado Central.
Pero la FONAF reivindicó para si misma el sitio que debería habilitarse en la conducción del INTA. “Históricamente viene trabajando con el INTA en los diferentes proyectos de aliento al trabajo de las pequeñas unidades agropecuarias”, destacó.
Productores del norte bonaerense piden que se detengan los intentos de politización del INTA
Frente a este reclamo, las entidades tradicionales del agro que hoy ocupan sitios en el INTA han reaccionado de mal modo, pues consideran que se trata de un intento de sectores alineados con el kirchnerismo para “politizar” la vida institucional del INTA, poniendo a ese organismo tecnológico al servicio de un proyecto político.
Un conjunto de sociedades rurales de la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires alertó sobre la pretensión de convertir al INTA en una “trinchera partidaria”. Pero luego, la Mesa de Enlace de Córdoba fue la que se pronunció. Recordaron las entidades tradicionales que “el INTA fue creado con el fin de impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria, definiéndose como un ente descentralizado y autárquico gobernado por un Consejo Directivo integrado por miembros de la producción”.
Los ruralistas cordobeses, en un comunicado, apelaron “a la responsabilidad de las autoridades para frenar los embates de estos sectores, que con tergiversaciones y discursos ideológicos con un marcado sesgo anti-campo, sólo confunden a la sociedad con propuestas dañinas para la matriz productiva y buscan manejar una “caja” sostenida por los impuestos de todos los
argentinos”.
La ley 27118 ordena claramente que las entidades de la agricultura familiar deben integrar el consejo. Esta mal la nota, la normativa si lo dice. Le estàn birlando ilegalmente la banca a la Agricultura Familiar.
ARTÍCULO 13. — Todas las políticas, planes, programas, proyectos ejecutados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, entes desconcentrados o descentralizados del Poder Ejecutivo nacional destinados a favorecer la producción, industrialización comercialización de productos agropecuarios deberán contemplar en su instrumentación a la agricultura familiar y mejorar sus condiciones de vida. Las organizaciones representativas del sector deberán ser integradas a los consejos asesores existentes o a crearse.