Días atrás Bichos de Campo publicó declaraciones del titular de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, sobre el sistema VISEC, al que ellos han apostado fuerte como medio para sortear las nuevas exigencias de la Unión Europea en materia de deforestación, que empiezan a tener vigencia finalmente desde el primer día de 2026.
Luego de aclarar que los productores de soja podrán inscribirse “de forma voluntaria y gratuitamente” al Visec para demostrar que -tal como exige Europa- sus granos no proceden de un campo que se haya desmontado en fecha reciente, el ejecutivo de las agroexportadoras aclaró que ellos igual tendrán un mayor costo para evitar que la soja libre de deforestación se mezcle en los puertos con otra que no está incorporada al sistema y no tenga trazabilidad.
“Eso obliga a una segregación física de la mercadería -en acopios, camiones y plantas-, lo que genera un sobrecosto que intentaremos trasladar al importador europeo”, detalló Idígoras. El riesgo, si esto no sucede, es que ese mayor costo sea finalmente descontado del precio pagado al productor.
En este escenario, es muy ilustrativo un informe publicado por el sitio de divulgación Sobre la Tierra, que pertenece a la Fauba (Facultad de Agronomía de la UBA). Allí se cita un informe de la cátedra de Economía Agraria de esa casa de estudios, que da cuenta que “el costo de adaptarse” a las nuevas exigencias de la UE podría oscilar entre 1,28 y 4,20 dólares por tonelada de soja.
“La Unión Europea, que nos compra más del 20% de nuestras exportaciones, a partir de diciembre de este año dejará de importar soja si proviene de lotes deforestados desde 2021. ¿Cuál es el costo de adaptarse al nuevo contexto? Un estudio de la FAUBA determinó que los costos adicionales a los exportadores son bajos y oscilan entre 1,28 y 4,20 dólares por tonelada”, dice el documento, que de todos modos considera que el desafío “podría representar un beneficio para los productores” y no un daño a sus ingresos.
Primero el contexto general: “La cadena de la soja es la que genera el mayor valor agregado a la economía argentina. De los 50 millones de toneladas que producimos por año, el 80% se industrializa como harina, aceite y biodiesel. La mayor parte de esto se exporta, y del total exportado, el 20% corresponde a la Unión Europea”, precisó Silvina Dal Pont, docente de Economía General en la Fauba.
Frente a la nueva exigencia de certificar que la soja que va a Europa, así como sus subproductos, no proceden de un campo recientemente deforestado, el riesgo de no hacerlo implicaría “perder un mercado de 4.000 millones de dólares anuales”, advirtió Silvina.
La docente consideró que, lejos de ese rechazo, es posible adaptarse a las nuevas normas. “Las empresas exportadoras deberían demostrar el origen libre de deforestación de su producción de soja. Para eso, tendrían que contratar servicios que lo comprueben, incluyendo imágenes satelitales, auditorías externas, o nuevas infraestructuras”, comentó Dal Pont.
De acuerdo con sus cálculos, el costo que afrontarán los exportadores para adaptarse rondaría entre 1,28 y 4,20 dólares por tonelada de soja. “Son valores muy bajos en relación con el precio internacional de esta materia prima, que está en torno a los 400 dólares”, destacó la docente. en un informe publicado en la revista científica Agronomía y Ambiente.
¿Por qué hay tanta diferencia en su cálculo de costos? “Varían según dos factores: si los exportadores actúan de forma individual o colectiva, y del volumen de soja que certifiquen como libre de deforestación”, señaló Ulises Martínez Ortiz, también docente de Economía General, que explicó que ellos analizaron tres escenarios que combinan estas variables.
- En el primero, cada exportador actúa solo y adapta su estructura para que el 100% de la soja pase a ser libre de deforestación, más allá del destino de la mercadería. Para esto, asume los gastos adicionales de control y monitoreo ambiental, que ascienden a 4,20 dólares por tonelada.
- En el segundo, cada aceitera compra soja de modo convencional para algunos mercados y, por separado, soja libre de deforestación solo para los envíos a Europa. Este costo adicional por ‘segregar’ la mercadería es algo menor que el anterior: 3,55 USD/tonelada.
- El último escenario plantea que los exportadores actúan en conjunto, como ya está ocurriendo con la plataforma Visec, y comercializan el 100% de la soja libre de deforestación, sin importar el destino. En ese caso, el costo adicional de infraestructura y trazabilidad es 1,28 dólares por tonelada. .
“Aunque este es el óptimo, el costo en cualquier escenario resulta bajo respecto del precio de exportación”, sostuvo el docente.
¿Y quien carga con ese costos? Los docentes de la Fauba subrayaron que si los exportadores se adaptan al nuevo contexto, los productores de soja certificada como libre de deforestación podrían recibir por lo menos 0,75 dólares por tonelada. Solo considerando las exportaciones a Europa, este sector podría obtener más de 5 millones extra cada año.
Para Martínez Ortiz, el agro argentino ya demostró su capacidad de adaptación. “Desde 2008 cumplimos con exigencias similares en el mercado de biodiesel. Los exportadores le pagan a los productores una prima por sus productos libres de deforestación”.
“La tendencia es global. Estados Unidos, China y el Reino Unido discuten políticas similares. Además de la soja, se aplicarán a otros productos: la carne bovina, la madera y la pulpa tendrán la misma exigencia. Lejos de ser una barrera, son oportunidades para que todo el agro de la Argentina se posicione en mercados diferenciados y más demandantes”, concluyó Martínez Ortiz.
